Programa electoral de Unidas Podemos para las elecciones en Castilla-La Mancha 2019

Unidas Podemos centró su propuesta económica para Castilla-La Mancha en más gasto público útil, refuerzo de los servicios públicos y una fiscalidad más progresiva para financiar empleo, dependencia y sanidad sin depender solo del mercado.

Planteó impulsar el empleo estable, elevar el salario mínimo, mejorar las condiciones laborales y apoyar a pymes y cooperativas, con especial atención al medio rural y a sectores castigados por la precariedad y la despoblación.

También defendió una economía más productiva y verde, con inversión en eficiencia energética, transporte público y transición ecológica, buscando reactivar la región con intervención pública frente a enfoques más moderados de PP o Cs.

Unidas Podemos defendió reforzar la sanidad pública en Castilla-La Mancha con más inversión, más personal y menos externalización. Su discurso insistía en revertir recortes, mejorar la atención primaria y reducir listas de espera mediante planificación y contratación estable.

También planteó mejorar la atención rural y la accesibilidad en zonas despobladas, con consultas más cercanas y medidas para garantizar cobertura sanitaria en toda la región. Frente a ello, PP y Ciudadanos ofrecían una gestión más enfocada en eficiencia y equilibrio presupuestario.

La coalición puso el foco en la salud mental, la dependencia y la prevención, vinculando la sanidad con el bienestar social. Su programa apostaba por una red pública más fuerte, con especial atención a colectivos vulnerables y a la igualdad territorial.

Unidas Podemos defendió en Castilla-La Mancha una escuela pública, gratuita y laica como eje del sistema educativo, con más inversión, reducción de ratios y refuerzo de plantillas para mejorar la atención al alumnado.

Su programa para 2019 también apostaba por ampliar la gratuidad real de libros, comedor y transporte escolar, además de frenar la segregación por renta o territorio y reforzar la educación infantil de 0 a 3 años.

En materia de calidad, propuso estabilizar al profesorado interino, recuperar derechos perdidos en la etapa de recortes y avanzar hacia una educación inclusiva, con más apoyos a alumnado con necesidades especiales y medidas contra el abandono escolar.

Unidas Podemos situó la vivienda como un derecho y no como un negocio, defendiendo ampliar el parque público de alquiler y movilizar viviendas vacías para abaratar precios, especialmente para jóvenes y familias con menos renta.

En su programa para Castilla-La Mancha en 2019 también apostó por reforzar el alquiler asequible, frenar desahucios sin alternativa habitacional y promover rehabilitación de viviendas, con prioridad para zonas con peor acceso residencial.

La propuesta combinaba intervención pública, ayudas al alquiler y medidas contra la especulación inmobiliaria, en contraste con enfoques más prudentes de la derecha, que suelen confiar más en el mercado y menos en la intervención directa.

Unidas Podemos planteó en Castilla-La Mancha una transición ecológica basada en energías renovables, eficiencia energética y creación de empleo verde, con apoyo a comunidades energéticas y más protagonismo público frente al modelo fósil.

Su programa también apostaba por la protección del agua y de los ecosistemas, con medidas contra la contaminación, defensa de caudales ecológicos y rechazo a la sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas tensionadas como La Mancha.

Además, defendió reforzar la prevención de incendios, la lucha contra la despoblación rural ligada al cuidado del territorio y una gestión forestal más sostenible, en contraste con enfoques más orientados a infraestructuras y crecimiento.

UP defendía en Castilla-La Mancha un Estado federal, con una distribución más clara de competencias entre el Estado y las CCAA, y con más capacidad autonómica para decidir sobre servicios públicos y financiación.

Su discurso combinaba blindaje social y cooperación territorial: reforzar sanidad, educación y dependencia desde la comunidad, pero dentro de una España plurinacional y con una reforma constitucional que reconociera esa diversidad.

Frente a modelos más centralizadores, UP proponía profundizar el autogobierno y mejorar la financiación autonómica, para corregir desequilibrios territoriales sin recentralizar ni recentrar competencias ya transferidas.

Unidas Podemos situó la seguridad dentro de un enfoque amplio: más prevención, reforzar los servicios públicos y abordar las causas sociales de la delincuencia. En Castilla-La Mancha, su discurso priorizó la cohesión social frente a un aumento puramente punitivo.

