Intervención de Estados Unidos en Venezuela y captura de Maduro (2026)

En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos bombardearon instalaciones militares en Caracas, Miranda y La Guaira y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, la dirigente del PSUV Cilia Flores. Ambos fueron trasladados ese mismo día a Nueva York para responder por la acusación de narcoterrorismo y tráfico de cocaína presentada contra ellos en marzo de 2020. La operación, designada por el Pentágono Absolute Resolve y traducida en la prensa hispanohablante como «Resolución Absoluta», cerró casi trece años de Maduro al frente del Estado venezolano, abrió una sucesión sin precedentes —la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada el 5 de enero— y desató una disputa jurídica y diplomática que sigue abierta nueve meses después.

Los meses previos: despliegue naval y ataques a embarcaciones

La operación no fue un episodio aislado. Desde agosto y septiembre de 2025 el Comando Sur estadounidense concentró medios navales y aéreos en el sur del Caribe dentro de la Operación Lanza del Sur, presentada por Washington como una campaña contra el narcotráfico y contra la estructura que su fiscalía denomina Cártel de los Soles. El despliegue incluyó el grupo anfibio del USS Iwo Jima y el portaaviones USS Gerald R. Ford. El 7 de agosto de 2025 la fiscal general Pam Bondi anunció que la recompensa por información que llevara al arresto de Maduro se duplicaba hasta 50 millones de dólares.

Desde septiembre de 2025 el Ejército estadounidense empezó a atacar embarcaciones en el Caribe y después en el Pacífico que, según su versión, transportaban droga. Las cifras proceden de anuncios oficiales y no se han verificado de forma independiente: a 2 de enero de 2026 los recuentos periodísticos situaban el balance en al menos 35 embarcaciones destruidas y más de cien muertos en cinco meses, y al cumplirse un año de la campaña, en septiembre de 2026, lo elevaban a unos 220 fallecidos en cerca de 67 ataques. Diversos juristas y organizaciones sostienen que esos ataques son contrarios al derecho internacional; el Gobierno estadounidense los defiende como acciones contra «narcoterroristas».

La madrugada del 3 de enero

Las primeras explosiones se registraron poco antes de las 02:00 hora local en Caracas y su entorno. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, participaron unas 150 aeronaves. Los objetivos alcanzados incluyeron las bases aéreas de La Carlota y Charallave, el aeropuerto de Higuerote, el Comando de la Milicia Bolivariana, Fuerte Tiuna, el puerto de La Guaira, la base naval Meseta de Mamo y las antenas militares del cerro El Volcán. La fase de bombardeos duró en torno a media hora; el asalto terrestre, ejecutado por la Fuerza Delta, se prolongó alrededor de 40 minutos. Maduro y Flores fueron capturados en el complejo de Fuerte Tiuna y a las 05:21 hora venezolana el presidente Donald Trump confirmó en Truth Social que ambos habían sido «sacados del país en avión».

Las cifras de víctimas están en disputa y ninguna ha sido verificada de forma independiente. El Gobierno venezolano cifró en un centenar los muertos y en un número similar los heridos. El Gobierno de Estados Unidos habló de más de setenta fallecidos venezolanos. El Monitor de Víctimas del portal venezolano Runrunes identificó con nombre y apellidos a 55 fallecidos: militares venezolanos, militares cubanos desplegados en el país y dos civiles. Las bajas estadounidenses reconocidas fueron dos hospitalizados y cinco heridos leves.

De Caracas a Manhattan: el proceso judicial

El avión con los detenidos aterrizó al caer la tarde del 3 de enero en la base aérea de Stewart, en el estado de Nueva York; Maduro fue procesado por la DEA y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El 5 de enero de 2026 ambos comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, y se declararon no culpables de todos los cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas y artefactos destructivos. Maduro afirmó ante el tribunal que se consideraba prisionero de guerra y que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela.

En la vista del 22 de julio de 2026 Hellerstein fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027, a partir de una propuesta conjunta de fiscalía y defensa. Antes, el 17 de noviembre de 2026, está señalada una vista para resolver las mociones previas de la defensa, entre ellas la que invoca la inmunidad de un jefe de Estado. Maduro afronta cuatro cargos graves y, de ser condenado, se expone a cadena perpetua.

