Nuria Ruiz Tobarra (València, 24 de noviembre de 1973) es la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja y la instructora de la causa penal por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Formada en la Universitat de València, accedió a la carrera judicial en 2005, con el número 43 de su promoción, y desde entonces ha desarrollado toda su vida profesional en el mismo destino, un juzgado mixto de partido de la comarca de l'Horta Sud. El 30 de octubre de 2024, un día después de la riada, su juzgado asumió la investigación por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes vinculados a las 229 víctimas mortales de la provincia de Valencia. Esa decisión convirtió un órgano judicial pequeño y hasta entonces anónimo en el centro de la mayor causa por catástrofe natural abierta en España en las últimas décadas, y a su titular en una figura de relevancia pública sostenida.
Trayectoria profesional
Ruiz Tobarra se licenció en Derecho en la Universitat de València y superó la oposición a la carrera judicial en 2005. Su primer y único destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja, en el que lleva dos décadas, un recorrido inusual en una carrera donde la movilidad entre partidos judiciales es la norma. En 2011 ascendió a la categoría de magistrada por antigüedad, sin cambiar de plaza, y en 2012 disfrutó de una excedencia por cuidado de hijos antes de reincorporarse al mismo juzgado.
Su trabajo cotidiano hasta 2024 fue el propio de un juzgado mixto: asuntos de tráfico, violencia de género, estafas y procedimientos de familia, además de la instrucción penal ordinaria del partido judicial. Los juzgados de este tipo combinan jurisdicción civil e instrucción penal y atienden a poblaciones medianas con plantillas reducidas, de modo que su titular firma tanto divorcios como diligencias previas. Reside en Catarroja, la misma localidad en la que trabaja y una de las más castigadas por la riada del 29 de octubre de 2024, una circunstancia que la prensa ha subrayado al describir su relación con el territorio sobre el que instruye.
La instrucción de la DANA
La causa llegó a su juzgado el 30 de octubre de 2024 por reparto, al corresponder a Catarroja la competencia territorial sobre buena parte de los municipios afectados. La investigación se dirige a determinar si hubo responsabilidad penal por imprudencia en la gestión de la emergencia, en particular en el retraso del envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la población.
El 10 de marzo de 2025, la instructora citó como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos responsables del dispositivo autonómico el día de la riada. Ser investigado en el procedimiento penal español no equivale a una condena ni a una acusación firme: ambos están amparados por la presunción de inocencia mientras la causa siga abierta y no recaiga sentencia. La instructora también planteó extender la investigación al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó esa propuesta, al ser el aforamiento el cauce previsto para investigar a un presidente autonómico en ejercicio.
La instrucción ha sido prorrogada al menos hasta el 30 de abril de 2027. En su resolución, la magistrada justificó la ampliación por la complejidad del procedimiento y por el volumen de diligencias pendientes, entre ellas declaraciones de víctimas y testigos e informes periciales, y contó con el respaldo del Ministerio Fiscal. El calendario sitúa la eventual apertura de juicio oral, si llegara a producirse, muy lejos aún del momento presente.
Perfil público y cuestionamientos
La proyección mediática de la causa ha convertido a Ruiz Tobarra en objeto de escrutinio permanente. Varias defensas personadas en el procedimiento han presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alegando una supuesta falta de imparcialidad. La primera de ellas la promovió Salomé Pradas, que considera gravemente afectado su derecho de defensa por resoluciones que, a su juicio, contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente. Otra de las quejas se refiere a la presencia del marido de la magistrada —también juez— en interrogatorios de la causa.
El 14 de septiembre de 2026, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, pidió a la Comisión Permanente el archivo de esas quejas. La decisión final corresponde a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que debe pronunciarse sobre cada expediente. Las quejas ante el CGPJ son un cauce ordinario de control disciplinario y su presentación no prejuzga la existencia de infracción alguna.
En los retratos periodísticos publicados desde 2024, la magistrada aparece descrita como una jueza de perfil reservado, meticulosa y ajena a la exposición pública, que no concede entrevistas ni participa en el debate mediático sobre la causa que instruye. Esa discreción contrasta con la dimensión política del procedimiento: la investigación afecta directamente a la cúpula de un gobierno autonómico y ha discurrido en paralelo a la crisis institucional abierta en la Comunitat Valenciana tras la riada. Cualquier valoración sobre su actuación —tanto los elogios de las asociaciones de víctimas como los reproches de las defensas— corresponde a quienes la formulan y no a un juicio establecido sobre su labor.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Nuria Ruiz Tobarra? Es la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja, en Valencia, y la instructora de la causa penal por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Nació en València en 1973 y accedió a la carrera judicial en 2005.
¿Qué investiga exactamente el juzgado de Catarroja? Investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes relacionados con las 229 víctimas mortales de la provincia de Valencia, con el foco puesto en la gestión de la emergencia y en el retraso de la alerta a la población.
¿Quiénes están investigados en la causa de la DANA? La instructora citó como investigados el 10 de marzo de 2025 a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Ambos mantienen la presunción de inocencia, ya que estar investigado no implica condena ni acusación firme.
¿Hasta cuándo sigue abierta la instrucción? La magistrada ha prorrogado la investigación al menos hasta el 30 de abril de 2027, al considerar que quedan pendientes numerosas declaraciones e informes periciales en una causa que ella misma describe como de gran complejidad.