Caso Cardama: las patrulleras de la Armada (2023-2026)

El caso Cardama es el escándalo político y judicial derivado del contrato que el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay firmó en diciembre de 2023 con el astillero español Cardama para construir dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada, por unos 82 millones de euros. El acuerdo se suscribió bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, con Javier García al frente de la cartera de Defensa. En noviembre de 2024 el Estado aceptó como garantía de fiel cumplimiento un aval emitido por la firma Eurocommerce y desembolsó más de 28,8 millones de euros; un año después se confirmó que Eurocommerce carecía de respaldo real. En octubre de 2025 el presidente Yamandú Orsi anunció el inicio de la rescisión del contrato por indicios de estafa, y en agosto de 2026 una comisión investigadora parlamentaria cerró su trabajo con informes enfrentados. Se trata de una causa penal en curso: ninguna de las personas ni empresas mencionadas ha sido condenada, y rige para todas ellas la presunción de inocencia.

Un contrato con antecedentes discutidos

La Armada uruguaya arrastraba desde hacía años la necesidad de renovar su capacidad de patrullaje oceánico para vigilar una zona económica exclusiva extensa. El Gobierno de Lacalle Pou abrió en 2021 un llamado para adquirir buques OPV que no prosperó: en enero de 2023 el Ministerio de Defensa declaró desierta la licitación porque la oferta que quedaba en carrera excedía el presupuesto disponible. En abril de ese año se puso en marcha un nuevo proceso, y el 15 de diciembre de 2023 el ministro Javier García y el presidente del astillero, Mario Cardama, firmaron en la sede ministerial el contrato por 82,3 millones de euros para dos buques.

La elección del adjudicatario fue objeto de reparos desde el principio por parte de especialistas del sector naval y de legisladores de la entonces oposición. Los cuestionamientos apuntaban a dos elementos: que el astillero de Vigo no acreditaba experiencia previa en la construcción de buques militares o de guardacostas de ese porte, y que el precio ofertado se situaba muy por debajo del de otros constructores de OPV. Quienes defendieron la operación sostuvieron que el procedimiento se ajustó al marco legal y que la oferta era la que mejor combinaba precio y plazos de entrega, previstos inicialmente para 2025 y 2026.

El aval de Eurocommerce y los pagos

El punto que terminó haciendo estallar el caso fue la garantía de fiel cumplimiento. Tras meses de prórrogas y de rechazos a los instrumentos presentados, el Ministerio de Defensa aceptó en noviembre de 2024 un aval emitido por la firma Eurocommerce. Con esa garantía en el expediente, el Estado uruguayo fue desembolsando más de 28,8 millones de euros en giros sucesivos.

La investigación posterior determinó que Eurocommerce era una sociedad sin respaldo patrimonial real: la sede que decía tener en Londres no existía y el documento incorporaba, según la denuncia, la firma falsificada de un notario español. La cronología de los pagos y la de la aceptación de la garantía —realizada sin contar en todos los casos con los documentos originales traducidos y apostillados— se convirtieron en el eje del reproche parlamentario. El astillero ha sostenido a lo largo del proceso que fue, él mismo, víctima de un fraude con aquel primer aval, y que la construcción de los buques no se detuvo, con avances certificados por Lloyd's Register, la sociedad de clasificación designada en el contrato.

La rescisión y el litigio

El 22 de octubre de 2025, el presidente Yamandú Orsi compareció en conferencia de prensa para anunciar el inicio del trámite de rescisión del contrato por incumplimientos graves e indicios de estafa, junto con acciones dirigidas a recuperar el patrimonio comprometido y la apertura de un nuevo proceso de compra de patrulleras. La rescisión se formalizó en febrero de 2026. En las semanas siguientes, Uruguay recibió al menos cinco ofertas de otros astilleros para retomar el programa de OPV.

Cardama respondió planteando una reclamación internacional contra la República. Para el Gobierno, la decisión era ineludible una vez acreditada la falsedad del aval; para dirigentes de la anterior coalición, en cambio, la rescisión fue precipitada y expuso al país a un litigio evitable. El diputado nacionalista Pablo Abdala llegó a calificarla de «operación política» impulsada por el Ejecutivo de Orsi.

