Seguridad: qué propone cada partido

El PP suele situar la seguridad ciudadana como prioridad en Cataluña, con más presencia policial, refuerzo de Mossos y coordinación con policías locales y fuerzas estatales para combatir la delincuencia y recuperar la sensación de orden.

También defiende endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, apoyar a jueces y fiscales con más medios y agilizar expulsiones de delincuentes extranjeros reincidentes, combinando firmeza con defensa del cumplimiento de la ley.

En materia de seguridad en barrios y transporte, el PP apuesta por más vigilancia, tecnología y prevención, además de proteger a comerciantes y vecinos frente a okupaciones, robos y violencia urbana, con un enfoque de tolerancia cero.

El PSOE suele defender en Cataluña una política de seguridad integral: más coordinación entre Mossos, policías locales y cuerpos estatales, refuerzo de medios y una presencia policial más visible en zonas sensibles. También insiste en combinar prevención, proximidad y respuesta rápida.

En sus posiciones públicas, el partido prioriza la lucha contra la multirreincidencia, el tráfico de drogas y la violencia machista, junto con más inversión en tecnología, inteligencia y mejora de la gestión judicial. Suele acompañar estas medidas con programas de prevención social y apoyo a barrios vulnerables.

Frente a enfoques más duros de la derecha, el PSOE acostumbra a plantear una seguridad basada en más recursos, cooperación institucional y convivencia, sin renunciar al endurecimiento operativo contra la delincuencia reiterada. Su mensaje busca equilibrio entre firmeza y proximidad.

VOX suele situar la seguridad como eje central en Cataluña, con un discurso de tolerancia cero frente a la delincuencia y apoyo reforzado a policías y cuerpos de seguridad. Prioriza más presencia policial, mayor capacidad operativa y una respuesta más dura ante reincidencia y ocupación ilegal.

En sus posiciones públicas, el partido vincula la inseguridad con la inmigración irregular y reclama controles más estrictos en fronteras y extranjería. También defiende endurecer penas y facilitar expulsiones de delincuentes extranjeros, además de recuperar autoridad en barrios y espacios públicos.

Su planteamiento combina orden público, protección de las víctimas y defensa de la propiedad privada, con un enfoque más firme que puede atraer a votantes de derecha que buscan medidas rápidas y visibles. En Cataluña, ese mensaje suele presentarse como una respuesta directa al deterioro de la convivencia.

Sumar suele defender una seguridad integral en Cataluña: más prevención, mediación y refuerzo de los servicios públicos para reducir la delincuencia desde la raíz. Su enfoque prioriza la cohesión social y la intervención comunitaria frente a respuestas puramente punitivas.

En materia policial, apuesta por una mayor presencia de Mossos bien dimensionada, mejor coordinación con ayuntamientos y protocolos contra la violencia machista, los delitos de odio y la inseguridad urbana. También vincula seguridad con vivienda, salud mental y juventud.

Frente a las recetas más duras de la derecha, Sumar tiende a combinar firmeza con garantías: persecución del delito, pero evitando medidas que tensionen derechos o criminalicen la pobreza.

Unidas Podemos suele plantear la seguridad desde una lógica de prevención social: más vivienda, empleo, salud mental y servicios públicos para reducir la delincuencia y las causas estructurales de la inseguridad en Cataluña.

En su enfoque, la respuesta policial debe ser proporcional, con más coordinación, medios y cercanía comunitaria, pero evitando el endurecimiento penal. También prioriza la desjudicialización de conflictos y la protección de derechos.

Frente a las recetas más duras de la derecha, UP defendería una seguridad ligada a la convivencia, la mediación y la lucha contra la violencia machista, el racismo y la pobreza, reforzando la policía de proximidad y el control democrático.

Cs suele defender una política de seguridad más estricta, con más apoyo a Mossos d'Esquadra y a las policías locales, mejor coordinación institucional y tolerancia cero con la ocupación y la multirreincidencia.

En Cataluña, su enfoque previsiblemente insistiría en reforzar la presencia policial en zonas sensibles, agilizar la respuesta ante delitos cotidianos y priorizar la prevención en barrios con mayor percepción de inseguridad, con un discurso muy centrado en el orden.

También mantiene como eje la defensa de una seguridad ligada a la convivencia, con más medios para perseguir delitos y mejorar la protección de comercios, transporte público y espacios urbanos, sin cargar el peso en medidas simbólicas.

