Crisis del Tribunal Constitucional de Polonia: Święczkowski apartado y acusaciones de golpe (2026)

La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia estalló el 30 de octubre de 2026, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska ordenó apartar durante un mes a su presidente, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La policía aseguró el recinto, el presidente Karol Nawrocki dio media vuelta en pleno vuelo a Senegal y entró de madrugada en la sede entre empujones. PiS y la Presidencia lo llaman golpe de Estado. Donald Tusk lo presenta como la restauración del Estado de derecho. La disputa sigue abierta y el relato de cada parte difiere en puntos esenciales.

Contexto previo

El origen está en los nombramientos de 2015, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la UE consideraron irregulares. Tras llegar al poder en 2023, el Gobierno de Tusk dejó de reconocer las decisiones del Tribunal y tardó en cubrir sus vacantes. Lo hizo en 2026: el 13 de marzo el Sejm eligió a seis magistrados y después a otros dos, entre ellos Maciej Berek.

Nawrocki solo tomó juramento a tres de los ocho. Los otros cinco juraron sin él, cuatro el 9 de abril ante un notario en el Sejm y Berek el 14 de octubre. Święczkowski sostiene que sin el juramento ante el jefe del Estado no son jueces, y no les deja juzgar. El 5 de mayo el TEDH dictó una medida cautelar contra ese bloqueo y él replicó que no le obliga. El 13 de octubre la Comisión de Venecia pidió el juramento sin demora, como se cuenta en el choque por el Tribunal Constitucional.

La tensión había crecido durante el año. El 14 de julio la policía entró con un fiscal durante una Asamblea General de jueces, que acabó sin cuórum. Desde mediados de septiembre, partidarios de PiS mantienen una protesta ante la sede. El 23 de septiembre la Fiscalía imputó a dos altos cargos del Tribunal, su directora de la Cancillería y el jefe de su guardia, por impedir la entrada de los nuevos jueces, y los apartó de sus funciones. Święczkowski respondió con el expediente a tres magistrados.

Qué ocurrió

Todas las horas son de Varsovia.

La orden. Korwin-Piotrowska actuó como la magistrada con más antigüedad, computada desde 1995, y se apoyó en el artículo 130 de la ley de tribunales ordinarios, que permite apartar a un juez un máximo de un mes. Alegó que Święczkowski no convocó a todos los jueces a la Asamblea General, por lo que el Tribunal no aprobó su presupuesto de 2027, que incumplió la medida del TEDH, que hizo declaraciones políticas y que dejó entrar a políticos en la sede. Habló de un «estado de necesidad constitucional».

La inmunidad. El mismo día el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, entregó a Korwin-Piotrowska cinco solicitudes para levantar la inmunidad de los dos dirigentes, cuatro de Święczkowski y una de Sochański, con 50 tomos de actuaciones.

Quién entró en el Tribunal. Las versiones chocan. La policía asegura que no entró en el edificio y que se limitó al exterior. La portavoz del Tribunal, Weronika Ścibór, afirmó que agentes del Servicio de Protección del Estado llegaron por la puerta que comunica con la sede del primer ministro, ordenaron salir a dos guardias e introdujeron a siete jueces. Korwin-Piotrowska dijo a TVP Info que siete jueces estaban dentro y que no había policía.

El forcejeo con Nawrocki. Es el punto más disputado. Los colaboradores del presidente sostienen que los jueces intentaron impedirle el paso y vulneraron su inviolabilidad, y el ministro presidencial Marcin Przydacz acusó a Markiewicz y a Korwin-Piotrowska de zarandearlo. Berek replica que Nawrocki embistió a la jueza y que nadie lo zarandeó. Los vídeos difundidos muestran al presidente abriéndose paso entre quienes estaban en la puerta, y cada parte los interpreta a su favor.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre

Las consultas que Nawrocki abrió en el palacio el 31 de octubre terminaron sin avances. Acudieron nacionalistas, ultraderecha y algunos socios de la coalición de Gobierno, pero no la Coalición Cívica de Tusk, según AFP. Ese mismo día, cuatro expresidentes del Tribunal (Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki y Andrzej Zoll) respaldaron a los jueces elegidos por el Sejm y acusaron a Nawrocki de una «tentativa directa de vulnerar la autonomía» del Tribunal.

Święczkowski no se da por apartado. Dijo que ningún juez legal acudirá a la Asamblea del 3 de noviembre, a la que llama «reunión social», firmó una orden propia que niega efecto legal a la de Korwin-Piotrowska y dio días libres pagados a la plantilla del 3 al 6 de noviembre. «El Tribunal son los jueces, no el edificio», afirmó a Polsat News.

El 2 de noviembre se añadieron tres movimientos. Korwin-Piotrowska fijó la Asamblea General para el martes 3 a las 15.30 en la sede, con el presupuesto de 2027 como motivo. La portavoz del Tribunal, Weronika Ścibór, difundió un documento del 28 de abril por el que Święczkowski autorizaba al juez Stanisław Piotrowicz a dirigir el órgano si faltaban él y el vicepresidente. Y el presidente del Consejo Superior de la Abogacía, Przemysław Rosati, dijo en RMF FM que, según el derecho vigente, Święczkowski sigue presidiendo el Tribunal, y negó que el «estado de necesidad constitucional» sea una base legal.

