Qué es
El juicio político y la declaración de procedencia, conocida como desafuero, son los dos procedimientos con los que el Congreso de la Unión exige responsabilidades a los altos servidores públicos mexicanos. Están en el Título Cuarto de la Constitución (artículos 108 a 114) y parten del fuero constitucional: la inmunidad procesal que impide que diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado y otros cargos sean procesados penalmente mientras ejercen, salvo que la Cámara de Diputados lo autorice.
Son cosas distintas. El juicio político castiga conductas que dañan los intereses públicos fundamentales con una sanción política, destitución e inhabilitación, que impone el Senado. La declaración de procedencia no juzga nada: solo retira el fuero para que un juez pueda procesar al funcionario por un delito. El fuero no es impunidad, porque la responsabilidad penal puede exigirse cuando la persona deja el cargo, pero en la práctica la mayoría parlamentaria decide a quién se procesa y cuándo.
Cómo funciona
Quiénes tienen fuero (artículo 111). Diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, secretarios de Despacho, el fiscal general de la República, los consejeros del INE y los titulares de órganos autónomos. Por delitos federales también gobernadores, diputados locales y magistrados estatales, cuya declaración se envía a la legislatura estatal. Desde la reforma publicada el 19 de febrero de 2021, el presidente de la República puede ser imputado y juzgado durante su mandato «por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano»; la acusación se presenta ante el Senado.
Declaración de procedencia.
- Una fiscalía, federal o estatal, pide a la Cámara de Diputados que retire el fuero y entrega la carpeta de investigación.
- La Sección Instructora, cuatro diputados de la Comisión Jurisdiccional, decide si admite la solicitud, notifica al acusado, recibe pruebas y alegatos y dictamina.
- El pleno, erigido en Jurado de Procedencia, vota. Basta la mayoría absoluta de los presentes.
- Si declara que ha lugar a proceder, el funcionario queda separado del cargo mientras dura el proceso penal; si es absuelto, puede reasumirlo. Si lo niega, el proceso se suspende hasta que la persona deje el cargo. Las resoluciones son inatacables.
Juicio político (artículo 110). Puede pedirlo cualquier ciudadano por escrito. La Subcomisión de Examen Previo de las comisiones de Gobernación y de Justicia decide si procede; si sigue adelante, la Sección Instructora instruye y la Cámara de Diputados acusa por mayoría absoluta de los presentes. El Senado, erigido en Jurado de Sentencia, resuelve por dos terceras partes de los presentes. Solo puede iniciarse durante el cargo o en el año siguiente (artículo 114). Casi todas las solicitudes mueren en la subcomisión: en septiembre de 2025 el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores (Morena), reconoció 1.200 solicitudes acumuladas, cerca de mil de ellas prescritas.
Marco legal
Los artículos 108 a 114 de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (DOF del 31 de diciembre de 1982, última reforma del 1 de abril de 2024), que regula plazos, Sección Instructora y jurados. La reforma del fuero presidencial de 2021 fue una iniciativa de López Obrador: la Cámara la aprobó en septiembre de 2020 por 420 votos a favor y 15 abstenciones, y el Senado por 89 contra 23.
Casos reales
- René Bejarano (2004). Protagonista de los «videoescándalos», perdió el fuero en noviembre de 2004 por 444 votos contra 7.
- Andrés Manuel López Obrador (2005). Jefe de Gobierno del Distrito Federal, acusado de desacatar una suspensión judicial en el predio El Encino. El 7 de abril de 2005 la Cámara aprobó el desafuero por 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones; López Obrador acusó al presidente Vicente Fox de estar detrás.
- Julio César Godoy (2010). Diputado del PRD acusado de vínculos con La Familia Michoacana, desaforado en ausencia el 14 de diciembre de 2010.
- Cipriano Charrez y Lucero Sánchez (2019). Charrez (Morena) perdió el fuero el 24 de abril de 2019 por homicidio culposo; Sánchez, diputada local de Sinaloa relacionada con Joaquín «El Chapo» Guzmán, el 13 de junio.
- Saúl Huerta y Mauricio Toledo (2021). El 11 de agosto de 2021 la Cámara desaforó a Huerta (Morena), acusado de violación de un menor, por 447 votos, y a Toledo (PT), por enriquecimiento ilícito, por 381 contra 24; la bancada del PT abandonó el pleno y Toledo ya estaba en Chile.
- Alejandro Moreno (2022-2026). La Fiscalía de Campeche pidió en agosto de 2022 el desafuero del entonces diputado y dirigente del PRI por enriquecimiento ilícito; la fiscalía se desistió y la Sección Instructora la desechó por unanimidad el 1 de agosto de 2025. En julio de 2025 la misma fiscalía presentó otra por peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones (un presunto desvío de 83,5 millones de pesos cuando era gobernador) contra un Moreno ya senador; Flores dejó la Sección Instructora el 31 de agosto de 2026 para dirigir el partido PAZ y entregó un proyecto de dictamen sobre la admisión sin revelar su sentido. Moreno niega los hechos y habla de persecución política.
- Cuauhtémoc Blanco (2025). La Fiscalía de Morelos pidió el desafuero del diputado de Morena y exgobernador por tentativa de violación. La Sección Instructora rechazó la solicitud el 20 de marzo de 2025 por tres votos contra uno (el de Germán Martínez), por carecer de una investigación técnica, y el pleno la declaró «notoriamente improcedente» el 25 de marzo por 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.
- Juicios políticos. Ninguno de los sonados ha llegado al Senado: en 2017 la subcomisión desechó 109 solicitudes por prescripción, entre ellas las de Marcelo Ebrard y Genaro García Luna; en abril de 2024 Arturo Zaldívar y Morena anunciaron uno contra la ministra presidenta Norma Piña; en septiembre de 2025 la panista María Elena Pérez-Jaén pidió los de Adán Augusto López y Hilda Araceli Brown.
Críticas y debates
El reproche más repetido es el uso partidista: el desafuero de 2005 lo usó la oposición de entonces contra el futuro presidente, y los casos Blanco y Moreno son los que la oposición de ahora reprocha a Morena. Rubén Moreira (PRI) sostiene que el expediente de Moreno es improcedente porque su fuero actual es el de senador y las pruebas salieron de filtraciones que la Suprema Corte declaró ilegales; Flores replica que el asunto «nunca se ha cerrado» y que, a diferencia de Morelos en el caso Blanco, la Fiscalía de Campeche sí colaboró.
El segundo debate es si el fuero debe existir. La reforma de 2021 se presentó como su eliminación, pero juristas citados por El Universal señalaron que el fuero sigue y solo se amplió el catálogo de delitos del presidente; el artículo 111 no cambió para los demás cargos. El tercero es el rezago: con más de mil juicios políticos sin resolver, el procedimiento funciona como denuncia simbólica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fuero constitucional? La inmunidad que impide procesar penalmente a legisladores, ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos sin que antes la Cámara de Diputados la retire.
¿Qué diferencia hay entre juicio político y desafuero? El juicio político sanciona políticamente (destitución e inhabilitación) y lo decide el Senado; el desafuero solo retira el fuero para que un juez procese al funcionario.
¿Cuántos votos hacen falta para un desafuero? La mayoría absoluta de los diputados presentes en el pleno erigido en Jurado de Procedencia.
¿Puede ser juzgado el presidente de México? Sí, desde 2021, por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y cualquier delito común; la acusación se presenta ante el Senado.