Qué es
La intervención federal es la herramienta con la que el Gobierno nacional argentino desplaza a las autoridades de una provincia y designa un interventor que gobierna en su lugar. La prevé el artículo 6 de la Constitución: el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias «para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores», y a pedido de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si fueron depuestas por la sedición o por la invasión de otra provincia. Es la excepción más grave al federalismo: una provincia tiene Constitución, gobernador, Legislatura y Poder Judicial propios, y la intervención suspende a uno o a todos.
Fue el instrumento favorito de la política argentina durante un siglo: según el recuento que publica Memo, entre 1853 y 1976 hubo 168 intervenciones, una cada nueve meses, y solo 54 las dispuso el Congreso; Hipólito Yrigoyen decretó 21 en sus dos presidencias. La democracia iniciada en 1983 la convirtió en rareza: Raúl Alfonsín no intervino ninguna provincia y desde entonces solo hubo intervenciones en Tucumán, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero, la última en 2004. Lo que no cesó es la amenaza: pedidos de intervenir Santa Cruz, Buenos Aires o Formosa aparecen en cada conflicto entre la Casa Rosada y un gobernador.
Cómo funciona
- Quién decide. Desde 1994 es una atribución expresa del Congreso de la Nación: el artículo 75, inciso 31, le encarga «disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires» y aprobar o revocar la que decrete el Ejecutivo. Se tramita como una ley ordinaria, con mayoría de los presentes en las dos cámaras y quórum de 129 diputados y 37 senadores.
- El Ejecutivo, solo en receso. El artículo 99, inciso 20, permite al presidente decretarla únicamente durante el receso del Congreso, y lo obliga a convocarlo al mismo tiempo para que la trate. Así se hicieron las de Tucumán y Catamarca en 1991, por decisión de Carlos Menem.
- Alcance. La ley fija qué poderes se intervienen, por cuánto tiempo y con qué facultades. La Ley 25.881 de 2004 intervino los tres poderes de Santiago del Estero por 180 días prorrogables, declaró caducos los mandatos del gobernador y de los legisladores y puso en comisión a los jueces.
- El interventor. Lo nombra el presidente. Ejerce las funciones del poder intervenido, reorganiza la administración y debe convocar elecciones: la prórroga de Corrientes de 2000 ordenó al interventor convocarlas el mismo día que las legislativas nacionales y sometió sus actos al control de la Auditoría General de la Nación.
- Fin. La intervención termina con la asunción de las nuevas autoridades. La de Santiago del Estero duró hasta el 23 de marzo de 2005, cuando asumió Gerardo Zamora.
Marco legal
Artículos 5, 6, 75 (inciso 31) y 99 (inciso 20) de la Constitución Nacional. El artículo 5 es la contracara: la Nación garantiza a cada provincia el goce de sus instituciones si su Constitución asegura la forma republicana, la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. No existe una ley general que reglamente la intervención: cada una es una ley especial del Congreso o un decreto ratificado, como las leyes 25.236 de 1999 y 25.343 de 2000 para Corrientes y la 25.881 de 2004 para Santiago del Estero.
Casos reales
| Año | Provincia | Quién la dispuso | Interventor | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 1991 (enero) | Tucumán | Carlos Menem | Julio César Aráoz | Crisis fiscal y conflicto con los empleados públicos del gobernador José Domato; elecciones en septiembre de 1991 |
| 1991 (abril) | Catamarca | Carlos Menem | Luis Prol | Crimen de María Soledad Morales y sospechas de encubrimiento; fin del gobierno de Ramón Saadi |
| 1992 | Corrientes | Gobierno de Menem | Francisco de Durañona y Vedia, Claudia Bello e Ideler Tonelli | Elección sin mayoría en el Colegio Electoral provincial; terminó en 1993 con Raúl Romero Feris |
| 1993 (diciembre) | Santiago del Estero | Gobierno de Menem | Fernando Martín Lobo y Juan Schiaretti | El «santiagueñazo», con edificios públicos incendiados; terminó en 1995 con Carlos Juárez |
| 1999 (diciembre) | Corrientes | Ley 25.236, Fernando de la Rúa | Ramón Mestre y luego Oscar Aguad | Colapso fiscal y crisis institucional; prorrogada hasta el 10 de diciembre de 2001 |
| 2004 (abril) | Santiago del Estero | Ley 25.881, Néstor Kirchner | Pablo Lanusse | Doble crimen de La Dársena y «grave deterioro institucional» del régimen de Carlos y Nina Juárez |
Santiago del Estero, 2004. Néstor Kirchner envió el proyecto a fines de marzo de 2004; Diputados lo aprobó en pocas horas por 195 votos a 15 y el Senado con amplio apoyo, con Adolfo Rodríguez Saá como único defensor de los Juárez. Pablo Lanusse, entonces secretario de Justicia, asumió el 1 de abril de 2004. En febrero de 2005 Gerardo Zamora (UCR) ganó la gobernación con el 46 % de los votos y Lanusse le entregó el bastón.
