Sanciones de la OFAC a Los Mayos y al exesposo de la gobernadora de Baja California (2026)

Contexto previo

El Cártel de Sinaloa arrastra una fractura interna desde julio de 2024. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la detención ese mes de Ismael «El Mayo» Zambada García abrió una lucha de poder entre dos facciones, Los Mayos y Los Chapitos, a las que Washington describe como enzarzadas en una «costosa guerra civil». Estados Unidos atribuye el mando de Los Mayos a Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco», hijo del anterior, y ambas facciones ya habían sido designadas antes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Baja California está gobernada desde 2021 por Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), antes presidenta municipal de Mexicali, cuyo mandato termina en 2027. Carlos Alberto Torres Torres, abogado nacido en Mexicali en 1975, hizo su carrera en el PAN: fue diputado federal (2006-2009), candidato a la alcaldía de Tijuana (2010) y diputado local (2016-2019). El partido lo expulsó en 2019 por su presunta operación en favor de la reforma que ampliaba de dos a cinco años el mandato del gobernador. Ese año se casó con Ávila, en cuyo gobierno coordinó los Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos, un puesto que ella describió como honorario. En mayo de 2025 el Departamento de Estado le revocó el visado; la prensa de 2026 lo presenta ya como exesposo de la mandataria.

Qué ocurrió

El 29 de septiembre de 2026 el Tesoro estadounidense anunció, a través de la OFAC, la designación de 21 personas y 25 empresas —46 designaciones en total— a las que acusa de actuar como dirigentes o facilitadores de Los Mayos dentro de una red de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Las sanciones se apoyan en las órdenes ejecutivas 14059 (drogas ilícitas) y 13224 (terrorismo). Las redes señaladas operan en Culiacán, Tijuana y Mexicali, y entre las sociedades hay hoteles, casas de cambio, restaurantes, inmobiliarias y gasolineras.

Encabeza la lista Zambada Sicairos. El capítulo de Mexicali gira en torno a un jefe apodado «El Ruso», a quien el Tesoro sitúa al frente de una subfacción que dominaría esa plaza. Según el comunicado, Carlos Torres Torres es un «operador político vinculado al cártel» aliado de El Ruso, y su hermano Luis Alfonso sería el encargado de recibir sobornos y blanquear los fondos a través de empresas y campañas políticas. La OFAC atribuye a Luis Alfonso 5 empresas: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.

Según publicó La Jornada, Vida Orgánica Tijuana tiene 7 socias, entre ellas la gobernadora. Marina del Pilar Ávila no figura entre los designados y el comunicado del Tesoro ni siquiera la nombra: se refiere a Torres como «exesposo de la gobernadora de Baja California».

También fueron designados Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas que según la OFAC fue asesor legislativo del gobierno estatal. El Departamento de Estado afirmó que las designaciones «ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana».

Una designación de la OFAC es una medida administrativa adoptada conforme a la ley estadounidense: no es una acusación penal ni una condena. Carlos Torres Torres negó cualquier vínculo con el crimen organizado, y a todos los señalados les ampara la presunción de inocencia.

Respuesta del Gobierno central

La reacción documentada del Gobierno de Claudia Sheinbaum (Morena), presidenta desde octubre de 2024, llegó por la vía financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda impuso el bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar, a partir de lo comunicado por Estados Unidos. En las fuentes consultadas no consta una respuesta pública detallada de la presidenta sobre el señalamiento a Torres. El comunicado del Tesoro, por su parte, no menciona cooperación con las autoridades mexicanas y atribuye la investigación a agencias estadounidenses.

Respuesta del gobierno autonómico

El texto del Tesoro sostiene que la «narcocorrupción» ha alcanzado «los niveles más altos del gobierno del estado de Baja California». Es una afirmación de una autoridad administrativa extranjera, no un pronunciamiento judicial, y no va acompañada de la designación de ningún alto cargo en activo: los señalados son el exesposo de la gobernadora, un exjefe de la policía municipal de Mexicali y un antiguo asesor legislativo.

Marina del Pilar Ávila no está sancionada. En las fuentes consultadas no consta una respuesta pública detallada de la gobernadora ni de su gobierno a las designaciones, ni sobre su presencia entre las socias de Vida Orgánica Tijuana.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El caso toca a dos partidos. El PAN fue la formación de Torres hasta su expulsión en 2019; Morena gobierna hoy la Federación y Baja California. Las fuentes consultadas no recogen un debate específico en el Congreso de la Unión ni en el Congreso estatal, ni posicionamientos formales de las dirigencias nacionales.

El contexto es preelectoral. Baja California es una de las 17 gubernaturas que se renuevan el 6 de junio de 2027, y Morena ya ha designado a su coordinadora estatal, la figura con la que perfila a sus candidatos: la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla.

Lo dicho frente a lo hecho

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción demuestra que «ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance» de su departamento. Lo adoptado es un bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de operar con los designados; el comunicado no anuncia cargos penales.

La OFAC habla de corrupción en «los niveles más altos» del gobierno bajacaliforniano, pero no designa a ningún alto cargo estatal en ejercicio. El propio Tesoro recuerda que el objetivo de las sanciones «no es castigar, sino provocar un cambio positivo de conducta».

Torres niega cualquier vínculo, mientras Washington le ha retirado el visado y lo ha designado. En México, lo documentado es el bloqueo cautelar de la UIF; en las fuentes consultadas no consta que se le hayan formulado cargos.

Impacto económico y social

Los bienes e intereses de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC. La medida se extiende a las sociedades participadas en un 50 % o más por personas bloqueadas, y las entidades financieras extranjeras que operen con ellas se arriesgan a perder sus cuentas de corresponsalía en Estados Unidos. A ello se suma, en México, el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF.

El comunicado ilustra la escala del lavado con la casa de cambio Magic, de Tijuana: según la OFAC, su antiguo propietario fue detenido por blanquear más de 45 millones de dólares para el cártel y asesinado en esa ciudad en octubre de 2023. En el plano político, las designaciones llegan a ocho meses de la renovación de la gubernatura.

Conclusiones

Las sanciones del 29 de septiembre son un acto administrativo de Estados Unidos, revisable ante la propia OFAC, que no sustituye a un proceso penal. Queda por saber si las autoridades mexicanas abrirán una investigación propia, si los designados pedirán su exclusión de la lista y qué explicaciones darán el Gobierno federal y el estatal. La fecha política en el horizonte es el 6 de junio de 2027, cuando Baja California elegirá a quien suceda a Marina del Pilar Ávila.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió la OFAC el 29 de septiembre de 2026? Designó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y bloqueó sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

¿Quién es Carlos Torres Torres? Un exdiputado de Baja California y exesposo de la gobernadora, al que la OFAC señala como operador político y que niega cualquier vínculo.

¿Está sancionada la gobernadora Marina del Pilar Ávila? No: no figura entre los designados, aunque La Jornada la sitúa como una de las siete socias de la sancionada Vida Orgánica Tijuana.

¿Una sanción de la OFAC equivale a una condena? No: es una designación administrativa conforme a la ley estadounidense, sin juicio ni sentencia, y puede pedirse la exclusión de la lista.

¿Qué hizo el Gobierno mexicano? La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias como medida cautelar a partir de lo comunicado por Estados Unidos.