Programa electoral de Sumar para las elecciones en Castilla-La Mancha 2023

Sumar defendía una economía más redistributiva en Castilla-La Mancha, con subida de salarios y refuerzo de los servicios públicos, para que el crecimiento llegara también a hogares y trabajadores vulnerables.

En materia fiscal, apostaba por una mayor progresividad y por combatir el fraude, vinculando la recaudación a más inversión en sanidad, educación, dependencia y políticas de empleo, especialmente en zonas rurales.

También planteaba impulsar un modelo productivo más sostenible, con apoyo a la transición ecológica, a las pymes y a sectores con más valor añadido, sin renunciar a la protección social como eje central.

Sumar defendió para Castilla-La Mancha una sanidad pública reforzada, con más financiación, reducción de listas de espera y mejora de la atención primaria. Su discurso puso el acento en frenar la externalización y en recuperar capacidad propia del sistema.

La formación propuso aumentar plantillas, estabilizar al personal sanitario y mejorar las condiciones laborales para retener profesionales. También insistió en reforzar la salud mental, la atención rural y los servicios de proximidad, especialmente en zonas con menor cobertura.

Su programa priorizó una sanidad universal, accesible y de calidad, con inversión en centros de salud, hospitales y prevención. Frente a la gestión más continuista de otras opciones, Sumar buscó marcar perfil con más recursos públicos y menos dependencia privada.

Sumar defendió en Castilla-La Mancha una educación pública, gratuita y de calidad, con más inversión, reducción de ratios y refuerzo de plantillas docentes y de apoyo. También planteó rebajar la carga burocrática en los centros y mejorar la atención a la diversidad.

Su programa apostó por ampliar la red pública de 0 a 3 años, reforzar la FP pública y garantizar becas y comedor escolar para que el origen socioeconómico no condicione el acceso ni el éxito educativo. La propuesta priorizaba la equidad frente a modelos más selectivos.

En materia de convivencia y bienestar, Sumar puso el foco en la salud mental, la coeducación y la lucha contra el abandono escolar temprano. También reclamó más recursos para zonas rurales y despobladas, con medidas de proximidad que pueden encajar en una gestión autonómica pragmática.

Sumar planteó en Castilla-La Mancha una política de vivienda pública centrada en aumentar el parque de alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. También defendió movilizar vivienda vacía y limitar precios en zonas tensionadas.

Su programa incluía reforzar la rehabilitación energética y la accesibilidad de edificios, apoyándose en fondos públicos y en una mayor intervención de la Administración. La propuesta buscaba reducir el esfuerzo de los hogares y frenar la especulación, frente a un enfoque más favorable al mercado.

Además, Sumar defendió medidas para ampliar el acceso al alquiler mediante más suelo y vivienda protegida, con prioridad para colectivos vulnerables. Su planteamiento apostaba por políticas activas de la Junta para garantizar el derecho a la vivienda.

Sumar situó el medio ambiente en el centro de su programa para Castilla-La Mancha 2023 con una apuesta por la transición ecológica, la protección de la biodiversidad y una gestión más sostenible del territorio. También vinculó estas medidas a empleo verde y a la lucha contra la despoblación.

Entre sus propuestas destacó reforzar la gestión pública del agua, frenar la sobreexplotación de acuíferos y priorizar usos sostenibles en una comunidad muy expuesta a la sequía. El enfoque era claramente ambiental, aunque menos desarrollista que el de PP o PSOE.

La coalición defendió además impulsar las energías renovables con planificación territorial, rehabilitación energética de edificios y mejor movilidad pública. Todo ello buscaba reducir emisiones sin dejar de lado la actividad económica y la cohesión rural.

Sumar defendía un Estado plurinacional y el respeto al autogobierno de las comunidades, con más cooperación entre administraciones y blindaje de los servicios públicos en todo el territorio.