Corrientes, 1999. De la Rúa la decidió a los pocos días de asumir, tras una larga crisis con los empleados públicos que terminó con la represión de Gendarmería. El Decreto 480/2000 y la Ley 25.343 la prorrogaron hasta diciembre de 2001, con Ramón Mestre como interventor hasta su reemplazo por Oscar Aguad, que convocó las elecciones que ganó Ricardo Colombi.
Las que no se hicieron. En abril de 2017 el ministro de Justicia Germán Garavano rechazó la intervención de Santa Cruz que pedían legisladores locales por la crisis salarial del gobierno de Alicia Kirchner: «es el último recurso». En febrero de 2025, tras el asesinato de una niña de siete años en La Plata, Javier Milei pidió la renuncia de Axel Kicillof y planteó intervenir la provincia de Buenos Aires para «terminar con la violencia». El 8 de octubre de 2025 el diputado santacruceño José Luis Garrido, aliado del gobernador Claudio Vidal, presentó un proyecto para intervenir por 180 días el Poder Judicial de Santa Cruz, al que acusa de estar copado por el kirchnerismo y de haber nombrado un vocal del Tribunal Superior sin los seis años de ejercicio exigidos. Y el 23 de abril de 2026 el senador libertario Francisco Paoltroni presentó el proyecto 569/26 para intervenir Formosa y poner fin al gobierno de Gildo Insfrán, al que atribuye la ruptura de la forma republicana desde las reelecciones indefinidas de 2003; el Senado rechazó por amplia mayoría tratarlo sobre tablas y el expediente quedó en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Críticas y debates
La objeción histórica es el uso partidario: la intervención sirvió para quitar provincias a la oposición más que para restablecer la república, y por eso la reforma de 1994 la sacó de las manos del presidente salvo en receso. El caso de Tucumán en 1991, que Memo describe como motivado por razones «partidarias y facciosas», fue el último de ese tipo; las de Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero respondieron a crisis provinciales profundas.
El debate actual es el inverso: por qué no se interviene. Los promotores de los proyectos sobre Formosa y Santa Cruz, Paoltroni y Garrido, sostienen que la reelección indefinida o la captura del Poder Judicial violan el artículo 5 y que el artículo 6 obliga a actuar. Desde el oficialismo formoseño, Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista en la Legislatura, calificó el pedido de «insólito y disparatado» y recordó que el espacio libertario sacó el 8 % en la provincia, y el bloque justicialista del Senado lo consideró infundado. Los constitucionalistas que cita el proyecto de Garrido (Ekmekdjian, Gelli, Bidart Campos) la describen como una facultad excepcional y a la vez una obligación cuando se quiebran las garantías básicas. Desde 2004 ningún proyecto de intervención ha reunido los votos del Congreso: la amenaza pesa más que el instrumento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la intervención federal en Argentina? La facultad del Gobierno nacional de desplazar a las autoridades de una provincia y nombrar un interventor para garantizar la forma republicana (artículo 6).
¿Quién puede intervenir una provincia? El Congreso por ley (artículo 75, inciso 31); el presidente solo durante el receso, y debe convocar al Congreso para que la trate.
¿Cuál fue la última intervención federal? Santiago del Estero, por la Ley 25.881 de abril de 2004, con Pablo Lanusse como interventor hasta marzo de 2005.
¿Cuántas intervenciones hubo desde 1983? Tucumán y Catamarca en 1991, Corrientes en 1992 y 1999 y Santiago del Estero en 1993 y 2004; Alfonsín no dispuso ninguna.
¿Se puede intervenir Formosa? Haría falta una ley del Congreso; el proyecto del senador Francisco Paoltroni de abril de 2026 no logró que el Senado lo tratara sobre tablas.