Tusk respondió ese día que el conflicto se resuelve sin tocar la Constitución: el presidente reconoce a los jueces elegidos por el Sejm y estos asumen sus funciones. Acusó a Nawrocki de optar por una «confrontación por la fuerza» que puede costar cara a Polonia.

Respuesta del Gobierno central

Tusk escribió que restaurar el Estado de derecho «es nuestra obligación» y que, tras años de ilegalidad de PiS, el proceso es difícil y exige una acción decidida. El ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, defendió que el juez más antiguo de la nueva mayoría tomó el control de las dependencias y pidió protección policial. Żurek sostiene que el asalto al Tribunal ocurrió hace años y que el Gobierno intenta reconstruirlo. Tras la entrada de Nawrocki, dijo esperar que la Fiscalía actúe, y reconoció que hubo conversaciones con Sochański sin acuerdo. El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, defendió que la policía actuó con profesionalidad y calma.

La Comisión Europea pidió a Nawrocki que acepte a los nuevos jueces, según AFP. Su portavoz recordó a Euronews que nombrar a los ocho magistrados es competencia constitucional del Sejm.

Posición de los partidos y debate parlamentario

PiS habla de golpe de Estado. Kaczyński escribió que Polonia se convierte en un «Estado policial» y llamó a una protesta cívica legal. Zbigniew Ziobro, exministro de Justicia buscado por la Fiscalía polaca, pidió una resistencia firme. Mateusz Morawiecki, expulsado de PiS en agosto, denunció una toma por la fuerza y «métodos bielorrusos». Sławomir Mentzen, de Konfederacja, pidió convocar el Consejo de Seguridad Nacional, sin que conste que se haya reunido. El líder del sindicato Solidaridad, Piotr Duda, advirtió al Gobierno: «¿Queréis guerra? La tendréis».

KO y sus aliados defienden la orden y critican la conducta de Nawrocki. Desde el club de Morawiecki, Marcin Horała pidió a Szymon Hołownia y a Władysław Kosiniak-Kamysz, socios de Tusk, dar el paso hacia un Gobierno técnico.

Fuera de Polonia, el embajador de Estados Unidos, Thomas Rose, habló de una confrontación sin precedentes y pidió evitarla. Dos embajadores polacos, Jakub Kumoch en China y Paweł Soloch en Rumanía, dimitieron por estos hechos. Ambos trabajaron con el presidente Andrzej Duda.

Lo dicho frente a lo hecho

La palabra «golpe» es una acusación, no un hecho establecido. La usan el Tribunal bajo Święczkowski, PiS y Kapiński, cuyo propio nombramiento se discute. La analista Beata Wojna la rechaza: el Gobierno y el Parlamento funcionan con normalidad, y la disputa se limita a un tribunal que apenas actúa.

Tampoco la legalidad de la orden es pacífica. Según Rzeczpospolita, los juristas están divididos. El profesor Marcin Matczak, crítico con PiS en este asunto, escribió que considera a Święczkowski la peor persona para presidir el Tribunal, pero que la base legal de la orden «no existe». Señala una debilidad: Korwin-Piotrowska solo podía sustituir al presidente si este no podía actuar, y esa imposibilidad la creó su propia orden. Además, la Asamblea General necesita 10 jueces y él cuenta entre siete y ocho, por lo que su convocatoria para el 3 de noviembre depende de que acudan magistrados de la etapa de PiS.

Impacto político y social

La crisis deja dos direcciones rivales en el órgano que debe resolver los conflictos entre poderes, a un año de las elecciones legislativas de 2027. Sin presupuesto aprobado por la Asamblea General, el Gobierno no ha asignado fondos al Tribunal para 2027. También lleva el choque entre Tusk y Nawrocki a un nuevo terreno: dos versiones públicas de un incidente físico con el jefe del Estado.

Conclusiones

Lo que está probado es limitado: una orden firmada por una jueza que la Presidencia no reconoce, un presidente del Tribunal al que los agentes frenaron en el recinto, tres detenidos y una entrada de Nawrocki con forcejeo. Quién manda hoy en el Tribunal depende de una cuestión previa sin resolver, la validez del juramento sin el presidente. La próxima clave es la Asamblea General del 3 de noviembre: necesita diez jueces, y Korwin-Piotrowska dijo tener siete en la sede.

Preguntas frecuentes

¿Qué ha pasado en Polonia? Una jueza ordenó apartar un mes a los dirigentes del Tribunal Constitucional y estalló un choque entre Gobierno, Presidencia y oposición.

¿Hay un golpe de Estado en Polonia? PiS y la Presidencia lo afirman, el Gobierno lo niega y el resto de las instituciones sigue funcionando.

¿Quién suspendió a Święczkowski? Anna Korwin-Piotrowska, magistrada elegida por el Sejm en 2026, que Święczkowski y Nawrocki no reconocen como jueza.

¿Por qué volvió Nawrocki de su viaje? Dijo que en un momento así el presidente debe estar en Polonia e interrumpió su vuelo a Senegal.

¿Qué pasa ahora? Las consultas de Nawrocki no dieron fruto y Korwin-Piotrowska citó a los jueces el 3 de noviembre, sin cuórum asegurado.