En Castilla-La Mancha, su enfoque sobre Estado y CCAA apostaba por reforzar la financiación autonómica y la coordinación institucional para garantizar sanidad, educación y dependencia con criterios de igualdad y cohesión.

También planteaba una mayor descentralización útil, con diálogo entre Gobierno central y autonomías, frente a modelos más rígidos; una fórmula que la derecha suele mirar con cautela, aunque priorice la estabilidad institucional.

Sumar planteó una seguridad centrada en la prevención: reforzar la policía de proximidad, mejorar la coordinación con ayuntamientos y priorizar recursos para violencia machista, delitos de odio y entornos rurales. Su enfoque evitaba una lectura meramente punitiva.

En su programa autonómico para Castilla-La Mancha, también defendía más inversión en protección civil, respuesta ante emergencias y apoyo a servicios públicos que reducen la inseguridad cotidiana, como vivienda, juventud y atención social.

Sumar planteó una política de acogida digna y de integración social para la población migrante, vinculando inmigración con derechos, servicios públicos y lucha contra la precariedad en Castilla-La Mancha.

Su discurso evitó el enfoque securitario y apostó por reforzar la convivencia, el acceso a vivienda, sanidad y educación, y la protección de personas trabajadoras migrantes frente a la explotación laboral.

También defendió una gestión coordinada con ayuntamientos y Estado para atender a menores no acompañados y personas refugiadas, situando la inmigración como una cuestión de derechos humanos y cohesión territorial.

Sumar planteó en Castilla-La Mancha una justicia más accesible y cercana, con refuerzo de medios humanos y materiales, reducción de retrasos y mejora de la atención a víctimas y colectivos vulnerables. También defendió una administración judicial más digitalizada y eficiente.

En materia de Justicia, su programa vinculó la mejora del servicio público a una mayor inversión en juzgados, más personal y mejor coordinación territorial. La formación apostó además por facilitar el acceso a la justicia gratuita y por reforzar la perspectiva de género.

Sumar defendió en Castilla-La Mancha una pensión pública suficiente y la revalorización conforme al IPC, alineándose con su programa estatal: blindar el sistema frente a recortes y reforzar el poder adquisitivo de los jubilados.

También puso el acento en reducir la brecha de género en pensiones, mejorar las mínimas y no contributivas, y proteger a quienes han tenido carreras laborales más precarias, especialmente mujeres y personas con empleos discontinuos.

Su planteamiento fue de fortalecimiento del sistema público y de oposición a fórmulas de privatización, una línea que contrasta con enfoques más prudentes del centro-derecha, aunque sin grandes novedades regionales específicas.

Sumar planteó para Castilla-La Mancha un refuerzo de las políticas de igualdad real con enfoque transversal: lucha contra la violencia machista, ampliación de derechos para mujeres y colectivos LGTBI y más recursos públicos para atención y prevención.

Su programa autonómico insistía en mejorar la red de atención a víctimas, impulsar la corresponsabilidad en cuidados y reforzar la presencia de la igualdad en educación, sanidad y empleo, con especial atención a zonas rurales y a la brecha salarial.

También defendió medidas de protección social y de acceso a servicios públicos que faciliten la autonomía de las mujeres, en una línea claramente más intervencionista que la de PP y Vox, aunque menos desarrollada en propuestas concretas de gestión.

Sumar no presentó en Castilla-La Mancha un programa autonómico con una política exterior propia, porque esas competencias no corresponden a la comunidad. En su oferta electoral de 2023, el foco estuvo en servicios públicos, empleo y transición ecológica.

En materias vinculadas a la acción exterior, su discurso se alineó con una España europeísta, comprometida con los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. También defendió una política de paz y rechazo a la escalada militar.

Su planteamiento priorizó reforzar la presencia de España en la UE desde una agenda social y climática, más que proponer medidas específicas para Castilla-La Mancha. Frente a ello, PP y Vox centraron más el debate autonómico en gestión interna y orden institucional.