Propuestas de Unión Cívica Radical en temas de Justicia para Elecciones Presidenciales 2023 (Nacional)

La Unión Cívica Radical (UCR) llegó a la elección presidencial de 2023 con una tradición histórica de defensa del republicanismo, la división de poderes y el fortalecimiento institucional, pero sin un programa de justicia tan detallado y unificado como el de otras fuerzas de la coalición Juntos por el Cambio. En la práctica, sus referentes nacionales —integrados en la alianza opositora y, en buena medida, alineados con la candidatura de Patricia Bullrich— priorizaron una agenda de reforma judicial centrada en la independencia de la Justicia, la lucha contra la impunidad y la modernización del sistema, con especial énfasis en el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y los procesos penales. A diferencia de otros espacios, la UCR no hizo de la “mano dura” su principal bandera, sino de la institucionalidad y el equilibrio entre garantías y eficacia.

Independencia judicial y fin de la politización de la Justicia

Uno de los ejes más consistentes en la postura radical fue la necesidad de despolitizar el Poder Judicial. La UCR sostuvo que la justicia argentina arrastraba un problema de credibilidad por la percepción de interferencia del Ejecutivo y por la utilización partidaria de causas judiciales. En ese marco, propuso reforzar la independencia de jueces y fiscales, garantizar concursos transparentes y limitar las presiones políticas sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Esta línea se apoyó en una lectura clásica del radicalismo: sin jueces autónomos, no hay república efectiva.

Reforma del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura

La UCR acompañó la idea de revisar el funcionamiento de los órganos de selección y control de magistrados, especialmente el Consejo de la Magistratura, cuya composición había sido objeto de disputas institucionales desde la reforma impulsada por el oficialismo en 2021 y las tensiones derivadas del fallo de la Corte Suprema en 2022. El partido planteó la necesidad de mecanismos más previsibles, menos capturados por mayorías circunstanciales y con reglas estables para la designación, sanción y remoción de jueces. En el caso del Ministerio Público Fiscal, la preocupación radical se centró en asegurar autonomía funcional y evitar que la Procuración General quedara sometida a una lógica de vacancia prolongada o de negociación política permanente.

Modernización del proceso penal y mayor eficacia judicial

Otro bloque importante fue la modernización del sistema de justicia, especialmente en el fuero penal. La UCR impulsó la implementación efectiva del sistema acusatorio, con mayor protagonismo de fiscales y una reducción de la lentitud estructural de los procesos. El diagnóstico era compartido por amplios sectores: la justicia penal argentina es lenta, fragmentada y poco eficiente. En ese sentido, los radicales defendieron la digitalización de expedientes, la oralidad en los procesos y una gestión judicial más profesionalizada. La propuesta buscaba mejorar tiempos de resolución sin resignar garantías constitucionales.

Lucha contra la corrupción y transparencia institucional

La agenda radical también incluyó la persecución de la corrupción como problema central de justicia. En línea con Juntos por el Cambio, la UCR planteó que la impunidad en causas de corrupción erosiona la confianza pública y debilita la legitimidad democrática. Por eso, propuso fortalecer herramientas de investigación, mejorar la coordinación entre organismos de control y acelerar los tiempos procesales en causas complejas. Aunque esta postura tuvo más peso discursivo que programático, funcionó como un mensaje político claro: para la UCR, la justicia debía recuperar capacidad de sanción frente al poder.

Valoración: puntos fuertes y débiles

El principal punto fuerte de las propuestas radicales fue su anclaje institucional. La UCR no ofreció soluciones maximalistas ni punitivistas, sino reformas orientadas a ordenar el sistema, reducir la discrecionalidad y mejorar la calidad democrática. Además, su énfasis en independencia judicial y modernización procesal resulta consistente con una tradición partidaria histórica.

Su principal debilidad fue la vaguedad programática. En 2023, la UCR no presentó un plan de justicia con metas, plazos o reformas legislativas precisas comparables a un documento técnico integral. También quedó expuesta a una tensión interna: mientras algunos sectores priorizaban la reforma institucional, otros se alineaban con discursos más duros de la coalición, lo que diluía la identidad propia del radicalismo en esta materia.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente al peronismo oficialista de Unión por la Patria, la UCR se ubicó claramente en la vereda opuesta: mientras el oficialismo fue acusado de intentar influir en la Justicia y de sostener una lógica de confrontación con la Corte, los radicales defendieron una agenda de contrapesos y autonomía. Frente a La Libertad Avanza, la UCR mostró una posición menos rupturista: no propuso una demolición del sistema judicial, sino su corrección institucional. Y respecto de PRO, compartió el diagnóstico sobre la crisis de credibilidad, pero con un tono más moderado y menos orientado a la confrontación política.