Cilia Adela Flores de Maduro

Cilia Adela Flores de Maduro es una abogada y política venezolana del PSUV, esposa de Nicolás Maduro y una de las figuras más influyentes del chavismo durante un cuarto de siglo. Fue la primera mujer que presidió la Asamblea Nacional de Venezuela, entre 2006 y 2011, procuradora general de la República entre 2012 y 2013 y primera dama desde 2013. Su nombre vuelve a la actualidad porque, tras ser capturada junto a su marido en la operación militar estadounidense sobre Caracas del 3 de enero de 2026, permanece en prisión preventiva en Nueva York a la espera de un juicio por narcoterrorismo y tráfico de drogas fijado para el 1 de junio de 2027. El 9 de septiembre de 2026 su defensa pidió al tribunal que le permitiera esperar ese juicio en arresto domiciliario alegando dolencias cardiacas.

De abogada penalista a presidenta del Parlamento

Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, en el estado de Cojedes, y se licenció en Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, donde se especializó en derecho penal y laboral. Su irrupción pública llegó con las intentonas golpistas de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez: Flores formó parte del equipo de abogados que asumió la defensa judicial de los militares sublevados, entre ellos Hugo Chávez. En 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se integró en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), y en 1994 participó en las gestiones jurídicas que desembocaron en el sobreseimiento decretado por el presidente Rafael Caldera y en la excarcelación de Chávez.

En 1997 participó en la fundación del Movimiento V República (MVR), la plataforma que llevó a Chávez a la presidencia en 1998. Obtuvo escaño en las elecciones parlamentarias de 2000 y fue reelegida de forma ininterrumpida hasta 2026, sumando seis legislaturas por el Distrito Capital, por Cojedes y por lista nacional.

El 15 de agosto de 2006 el pleno la eligió presidenta de la Asamblea Nacional, cargo que quedó vacante cuando Nicolás Maduro —entonces su pareja— lo dejó para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se convirtió así en la primera mujer que ocupaba la presidencia del Parlamento venezolano, en una cámara de mayoría oficialista tras el boicot opositor a las legislativas de 2005. Ejerció hasta el 5 de enero de 2011. En 2007 se incorporó al recién creado PSUV y entre 2011 y 2012 presidió la Comisión Permanente de Política Interior.

El 31 de enero de 2012, Chávez la designó procuradora general de la República tras la muerte de Carlos Escarrá. Dejó el puesto el 11 de marzo de 2013, días después del fallecimiento del presidente. El 14 de abril de 2013, con la victoria electoral de Maduro, el oficialismo empezó a llamarla «primera combatiente», fórmula con la que sustituyó el título de primera dama. La pareja, que mantenía una relación desde los años noventa, se casó el 15 de julio de 2013.

Nepotismo, «narcosobrinos» y sanciones

La carrera de Flores ha estado acompañada de acusaciones persistentes de nepotismo. En 2008, el presidente del sindicato de trabajadores de la Asamblea Nacional, Willian Díaz, denunció irregularidades en un concurso de personal en el que figuraban como jurado familiares suyas; según el diario Tal Cual, llegó a haber decenas de parientes en la nómina del Parlamento mientras ella lo presidía. Flores no lo negó: reivindicó públicamente la contratación de sus familiares y calificó las denuncias de campaña de desprestigio. En 2016, el entonces presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, llevó el caso ante la Contraloría General.

El episodio más lesivo para su imagen fue el llamado caso de los «narcosobrinos». El 10 de noviembre de 2015, dos sobrinos suyos —Efraín Antonio Campo Flores, criado por ella, y Franqui Francisco Flores de Freitas— fueron detenidos por la DEA en Puerto Príncipe (Haití) cuando negociaban el envío de unos 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Fueron declarados culpables en 2016 y condenados en diciembre de 2017 a 18 años de prisión por el juez Paul Crotty, del Distrito Sur de Nueva York. En octubre de 2022 ambos quedaron en libertad dentro de un intercambio de presos negociado por la administración de Joe Biden a cambio de siete estadounidenses detenidos en Venezuela. El chavismo, con Diosdado Cabello a la cabeza, calificó la actuación de la DEA de «secuestro».