La coalición defendió mejorar medios y condiciones de los cuerpos de seguridad y de la policía local, junto a medidas contra la violencia machista y la protección de colectivos vulnerables. También vinculó seguridad con empleo, vivienda y atención social.

Frente a la línea más dura que suelen ofrecer PP y Vox, UP apostó por una seguridad integral y basada en derechos, con coordinación institucional y más recursos para la prevención comunitaria.

UP situó la inmigración dentro de una política de derechos humanos y de integración social, rechazando los enfoques de choque. Su discurso en Castilla-La Mancha priorizaba el acceso efectivo a servicios públicos, la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.

En el plano autonómico, la formación defendía reforzar los recursos de acogida, la atención social y el apoyo a la inserción laboral y educativa de las personas migrantes. También apostaba por políticas coordinadas con ayuntamientos y tercer sector para evitar la exclusión y la guetización.

Frente al enfoque más estrictamente ordenancista de otras fuerzas, UP planteó una gestión basada en la inclusión y en el cumplimiento de derechos, sin vincular la inmigración a discursos de alarma. El énfasis estaba en normalizar la convivencia y garantizar igualdad real.

Unidas Podemos defendió una Justicia más cercana y menos dependiente de grandes estructuras, con refuerzo de la asistencia jurídica gratuita y de los medios para que el acceso a los tribunales no quedara condicionado por la renta o el territorio.

También planteó mejorar la atención a víctimas y la protección de colectivos vulnerables, junto con una apuesta por reforzar la plantilla y reducir cargas en órganos judiciales, una línea habitual en programas que priorizan la gestión pública frente a la mera administración.

En Castilla-La Mancha, su discurso sobre Justicia insistía en la igualdad territorial: servicios más accesibles en zonas rurales, modernización y coordinación institucional para agilizar procedimientos sin perder garantías, algo que contrastaba con enfoques más prudentes de PP y Cs.

Unidas Podemos situó las pensiones públicas como un derecho social y defendió blindarlas frente a recortes, elevando su financiación con más ingresos fiscales y mejores salarios y cotizaciones. La prioridad era reforzar el sistema público, no complementarlo con fórmulas privadas.

En Castilla-La Mancha, su discurso electoral pidió garantizar pensiones dignas y suficientes, con actualización según el coste de la vida y rechazo a cualquier pérdida de poder adquisitivo. También vinculó la sostenibilidad del sistema a más empleo estable y a combatir la precariedad, una propuesta menos expansiva que la de otras derechas en materia fiscal.

Unidas Podemos situó la igualdad de género en el centro de su programa para Castilla-La Mancha 2019, con medidas para reforzar la lucha contra la violencia machista, ampliar derechos sexuales y reproductivos y garantizar recursos públicos estables para atención y prevención.

También defendió la coeducación, la presencia de educación afectivo-sexual en las aulas y planes específicos contra la discriminación laboral y la brecha salarial, incluyendo más inspección y medidas de corresponsabilidad en cuidados.

En el terreno institucional, propuso reforzar el Instituto de la Mujer y evaluar el impacto de género en todas las políticas autonómicas, combinando apoyo a víctimas, igualdad salarial y políticas públicas feministas más ambiciosas que las de la derecha.

Unidas Podemos no desarrolló en Castilla-La Mancha un programa autonómico específico de política exterior, porque esas competencias son estatales. Su discurso electoral de 2019 se centró más en cooperación, derechos humanos y oposición a recortes, dejando la acción exterior en manos del Gobierno central.

Aun así, su marco programático defendía una España alineada con la Agenda 2030, el multilateralismo y la paz, rechazando políticas basadas en la militarización o el cierre de fronteras. Estas prioridades encajaban con un perfil más social y solidario que con una agenda exterior propia de comunidad autónoma.

En la campaña, UP vinculó su mensaje internacional a la protección de personas refugiadas, la cooperación al desarrollo y la defensa de servicios públicos frente a la austeridad. Frente a opciones de derecha más centradas en orden y control, su planteamiento apostaba por la solidaridad institucional.