La comisión investigadora y sus conclusiones enfrentadas

El Parlamento constituyó una comisión investigadora en el ámbito de la Asamblea General, que empezó a sesionar en febrero de 2026 bajo la presidencia del senador del Partido Nacional José Luis Falero y que examinó el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas desde 2010. Tras unos seis meses de trabajo y decenas de comparecencias —entre ellas la de la ministra de Defensa, Sandra Lazo—, la comisión cerró su actividad el 21 de agosto de 2026 con la presentación de un informe en mayoría y varios informes en minoría.

El informe en mayoría, respaldado por los legisladores del Frente Amplio, concluyó que existieron «hechos con apariencia delictiva», y citó en particular el uso de documentación falsa para constituir las garantías, la concesión de prórrogas sin la constancia debida y la realización de pagos sin disponer de los originales traducidos y apostillados. Ese documento señaló además a Lacalle Pou como primer responsable político del proceso, por haber avalado la compra desde la Presidencia, y extendió los reproches al exministro Javier García y a otros jerarcas que intervinieron en distintas etapas. Conviene subrayar que se trata de la conclusión política de una mayoría parlamentaria, no de una resolución judicial: la comisión no juzga ni condena, y sus hallazgos se remiten a la Fiscalía para que sea esta quien determine si hay o no responsabilidad penal.

Los informes en minoría discreparon. Desde el Partido Nacional, Falero sostuvo que el procedimiento de adquisición se había desarrollado dentro del marco legal y calificó la rescisión de decisión lamentable del Gobierno. Los sectores de la anterior coalición rechazaron la atribución de responsabilidad política a Lacalle Pou y desplazaron el foco hacia la actuación de la actual Administración en la fase de fiscalización y cancelación del contrato.

Denuncias cruzadas y estado de la causa

El cierre de la comisión derivó en denuncias penales en dos direcciones. El oficialismo pidió la remisión de los antecedentes a la Justicia centrando su solicitud en los funcionarios que intervinieron en la aceptación del aval de Eurocommerce, y planteando figuras como abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica.

Los partidos de la oposición respondieron denunciando penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a dos colaboradores de su entorno, Damián Rojas y Daniel Marsiglia. La denuncia, presentada el 6 de septiembre de 2026 por legisladores de los partidos Nacional, Colorado y otras fuerzas de la anterior coalición —entre ellos José Luis Falero, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo—, invoca los delitos de usurpación de funciones, abuso de funciones, revelación de secretos conocidos en el ejercicio del cargo y utilización indebida de información privilegiada. Su núcleo es la acusación de que Rojas y Marsiglia actuaron como asesores ministeriales durante meses sin nombramiento formal, interrogaron a mandos de la Armada y accedieron a documentación reservada. El presidente Orsi respaldó públicamente a la ministra al afirmar que «el respaldo a la ministra es absoluto, es 100 %», y Lazo rechazó las imputaciones. Ninguna de estas conductas ha sido acreditada por un tribunal.

En el plano judicial, la causa está a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez, que en septiembre de 2026 reclamó por oficio a la Asamblea General las versiones taquigráficas y la documentación completa generada por la comisión investigadora, paso previo a decidir si formula imputaciones. A la fecha no hay personas formalizadas ni condenadas, y el litigio internacional con el astillero continúa abierto en paralelo a la instrucción penal.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el caso Cardama? Es el escándalo derivado del contrato de diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa uruguayo y el astillero español Cardama para construir dos patrulleras oceánicas por unos 82 millones de euros, cuya garantía de fiel cumplimiento resultó estar emitida por una sociedad sin respaldo real.

¿Hay alguien condenado por el caso Cardama? No. Se trata de una causa penal en curso a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos: no hay personas formalizadas ni sentencias, y rige la presunción de inocencia para todos los implicados, incluido el astillero.

¿Qué concluyó la comisión investigadora parlamentaria? Su informe en mayoría, votado por el Frente Amplio, concluyó que hubo «hechos con apariencia delictiva» y atribuyó responsabilidad política a Luis Lacalle Pou; los informes en minoría de blancos, colorados y otros sectores de la anterior coalición discreparon y sostuvieron que el procedimiento se ajustó al marco legal.

¿Por qué el caso atraviesa dos gobiernos? Porque el contrato se firmó y se ejecutó bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, con Javier García en Defensa, mientras que la detección de las irregularidades en la garantía, la rescisión anunciada en octubre de 2025 y las denuncias penales corresponden a la Administración de Yamandú Orsi.