ERC defiende una seguridad de proximidad, con más agentes en la calle, mejor coordinación entre Mossos, policías locales y servicios sociales, y un enfoque centrado en la prevención del delito y la convivencia.

En sus posiciones públicas, el partido suele vincular la seguridad con la justicia social, la inversión en barrios y la atención a causas estructurales como la exclusión, el abandono juvenil o la reincidencia.

También suele apostar por reforzar la policía catalana con más recursos, tecnología y capacidad investigadora, manteniendo un discurso firme frente a la delincuencia, aunque menos punitivo que el de la derecha.

Junts plantea en seguridad un refuerzo claro de la autoridad policial, más medios para Mossos d'Esquadra y coordinación con policías locales. Su discurso prioriza orden, respuesta rápida ante delitos y más presencia en zonas sensibles.

También defiende endurecer la lucha contra la multirreincidencia, con cambios legales y mayor capacidad para perseguir ocupaciones, violencia y delincuencia reiterada. Suele insistir en que la seguridad debe ser una herramienta para proteger convivencia, comercio y turismo.

En su enfoque público, Junts vincula seguridad con control del territorio, prevención en barrios y apoyo a los profesionales de la seguridad. La línea es de más recursos, menos burocracia y una gestión más firme frente a la delincuencia.

La CUP sitúa la seguridad dentro de un enfoque de derechos sociales y de prevención, vinculándola a vivienda, empleo, salud mental y comunidad. Rechaza centrarla en el castigo y la presencia policial como respuesta principal.

En sus posiciones públicas, defiende reducir la criminalización de la pobreza y reforzar servicios públicos, mediación y atención social para evitar conflictos. También cuestiona los dispositivos de orden público que considera desproporcionados o lesivos para derechos fundamentales.

Su propuesta suele incluir desmilitarizar la seguridad, limitar la expansión de cuerpos policiales y avanzar hacia modelos de proximidad y control democrático. Frente a la derecha, mantiene una crítica frontal al endurecimiento punitivo, pero con un discurso muy coherente y reconocible.

Aliança Catalana sitúa la seguridad ciudadana en el centro de su discurso: más policía, más presencia en la calle y tolerancia cero con la reincidencia, vinculando el problema a la inmigración irregular y a la pérdida de autoridad institucional.

En sus posiciones públicas, AC defiende endurecer la respuesta penal, facilitar expulsiones de extranjeros con delitos y reforzar el control fronterizo y de empadronamientos. También insiste en proteger a la Mossos d'Esquadra con más medios y menos trabas burocráticas.

Su planteamiento combina orden público, vigilancia del espacio urbano y un enfoque muy restrictivo sobre delincuencia y extranjería, con un mensaje claro de defensa de la convivencia y de apoyo explícito a las fuerzas de seguridad.

PACMA suele situar la seguridad dentro de una visión preventiva: menos violencia, más convivencia y control estricto de actividades que impliquen maltrato animal, especialmente en entornos rurales y festivos. Su enfoque prioriza la educación, la mediación y la vigilancia administrativa antes que la respuesta punitiva.

En Cataluña, y de cara a 2028, previsiblemente defendería reforzar la protección animal como parte de la seguridad pública, con más recursos para inspección, denuncia y actuación rápida ante abandonos, tráfico ilegal o explotación. También mantendría su rechazo a espectáculos con animales y a prácticas que considera lesivas.

Frente a modelos más duros y de orden clásico, PACMA tendería a plantear una seguridad más preventiva y ética, centrada en reducir riesgos y conflictos mediante bienestar animal, sensibilización y cumplimiento efectivo de la normativa.

SALF sitúa la seguridad ciudadana como prioridad, con discurso de mano dura contra la delincuencia, refuerzo de la autoridad policial y más capacidad para actuar frente a okupación, reincidencia y violencia callejera.

En Cataluña, proyectaría un enfoque especialmente firme en vigilancia urbana, control de fronteras y cooperación entre cuerpos policiales, alineado con su mensaje de orden público y tolerancia cero ante delitos que percibe como descontrolados.

También defendería endurecer el marco penal y acelerar expulsiones de extranjeros multirreincidentes, presentando estas medidas como una respuesta directa al sentimiento de inseguridad y un apoyo claro a policías y vecinos.