Propuestas de Partido Justicialista en temas de Seguridad para Elecciones Presidenciales 2023 (Nacional)

El Partido Justicialista (PJ), dentro de la coalición Unión por la Patria (UxP) en las elecciones presidenciales de 2023, presentó una agenda de seguridad que buscó equilibrar el endurecimiento contra el delito con un enfoque de gestión estatal, coordinación federal y prevención social. A diferencia de propuestas más punitivistas, el discurso oficialista evitó plantear una “mano dura” como eje exclusivo y puso el acento en la conducción política del sistema de seguridad, la inversión en fuerzas federales, la inteligencia criminal y la articulación con provincias y municipios. En un contexto marcado por la escalada de homicidios y la centralidad del problema en la agenda pública, la propuesta justicialista intentó mostrarse como una respuesta “integral”, aunque con tensiones entre el diagnóstico y la credibilidad acumulada por la gestión saliente.

Refuerzo de las fuerzas federales y despliegue territorial

Uno de los ejes más visibles fue el fortalecimiento de las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA— para intervenir en zonas críticas, corredores narco y delitos complejos. La campaña de Sergio Massa y UxP insistió en que la seguridad debía ser una política nacional con presencia efectiva del Estado en territorios donde las capacidades provinciales resultaban insuficientes. En ese marco, se destacó el uso de operativos focalizados, patrullaje y apoyo logístico a jurisdicciones con mayores niveles de violencia.

El problema de fondo es que esta línea no proponía una reforma estructural nueva, sino más bien profundizar instrumentos ya existentes. Su eficacia dependía menos del anuncio que de la capacidad de coordinación intergubernamental, históricamente irregular en Argentina.

Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

UxP colocó al narcomenudeo, las bandas criminales y la violencia asociada al narcotráfico en el centro del diagnóstico. El discurso oficialista retomó la idea de que el delito violento no podía abordarse solo desde la policía, sino también desde la investigación judicial, el control de flujos financieros y la inteligencia criminal. Esta mirada se apoyó en experiencias previas del Ministerio de Seguridad, especialmente en la intervención sobre Rosario, donde el gobierno nacional impulsó refuerzos federales y operativos conjuntos.

El planteo fue razonable en términos técnicos, pero quedó debilitado por la percepción social de que el Estado había reaccionado tarde frente al deterioro de la seguridad urbana. La agenda antinarco del PJ fue más consistente que la de otros espacios en el plano institucional, aunque menos contundente en términos de resultados verificables durante la gestión.

Prevención social y abordaje integral

Otra dimensión central fue la prevención del delito a través de políticas sociales, especialmente en barrios vulnerables. El justicialismo sostuvo que la seguridad no debía reducirse a la represión, sino incluir educación, empleo, urbanización, salud mental y recuperación del tejido comunitario. Esta tradición, propia del peronismo, busca explicar la violencia como un fenómeno multicausal y no solo policial.

Sin embargo, en campaña esta propuesta apareció menos desarrollada que el componente operativo. En un clima electoral dominado por la demanda de orden, el énfasis preventivo tuvo menor potencia comunicacional y fue leído por parte del electorado como una fórmula genérica, difícil de traducir en resultados inmediatos.

Coordinación federal y reforma de gestión

El PJ también insistió en la necesidad de una mesa federal de seguridad y de una mejor articulación entre Nación, provincias y municipios. La idea era superar la fragmentación institucional mediante planificación, intercambio de información y uso más eficiente de recursos. En términos de diseño, este fue uno de los aspectos más sólidos: reconocía que la seguridad en Argentina es un problema de gobernanza multinivel.

No obstante, la propuesta chocó con una debilidad estructural del oficialismo: la propia heterogeneidad interna de UxP y la falta de una narrativa unificada sobre seguridad. Esa dispersión redujo la capacidad de proyectar autoridad.

Valoración: puntos fuertes y débiles

Entre los puntos fuertes del PJ/UxP estuvo el enfoque integral: combinó control territorial, lucha contra el crimen organizado y prevención social, evitando simplificaciones. También fue valioso su énfasis en la coordinación federal y en la inteligencia criminal, dos aspectos indispensables para delitos complejos.

Entre los puntos débiles, sobresalieron la falta de novedad programática, la escasa precisión sobre metas medibles y, sobre todo, la baja credibilidad política asociada a la gestión del Frente de Todos entre 2019 y 2023. La seguridad fue uno de los temas donde el oficialismo llegó con mayor desgaste, lo que limitó el impacto de sus propuestas.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente a La Libertad Avanza, el PJ ofreció un enfoque menos punitivo y más institucional, con mayor peso del Estado social y de la prevención. Frente a Juntos por el Cambio, compartió la idea de reforzar fuerzas y combatir el narcotráfico, pero con menor énfasis en el endurecimiento penal y en el discurso de orden. En comparación, el justicialismo presentó una propuesta más equilibrada en términos conceptuales, aunque menos convincente electoralmente por su dificultad para demostrar resultados concretos.