Cuatro mayorías absolutas seguidas
García Urbano nació en Coín en 1961. Es abogado del Estado, registrador de la propiedad y notario, y ejerció esta última profesión en Estepona durante trece años. Entre 1985 y 1994 trabajó en el Ministerio de Justicia, donde llegó a subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil. Llegó a la Alcaldía el 11 de junio de 2011 con mayoría absoluta y la ha renovado en todas las elecciones posteriores. En 2015 superó el 60 % de los votos y en 2019 logró 21 de los 25 concejales con casi el 70 %. Entre enero y abril de 2016 compaginó el cargo con un escaño en el Congreso como cabeza de lista del PP por Málaga.
En las municipales del 28 de mayo de 2023 el PP bajó a 17 concejales con el 60,8 % de los votos. El PSOE pasó de 4 a 5 y Vox entró con 3. La izquierda alternativa, que concurrió como Con Estepona, se quedó sin representación. El 17 de junio de 2023 García Urbano fue reelegido sin necesidad de apoyos. La portavoz socialista es Emma Molina y el portavoz de Vox, Manuel Aguilar. Ambos grupos ejercen además la acusación popular en la causa penal contra el alcalde.
La deuda de 300 millones y un presupuesto de 132
El pleno aprobó definitivamente el 12 de noviembre de 2025 el presupuesto de 2026, de 132 millones de euros, el primero sin partidas para pagar la deuda heredada. Cuando García Urbano llegó en 2011 el ayuntamiento debía unos 304 millones. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda viva todavía era de 25,3 millones a finales de 2024 y bajó a 416.000 euros a finales de 2025. El gobierno lo presenta como «deuda cero». Vox lo discute y sostiene que las cuentas se apoyan en nuevos préstamos: «Este presupuesto está basado en más deuda».
Las cuentas de 2026 superan los 27 millones de inversión, cifra récord según el ayuntamiento. Incluyen la prolongación del bulevar peatonal, un aparcamiento junto a la iglesia del Carmen a un euro al día, la terminación del corredor litoral, una senda fluvial en el río Guadalmina, un velódromo e instalaciones de fútbol y rugby en la zona norte. También contemplan la reforma de la jefatura de la Policía Local y la climatización de colegios. Destinan más de 6,6 millones a mantener la rebaja del IBI, que en 2025 redujo una media del 20 % unos 38.000 recibos de viviendas de empadronados, y unos 10 millones a programas sociales.
La oposición cuestiona las prioridades. Emma Molina calificó el presupuesto de «gran oportunidad perdida» para la vivienda de los jóvenes y las ayudas al alquiler, criticó el gasto en comunicación y pidió remunicipalizar la ayuda a domicilio. En mayo de 2026 el PSOE denunció una modificación presupuestaria de 27 millones con cargo al remanente sin un euro para vivienda pública.
Suelo para promotores y una calle que no se devuelve
La vivienda es el principal frente de la oposición. En febrero de 2026 el PSOE rechazó la cesión gratuita de suelos dotacionales a promotores privados para vivienda protegida, porque a su juicio el texto apunta a promociones en venta y no en alquiler. En junio reclamó un inventario de inmuebles municipales para crear un parque de alquiler social y atribuyó la crisis habitacional al modelo urbanístico y turístico de la ciudad. Los socialistas acusaron además al alcalde de bloquear mociones en el pleno y de «boicotear» un acto vecinal sobre vivienda al negar el suministro eléctrico a última hora.
En la urbanización Albayalde, los tribunales anularon la expropiación municipal de la calle Bauprés y ordenaron devolverla a sus propietarios. Los vecinos acusan al ayuntamiento de no cumplir las resoluciones judiciales; el consistorio alegó que hacerlo contravenía el plan general.
En junio de 2026 el Ayuntamiento de Málaga concedió licencia a La Corrala de Capuchinos, sociedad de la que García Urbano es administrador único, para construir 20 apartamentos turísticos en ese barrio de la capital. Con Málaga, IU y el PSOE criticaron la autorización en plena crisis de vivienda. El alcalde respondió que la solicitud se presentó más de tres años antes y siguió todos los trámites legales.
Dos causas abiertas en los juzgados
El primer procedimiento nació de la denuncia de un policía local y su expareja. La parte por presunto acoso sexual y coacciones fue archivada en enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona por falta de pruebas. Siguió adelante la investigación por la contratación de la mujer como personal eventual, asesora del departamento de control externo, entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023. Según el auto judicial, cobró dos nóminas por 5.276,92 euros sin que conste que desempeñara funciones relacionadas. En enero de 2026 la Fiscalía pidió para el alcalde cinco años y medio de prisión y ocho de inhabilitación por malversación y prevaricación. El 8 de mayo la Audiencia Provincial de Málaga decidió que, si hay juicio, lo celebre un tribunal profesional y no un jurado. La defensa pide el sobreseimiento y habla de una campaña política de PSOE y Vox.
El segundo caso, en fase de instrucción en el Juzgado número 4 de Estepona tras una denuncia de la Fiscalía, investiga la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen, una torre de playa cuya construcción costó 16,3 millones. Según elDiario.es, la concesión fue a una empresa creada meses antes por la pareja del hijo del alcalde, con un canon muy inferior al de mercado que no se ha pagado. En julio de 2026 la jueza reclamó todos los expedientes y aplazó las declaraciones de los investigados. García Urbano atribuye la causa a intenciones «espurias» y goza de la presunción de inocencia en ambos procedimientos. Las próximas municipales serán el 23 de mayo de 2027.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el alcalde de Estepona? José María García Urbano, del PP, alcalde desde el 11 de junio de 2011.
¿Qué partido gobierna en Estepona? El PP, con mayoría absoluta de 17 de los 25 concejales.
¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Estepona? Veinticinco: 17 del PP, 5 del PSOE y 3 de Vox.
¿Cuál es el presupuesto de Estepona en 2026? 132 millones de euros, aprobados definitivamente el 12 de noviembre de 2025.
¿Está investigado el alcalde de Estepona? Sí, por malversación y prevaricación en una contratación y por la concesión del Mirador del Carmen; niega los hechos.