Atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994)

Los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) son los dos peores ataques terroristas de la historia argentina. El 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires y causó 22 muertos; el 18 de julio de 1994 otro coche bomba derribó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos ocurrieron durante la presidencia de Carlos Menem y la Justicia argentina los atribuye a Hezbollah con el respaldo del Estado iraní. Tres décadas después, ningún autor material ha sido condenado. La investigación ha estado marcada por el encubrimiento de la instrucción original, el Memorándum de Entendimiento con Irán de 2013, la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 y, más recientemente, por el fallo de Casación de 2024 y el procesamiento en ausencia de ocho acusados dictado el 21 de septiembre de 2026 por el juez federal Daniel Rafecas.

Los atentados

El ataque contra la Embajada de Israel, en la esquina de Arroyo y Suipacha, fue reivindicado por la Yihad Islámica, denominación vinculada a Hezbollah. La causa quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, competente por tratarse de una sede diplomática, que atribuyó el atentado a esa organización.

Dos años más tarde, a las 9.53 del 18 de julio de 1994, una camioneta Trafic cargada de explosivos estalló frente a la sede de la AMIA, en la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. El edificio, centro de la vida comunitaria judía del país, se derrumbó. Con 85 víctimas mortales, es el atentado más letal ocurrido en Argentina y uno de los mayores contra una comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Sumados, los dos ataques dejaron 107 muertos.

Una investigación marcada por el encubrimiento

La instrucción de la causa AMIA recayó en el juez federal Juan José Galeano. Su investigación se desvió pronto: se comprobó que se había pagado 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que incriminara a un grupo de policías bonaerenses. En 2004 el tribunal oral que juzgó a esa llamada conexión local absolvió a todos los acusados y declaró nula buena parte de lo actuado, y Galeano fue destituido en 2005.

Aquellas irregularidades dieron lugar a un juicio específico por encubrimiento. El 28 de febrero de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Galeano y al exjefe de la Secretaría de Inteligencia Hugo Anzorreguy, entre otros, por el desvío de la investigación, y absolvió al expresidente Menem.

En 2004 la Procuración General creó la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI-AMIA), a cuyo frente se situó Alberto Nisman. En 2006 Nisman acusó formalmente a altos cargos del Gobierno iraní de haber decidido y organizado el ataque, y en noviembre de 2007 Interpol emitió seis notificaciones rojas contra cinco exfuncionarios iraníes —entre ellos Ali Fallahijan, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi— y contra el dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh.

El Memorándum con Irán y la muerte de Nisman

En enero de 2013 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán un Memorándum de Entendimiento que preveía una «comisión de la verdad» y la posibilidad de interrogar a los acusados en Teherán. El Congreso lo aprobó el 28 de febrero de 2013 mediante la Ley 26.843, pero la Cámara Federal lo declaró inconstitucional en mayo de 2014 y el acuerdo nunca entró en vigor. El canciller Héctor Timerman fue su principal negociador.

El 14 de enero de 2015 Nisman denunció a la presidenta y a su canciller por un presunto plan para encubrir a los acusados iraníes a través del memorándum. Cuatro días después apareció muerto en su departamento, un caso que se convirtió en otro frente judicial y político de enorme repercusión. La denuncia contra Fernández de Kirchner siguió un largo recorrido judicial, con decisiones contradictorias en distintas instancias.

El 11 de abril de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal declaró que los dos atentados constituyen crímenes de lesa humanidad, atribuyó su planificación al Estado iraní y su ejecución a Hezbollah, y abrió la vía a reclamaciones contra Irán.

El procesamiento en ausencia de 2026

La falta de extradiciones mantenía la causa bloqueada, porque el Derecho argentino no permitía juzgar a acusados ausentes. En 2025 el Congreso aprobó la Ley de Juicio en Ausencia, pensada precisamente para casos como el de la AMIA, y a mediados de ese año la Justicia federal ordenó avanzar hacia el juzgamiento en ausencia de los sospechosos iraníes y libaneses.

El 21 de septiembre de 2026 el juez Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, dictó una resolución de 648 páginas por la que procesó a ocho acusados, en la primera aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia. Según la resolución, actuaron como autores mediatos el exministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el excanciller Ali Akbar Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, entonces jefe de la Fuerza Quds. Como partícipes necesarios fueron procesados el exembajador en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, el entonces agregado cultural Mohsen Rabbani y el agente de inteligencia Ahmad Reza Asghari. El octavo es el libanés Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, señalado por la investigación como coordinador de la fase operativa por cuenta de Hezbollah.

Los delitos imputados incluyen el homicidio agravado por odio racial o religioso, lesiones, daños agravados y la calificación de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Rafecas fijó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno. La acusación la impulsa la UFI-AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso. El procesamiento no equivale a una condena: los acusados conservan la presunción de inocencia y la resolución puede apelarse, mientras se esperan planteos sobre la validez constitucional del juicio en ausencia antes de un eventual juicio oral.

Reacciones y significado

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó el procesamiento como un «paso histórico» para las 85 víctimas y un hito en la lucha contra la impunidad. Para las familias de las víctimas y las instituciones comunitarias, la decisión supone el primer avance procesal sustantivo contra los presuntos responsables iraníes en casi dos décadas, aunque la posibilidad real de que alguno comparezca sigue siendo remota.

Los atentados siguen siendo un símbolo de la impunidad y de las fallas del Estado argentino: un ataque sin culpables materiales condenados, una investigación contaminada por el pago de sobornos y la intervención de los servicios de inteligencia, y un caso que ha atravesado las presidencias de Menem, los Kirchner, Macri, Fernández y Milei. Cada 18 de julio la comunidad judía y la sociedad civil reclaman justicia frente a la reconstruida sede de Pasteur 633.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA? El 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 22 personas; el 18 de julio de 1994 otro ataque derribó la sede de la AMIA y causó 85 muertos y más de 300 heridos.

¿Quién es responsable según la Justicia argentina? La Justicia atribuye los atentados a Hezbollah con el respaldo del Estado iraní; en abril de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal los declaró crímenes de lesa humanidad y atribuyó su planificación a Irán.

¿Hay condenados por el atentado a la AMIA? No hay condenas contra autores materiales. Sí hubo condenas en 2019 por el encubrimiento de la investigación, entre ellas la del exjuez Juan José Galeano.

¿Qué decidió el juez Rafecas en septiembre de 2026? El 21 de septiembre de 2026 procesó en ausencia a ocho acusados, siete iraníes y un libanés vinculado a Hezbollah, con embargos de 500 millones de dólares cada uno. Es una decisión provisional y apelable, no una condena.

¿Qué es la Ley de Juicio en Ausencia? Es la norma aprobada en 2025 que permite juzgar en Argentina a acusados de delitos graves que se sustraen a la Justicia; el procesamiento de la causa AMIA de 2026 fue su primera aplicación.

¿Qué fue el Memorándum con Irán? Un acuerdo firmado en 2013 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para crear una comisión de la verdad con Irán; aprobado por la Ley 26.843, fue declarado inconstitucional en 2014 y nunca entró en vigor.