La sucesión y el debate constitucional venezolano

El mismo día de la captura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró que existía una falta temporal del presidente y descartó la falta absoluta, figura que habría obligado a convocar elecciones en 30 días. El 5 de enero, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional recién instalada, en un acto conducido por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Es la primera mujer que ocupa la presidencia de Venezuela.

El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales las suple el vicepresidente ejecutivo hasta 90 días, prorrogables por otros 90 por decisión de la Asamblea Nacional. El primer plazo venció a comienzos de abril sin que la Asamblea comunicara una votación de prórroga, y el tope máximo de 180 días expiró el 3 de julio de 2026. Organizaciones como Acceso a la Justicia y diversos constitucionalistas venezolanos sostienen que desde entonces el mandato carece de cobertura constitucional expresa; el Gobierno dejó de emplear el término «encargada». Rodríguez ha prometido elecciones sin fijar fecha.

La Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero de 2026 una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que permitió excarcelar al menos a 110 presos políticos; el 23 de abril Rodríguez anunció el fin de su aplicación, cuando las organizaciones de derechos humanos contaban todavía al menos 473. Estados Unidos relajó sanciones al sector petrolero y su embajada en Caracas reabrió el 30 de marzo.

Reacciones internacionales y debate jurídico

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «profundamente alarmado» en un comunicado leído por su portavoz, advirtió de que la acción militar sentaba «un precedente peligroso» e instó al diálogo y al «pleno respeto del derecho internacional y de la Carta de la ONU». El colombiano Gustavo Petro pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, celebrada el 6 de enero.

América Latina quedó dividida. Respaldaron la operación Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador, Santiago Peña en Paraguay, José Jerí en Perú y el Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. La condenaron Luiz Inácio Lula da Silva, que habló de «afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela»; Gabriel Boric, que pidió «una salida pacífica de la crisis»; Claudia Sheinbaum, que invocó la no intervención; y los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Honduras. Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España firmaron un comunicado conjunto de «profunda preocupación y rechazo»; Rusia e Irán hablaron de agresión armada.

En el plano jurídico, especialistas como el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos James Cavallaro o los académicos Marc Weller y Björn Schiffbauer sostienen que el uso de la fuerza fue ilegal y que un jefe de Estado goza de inmunidad salvo en cumplimiento de una resolución de la Corte Penal Internacional. Editoriales de The New York Times y El País calificaron la intervención de contraria al derecho internacional; The Washington Post la defendió como «justicia» para los venezolanos. Una encuesta de The Economist de enero de 2026 concluyó que más de la mitad de los venezolanos consultados valoraba positivamente la captura, frente a un 13 % contrario.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió el 3 de enero de 2026 en Venezuela? Estados Unidos ejecutó la operación Absolute Resolve: bombardeó instalaciones militares en Caracas, Miranda y La Guaira y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladados ese mismo día a Nueva York.

¿Cuándo empieza el juicio contra Maduro? El juez federal Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027, en la audiencia del 22 de julio de 2026. Maduro afronta cuatro cargos graves, se declaró no culpable y el 17 de noviembre de 2026 se resolverán las mociones previas de su defensa, incluida la de inmunidad.

¿Quién gobierna Venezuela desde entonces? Delcy Rodríguez, que juró como presidenta encargada el 5 de enero de 2026 después de que el Tribunal Supremo de Justicia declarase una falta temporal del presidente. Es la primera mujer al frente de la presidencia venezolana.

¿Cuántas víctimas dejó la operación? No hay una cifra verificada de forma independiente: el Gobierno venezolano habló de un centenar de muertos, el estadounidense de más de setenta y el Monitor de Víctimas de Runrunes identificó a 55 fallecidos, entre ellos dos civiles.

¿Qué dijo la ONU sobre la intervención? El secretario general António Guterres se declaró «profundamente alarmado», advirtió de que la acción sentaba «un precedente peligroso» e instó al diálogo y al respeto de la Carta de Naciones Unidas.