Conflicto en la Terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo (2026)

El conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la terminal de contenedores del puerto de Montevideo cuya accionista mayoritaria es la multinacional belga Katoen Natie, encadenó en 2026 más de un mes de paros por el desacuerdo entre la empresa y el sindicato sobre los jornales asegurados y una partida extraordinaria. El Gobierno de Yamandú Orsi fijó servicios mínimos por decreto y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social medió hasta el preacuerdo del 30 de septiembre de 2026 entre TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), que dio paso a un convenio de cinco años con cláusula de paz. El 13 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó interpelar al ministro Juan Castillo por su gestión del conflicto.

Contexto previo

La negociación del convenio colectivo en TCP acumulaba varios meses de diálogos sin resultado. Las fuentes no permiten fijar con precisión cuándo empezaron los paros: la carta de las navieras sitúa el inicio de las medidas de paralización en octubre de 2025, mientras que la empresa contabilizó en un documento entregado al Poder Ejecutivo el 10 de septiembre de 2026 un total de 36 días con afectaciones operativas severas.

El núcleo del desacuerdo eran los jornales asegurados, es decir, el número mínimo de jornadas mensuales que la empresa garantiza pagar. El colectivo de 197 trabajadores con 20 jornales asegurados reclamaba pasar a 21 desde la firma del convenio, y las partes discrepaban también sobre la cuantía de un pago único. Según los datos difundidos durante el conflicto, entre enero y agosto TCP movió unos 8.000 contenedores menos que en el mismo periodo de 2025, y solo en agosto 12 buques portacontenedores cancelaron su escala en Montevideo.

Qué ocurrió

El 11 de septiembre el Gobierno aprobó un decreto que fijaba servicios mínimos en la terminal en caso de paro: carga y descarga de buques, recepción y despacho de contenedores y almacenamiento, con un mínimo de 25 contenedores por hora para el transporte por carretera. El Supra respondió con un paro nacional portuario de 24 horas el 21 de septiembre; los dirigentes sindicales calificaron la medida de «excesiva», anunciaron recursos administrativos y no descartaron acudir a la Organización Internacional del Trabajo.

El 22 de septiembre se recuperó la mesa tripartita. Ese mismo día, Maersk, CMA CGM, Cosco, Hapag-Lloyd y ONE firmaron una carta, recibida el 24 por seis ministerios, en la que advertían de cancelaciones de buques, pérdida de trasbordos y daño a la imagen internacional del país. El presidente Orsi admitió que las navieras «tienen razón», pero descartó romper el diálogo: «Confío en el diálogo».

La propuesta del Ministerio planteaba pasar de 20 a 21 jornales asegurados en mayo del año siguiente y una partida extraordinaria a medio camino entre los 27.500 pesos que ofrecía la empresa y los 50.000 que pedía el sindicato. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contactó con la dirección de Katoen Natie en Bélgica y con la cúpula sindical, y el 30 de septiembre por la noche las partes firmaron el preacuerdo en la Dirección Nacional de Trabajo. Asistieron Castillo, el subsecretario Hugo Barretto, el presidente del Supra, Álvaro Reinaldo, y los dirigentes del PIT-CNT Marcelo Abdala y Milton Castellanos.

El convenio se firmó el 7 de octubre, tras su aprobación en asamblea sindical, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2031. Incluye la subida a 21 jornales desde enero de 2027 para quienes tenían 20, mejoras graduales para las franjas inferiores, una evaluación en octubre de 2027 para un posible paso a 22 jornales, una gratificación única de 38.750 pesos líquidos, compensaciones para quienes hicieron tareas fuera del convenio y una cláusula de paz con mecanismos de prevención de conflictos, por la que las partes renuncian a medidas colectivas por reclamos con implicaciones económicas, salvo paros generales.

Respuesta del Gobierno

El Ejecutivo combinó el decreto de servicios mínimos con la mediación del Ministerio de Trabajo, y anunció que el decreto quedaría sin efecto una vez aprobado el acuerdo en asamblea. Castillo sostuvo que «no hay otra forma de resolver un conflicto que no sea negociando» y, tras la firma, elogió el trabajo de la empresa, de los trabajadores y de los funcionarios de la Dinatra. El Gobierno descartó declarar la esencialidad del servicio portuario, como pedían sectores productivos y la oposición.