Sobre su papel real en el aparato del Estado hay versiones enfrentadas. El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Christian Zerpa, que huyó a Estados Unidos en enero de 2019, sostuvo que era Flores quien dirigía de facto al alto tribunal y que no existía autonomía de poderes; el exfiscal Zair Mundaray la ha descrito como una «figura fundamental» de la estructura de poder venezolana. El oficialismo siempre rechazó esas acusaciones y las atribuyó a desertores instrumentalizados por Washington.

Flores acumula sanciones internacionales desde hace años: Panamá la incluyó en su lista de marzo de 2018, Canadá la sancionó ese mismo año tras las presidenciales de mayo, Estados Unidos lo hizo en septiembre de 2018 dentro de un paquete contra el círculo íntimo de Maduro y Colombia le prohibió la entrada. En diciembre de 2025, la OFAC amplió las medidas a varios de sus familiares.

Captura, imputación y proceso en Nueva York

En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron la operación Determinación Absoluta sobre Caracas, con bombardeos previos sobre instalaciones militares y una incursión en el complejo de Fuerte Tiuna. Flores fue capturada allí junto a Maduro, embarcada en el buque USS Iwo Jima y trasladada ese mismo día a Nueva York, donde ingresó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su abogado, Mark Donnelly, afirmó que sufrió lesiones durante el operativo, entre ellas posibles fracturas y contusiones costales; compareció ante el juez con un vendaje en la frente.

La causa se apoya en el sumario abierto en el Distrito Sur de Nueva York el 26 de marzo de 2020 contra Maduro y catorce altos cargos venezolanos, pero Flores fue imputada por primera vez en la acusación sustitutiva presentada el propio 3 de enero de 2026, que incorporó también a uno de los hijos de Maduro. La fiscalía sostiene que utilizó su posición institucional para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos. El 5 de enero de 2026 compareció ante el juez federal Alvin K. Hellerstein y se declaró no culpable de todos los cargos.

El procedimiento ha avanzado con lentitud. Tras las audiencias del 26 de marzo y del 22 de julio de 2026, el tribunal fijó una nueva vista para el 17 de noviembre de 2026, en la que se debatirán las mociones de las defensas para desestimar el caso, y estableció el inicio del juicio el 1 de junio de 2027. El 9 de septiembre de 2026, la defensa de Flores solicitó que pudiera esperar esa fecha en una residencia privada de Nueva York bajo arresto domiciliario con vigilancia armada permanente, pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas intervenidas, con el argumento de que necesita un tratamiento cardiaco complejo que la cárcel federal no puede garantizar. El tribunal no se había pronunciado sobre esa petición.

Preguntas frecuentes

¿Quién es Cilia Flores? Es una abogada y política venezolana del PSUV, esposa de Nicolás Maduro, primera mujer que presidió la Asamblea Nacional de Venezuela (2006-2011) y procuradora general de la República entre 2012 y 2013.

¿Dónde está Cilia Flores actualmente? Está en prisión preventiva en Estados Unidos desde el 3 de enero de 2026, recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

¿De qué se le acusa a Cilia Flores? La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York la acusa de conspiración de narcoterrorismo y de importación de cocaína; fue imputada en la acusación sustitutiva del 3 de enero de 2026 y se declaró no culpable dos días después.

¿Cuándo empieza el juicio contra Cilia Flores? El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027, con una audiencia previa el 17 de noviembre de 2026 sobre las peticiones de desestimación del caso.

¿Por qué pidió arresto domiciliario? El 9 de septiembre de 2026 su defensa alegó que necesita un tratamiento cardiaco complejo y ofreció un régimen de vigilancia armada permanente, pulsera de localización y comunicaciones intervenidas en una residencia privada de Nueva York.