Plan Ruanda: el envío de solicitantes de asilo a Ruanda (2022-2024)
El Gobierno de Boris Johnson anunció en abril de 2022 un acuerdo para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados de forma irregular. El primer vuelo se canceló en junio de 2022 por una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo declaró ilegal el plan en noviembre de 2023. Rishi Sunak respondió con un tratado y una ley que declaraba a Ruanda país seguro, pero ningún vuelo despegó y Keir Starmer canceló el plan en julio de 2024.
Cifras clave
El plan Ruanda fue la política con la que los Gobiernos conservadores pretendieron, entre 2022 y 2024, enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados al Reino Unido de forma irregular, sobre todo en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. Anunciado por Boris Johnson el 14 de abril de 2022, chocó con los tribunales: el primer vuelo se canceló en junio de 2022 y el Tribunal Supremo declaró ilegal el plan en noviembre de 2023. Rishi Sunak respondió con un nuevo tratado y una ley que declaraba a Ruanda país seguro, pero ningún vuelo de expulsión llegó a despegar. El Gobierno laborista de Keir Starmer lo canceló en julio de 2024.
Contexto previo
El plan, llamado oficialmente Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico, buscaba frenar las travesías del canal de la Mancha. Según el Migration Observatory de la Universidad de Oxford, las personas trasladadas verían su petición de asilo resuelta en Ruanda y, si se les reconocía como refugiados, se quedarían allí. Podían ser enviadas quienes hubieran pasado antes por otro país donde pedir asilo, hubieran hecho un viaje peligroso y hubieran llegado a partir del 1 de enero de 2022. Quedaban fuera los ruandeses y los menores no acompañados.
El acuerdo no fijaba un límite de traslados. Según la misma fuente, Ruanda había tomado 228 decisiones de asilo en 2020, frente a unas 19.000 del Reino Unido.
Qué ocurrió
El vuelo frenado y la batalla judicial
El primer vuelo estaba previsto para el 14 de junio de 2022. Una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre uno de los siete solicitantes previstos permitió a los abogados de los demás frenar sus traslados, y el avión no despegó.
Varios solicitantes recurrieron la política. El Tribunal Superior la consideró legal el 19 de diciembre de 2022, pero el Tribunal de Apelación la declaró ilegal por dos votos a uno. El 15 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo confirmó, por unanimidad de sus cinco jueces, que el plan era ilegal. Su presidente, Robert Reed, explicó que existía el riesgo de que los solicitantes acabaran devueltos a los países de los que habían huido, según EFE. Reed precisó que la decisión era jurídica y no entraba en el debate político sobre la inmigración.
El tratado y la ley de Sunak
El Gobierno de Sunak firmó el 5 de diciembre de 2023 en Kigali un nuevo tratado con Ruanda. Según el Migration Observatory, el texto establecía que ninguna persona trasladada podría ser enviada a otro país que no fuera el Reino Unido, para eliminar el riesgo de devolución que había señalado el Supremo.
El 7 de diciembre presentó la Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill, que declaraba a Ruanda país seguro y limitaba los recursos ante los tribunales británicos. Tras semanas de bloqueo entre las dos cámaras, el Parlamento la aprobó en la noche del 22 de abril de 2024 y recibió la sanción real el 25 de abril. La ley dejaba en manos de los ministros la decisión de cumplir o no las medidas cautelares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Respuesta del Gobierno central
Sunak describió el plan como un «elemento disuasorio indispensable» y aseguró que «nada» impediría que despegaran los vuelos. Su ministro del Interior, James Cleverly, defendió que el gasto merecía «absolutamente» la pena. El Gobierno calculaba que el primer vuelo saldría en un plazo de diez a doce semanas.
Las elecciones del 4 de julio de 2024 llegaron antes que los vuelos. Starmer dio el plan por «muerto y enterrado» en su segundo día como primer ministro, y su portavoz confirmó el 8 de julio que los vuelos no saldrían.
Posición de los partidos y debate parlamentario
El Partido Laborista prometió en campaña acabar con el plan. Ya en el Gobierno, la ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo en los Comunes el 22 de julio de 2024 que había costado 700 millones de libras para enviar a «solo cuatro voluntarios», incluidos 290 millones pagados a Ruanda, y que el Gobierno anterior preveía gastar 10.000 millones más. Lo llamó «el despilfarro de dinero público más escandaloso» que había visto.
Cleverly, ya en la oposición, acusó a Cooper de usar «hipérboles y cifras inventadas». Ruanda sostuvo que no estaba obligada a devolver el dinero, según Al Jazeera.
Lo dicho frente a lo hecho
El Gobierno de Johnson presentó el plan como un elemento disuasorio. El Migration Observatory concluye que no hay pruebas de que redujera las llegadas en pequeñas embarcaciones, que no bajaron tras su anuncio. El secretario permanente del Ministerio del Interior ya había advertido por carta a la ministra Priti Patel, en abril de 2022, de que el efecto disuasorio era «muy incierto».
Nadie fue enviado a Ruanda a la fuerza. Según Cooper, cuatro personas viajaron allí por un programa voluntario distinto. El coste documentado a julio de 2024 era de al menos 318 millones de libras, según el Migration Observatory, a partir de datos de la Oficina Nacional de Auditoría.
Impacto político y social
El plan estuvo vigente dos años y medio sin llegar a aplicarse. El Gobierno laborista anunció que destinaría ese dinero a un nuevo Mando de Seguridad Fronteriza contra las redes de tráfico de personas y que tramitaría las peticiones de asilo de las personas que habían quedado bloqueadas a la espera de ser trasladadas.
Conclusiones
El Gobierno de Sunak presentaba el plan Ruanda como su política migratoria estrella, y nunca llegó a aplicarse. Su respuesta a la sentencia del Supremo fue declarar por ley que Ruanda era un país seguro, un enfoque que un ex juez del Supremo calificó de «realmente extraordinario» desde el punto de vista constitucional, según el Migration Observatory. El cambio de Gobierno de 2024 cerró la cuestión.
Preguntas frecuentes
¿Qué era el plan Ruanda? Un acuerdo británico para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados de forma irregular, donde se resolverían sus peticiones.
¿Por qué lo declaró ilegal el Tribunal Supremo? Porque Ruanda no era un país seguro: existía riesgo de que los solicitantes fueran devueltos a los países de los que huían.
¿Llegó a despegar algún vuelo? No. El primero, previsto el 14 de junio de 2022, se canceló, y nadie fue trasladado a la fuerza.
¿Qué hizo la ley Safety of Rwanda? Declaró a Ruanda país seguro por ley y limitó los recursos judiciales contra los traslados; entró en vigor en abril de 2024.
¿Quién canceló el plan? El Gobierno de Keir Starmer, que lo dio por «muerto y enterrado» en julio de 2024.
Historial cronológico del evento
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El Gobierno de Keir Starmer cancela el plan Ruanda y confirma que no habrá vuelos de expulsión
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La ley Safety of Rwanda recibe la sanción real tras semanas de bloqueo entre los Comunes y los Lores
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El Tribunal Supremo declara ilegal por unanimidad el plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda
Legislación relacionada
Políticos relacionados
Partidos implicados
Otros eventos
Los datos y cifras se basan en fuentes oficiales y hemeroteca. El análisis busca la objetividad pero puede contener interpretaciones. Las leyes citadas remiten al boletín oficial de cada país.