Alejandro Sánchez afirmó que el acuerdo garantiza cinco años de estabilidad para los trabajadores, la empresa y el comercio exterior, y pidió «dejar en el pasado» el debate sobre la esencialidad.

La interpelación a Juan Castillo

El 30 de septiembre, el diputado colorado Adrián Juri anunció su intención de interpelar a Castillo, y tras el preacuerdo sostuvo que la iniciativa «se mantiene en pie». El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez le criticó entonces por adelantarse a la respuesta formal de su partido.

El 13 de octubre de 2026, Juri presentó la moción, firmada también por Walter Verri (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Gerardo Sotelo (Partido Independiente), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gustavo Salle (Identidad Soberana): los cinco partidos de la oposición. La Cámara de Diputados la aprobó en la sesión de ese mismo martes. El llamado a sala abarca la gestión del Ministerio desde el 1 de marzo de 2025 en la prevención y resolución de conflictos laborales y, en especial, su actuación en el conflicto de TCP, incluidas las medidas de servicios mínimos. Juri será el miembro interpelante; la fecha debe coordinarse entre el Ministerio y la Cámara.

Posición de los partidos

Desde el Frente Amplio, partido del Gobierno, la respuesta se canalizó a través del Ejecutivo y de la mediación del Ministerio de Trabajo. El Partido Colorado fue el más activo en la oposición: sus senadores Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry y Robert Silva presentaron el 30 de septiembre un proyecto de ley para regular la esencialidad y los servicios mínimos en el puerto, el transporte y los combustibles. En el Partido Nacional, el senador Sergio Botana promovió la citación de Castillo y de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, a la Comisión de Transporte del Senado. El Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana se sumaron a la moción de interpelación.

Lo dicho frente a lo hecho

El Gobierno defendió desde el inicio la negociación como única salida, pero recurrió a un decreto de servicios mínimos que el sindicato y el PIT-CNT consideraron excesivo. La solución llegó por la vía negociada y sin declarar la esencialidad. La subida de jornales en enero de 2027 se situó entre la propuesta inicial del Ministerio, que la fijaba en mayo, y la reivindicación sindical de aplicarla desde la firma. La oposición, que reclamó medidas más duras durante el conflicto, mantuvo la interpelación pese al acuerdo.

Impacto político y social

El conflicto afectó a la principal terminal de contenedores del país, con cancelaciones de escalas y pérdida de trasbordos según las navieras y las cámaras empresariales. Reabrió el debate sobre el equilibrio entre el derecho de huelga y la continuidad de servicios estratégicos, y abrió un frente parlamentario: la interpelación al ministro de Trabajo, respaldada por toda la oposición, que reclamó durante el conflicto declarar la esencialidad del puerto.

Conclusiones

El conflicto de TCP se cerró con un convenio de cinco años, vigente hasta 2031, que mejora los jornales asegurados e incluye una cláusula de paz. El episodio laboral terminó, pero no el político: la Cámara de Diputados aprobó interpelar a Juan Castillo y la oposición mantiene su proyecto sobre esencialidad, mientras el Gobierno da por superado ese debate.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Terminal Cuenca del Plata? Es la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, cuya accionista mayoritaria es la multinacional belga Katoen Natie.

¿Por qué hubo paros en TCP? Por el desacuerdo entre la empresa y el sindicato sobre los jornales asegurados y una partida extraordinaria en la negociación del convenio.

¿Cómo terminó el conflicto? Con un preacuerdo el 30 de septiembre de 2026 y un convenio firmado el 7 de octubre, de cinco años y con cláusula de paz.

¿Quién interpela a Juan Castillo? El diputado colorado Adrián Juri, con una moción apoyada por los cinco partidos de la oposición y aprobada el 13 de octubre de 2026.

¿Cuándo será la interpelación a Castillo? La fecha no está fijada; debe coordinarse entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Diputados.