Militarización de la seguridad pública: Guardia Nacional bajo control militar (2019-2024)

Contexto previo

Desde diversas administraciones, la inseguridad ha sido uno de los problemas más recurrentes en México. La creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019 buscaba ofrecer una solución civil a la crisis de violencia, ofreciendo una estructura compuesta por más de 100.000 efectivos con una función ideal de reforzar la protección del ciudadano, alejada del comando militar. El contexto de violencia había alcanzado niveles históricos, evidenciado por 34.650 homicidios dolosos en 2018 y un creciente despliegue de operaciones militares en labores de seguridad pública. Un avance hacia una estrategia civil era visto como una posible salida hacia una gobernanza más pacífica.

Qué ocurrió

Sin embargo, en 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió reorganizar la estructura de la Guardia Nacional, colocándola bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dando así un giro significativo hacia la militarización de las fuerzas de seguridad. Este proceso culminó con la reforma constitucional del 25 de septiembre de 2024 que formalizó el mando militar permanente de la Guardia Nacional. Esta reforma es señalada por muchos expertos como el mayor retroceso en la seguridad pública desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puesto que aboga por la utilización de sistemas militares en funciones que tradicionalmente han estado bajo civilidad.

En líneas generales, el despliegue extendido del Ejército y de la Guardia Nacional en diversas obras infraestructurales—como el Tren Maya, la refinería Olmeca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)—compatibiliza la monumental reestructuración de funciones que luego transmitió un mensaje peligroso sobre la gerencia secular de las instituciones de seguridad pública.

Respuesta del Gobierno central

El Gobierno central, encabezado por Claudia Sheinbaum, tras la partida de López Obrador, ha defendido la integración de la Guardia Nacional a la estructura militar, argumentando que era una exigencia para enfrentar la creciente violencia y la actividad criminal que azota diversas regiones del país. Se ha presentado como un contexto de urgencia que justifica las reformas con el motivo implícito de restaurar la paz pública y la seguridad.

Sin embargo, esta justificación ha sido resultado de críticas por parte de diversos sectores que han advertido acerca de los riesgos que comporta la militarización de la seguridad pública, que, sin las debidas salvaguardias civiles, puede quebrantar los derechos fundamentales de los habitantes, así como conllevar a una potencial violación del estado de derecho.

Posición de los partidos y debate parlamentario

En el ámbito legislativo, la decisión de militarizar la seguridad pública generó un intenso debate. Aunque el bloque de Morena, junto con sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)item de carencia y aplastó cualquier alegato en contra, actores de la oposición—partidos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)—empezaron a manifestar su desacuerdo. Estos tickets incluent trayectorias pasadas de militarización protagonizadas históricamente por el PRI se empeza a acimercel como una grave falta a la expresión política civil que aboda valor vital a la participación de la ciudadanía en la vigilancia de las actividades policiales.

Un elemento revelador en este debate también fue la falta de claridad sobre el control y regulación de la fuerza que en colectividad combatiría actores del crimen organizado. Si bien algunas reformas pasóavisaban la inclusión de mecanismos de monitoreo y fiscalización, muchas propuestas fueron obviadas en el proceso, o bien sacadas de patrones menos visibles, lo que contribuirá a que el marco legal que regula estas acciones no fuera acorde a las exigencias actuales de la ciudadanía.

Coherencia política

Comparando las declaraciones iniciales de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la presidencia prometiendo un cambio profundo con énfasis en políticas de seguridad civil y en un futuro sin el ejército en las calles, se hace evidente la distancia entre sus palabras y las acciones que anunció, derivadas en acumuladas reformas. De manera parecida, Claudia Sheinbaum ha insistido en mantener el enfoque de combatir la violencia sin caer en una política represiva como la que antes se llevó a cabo. No se adivinan en sí mismas cambios en esta perspectiva ya que la elección está «mandando de vuelta» el Ejército como agente convencional en temas de penalidad.

Esta contraposición requiere un balance claro entre combatir la inseguridad sin sacrificar los valores democráticos básicos. Sin embargo, las acciones de estos últimos años reflejan un alejamiento de las iniciativas originalmente defendidas, llevando a una confusión respecto a cuál es el eslogan correcto de la Cuarta Transformación en la cultura de seguridad.

Impacto económico y social

El efecto de la militarización de la seguridad pública en México tiene consecuencias en diversos espacios:

1. Costos para el Estado: Se estima que el gasto asignado a materia de seguridad en el país representa el 6% del PIB, que, con más de 150.000 millones de euros, modifica un recurso que podría regenerar inversiones en áreas de salud o educación.
2. Violaciones a derechos humanos: Ha aumentado la cifra de acusaciones de abusos que involucran a fuerzas armadas. En el año 2023, informes de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) documentaron más de 1.200 casos de abuso, que han mermado la confianza en las instituciones.

1. Percepción social: Encuestas en años recientes revelan que 70% de los ciudadanos posee una opinión negativa sobre la implicación militar en la seguridad pública, facilitando nuevamente una sensación de temor cuasi-sistémico sobre el actuar cotidiano.

1. Desarrollo en proyectos de infraestructura: Si bien intentan dar solución a problemas socioeconómicos, la dependencia militar en la construcción de obras como el Tren Maya ha suscitado brechas laborales y servicios deficientes de consulta comunitaria, antecedentes que desatienden de forma clara el impacto social en que elevan una construcción sin atender necesidades reales poblacionales.

Conclusiones

La militarización de la seguridad pública, bajo la gestión del Ejecutivo federal actual, representa el mayor proceso de acercamiento militar a las tareas de seguridad civiles y entrega de la autoridad a instituciones polémicas en la historia reciente de México. La centralización del mando en la SEDENA no solo transforma el paisaje del estado, sino multiplica interrogantes en donde debe prevalecer la civilidad. Las potenciales consecuencias de modos de operar menos inclusivos todavía motivan inquietudes serias sobre el respeto al marco de empleabilidad, los gastos públicos, la integridad de la seguridad y, a pesar de la pliabilidad militar en su control y poder.

Preguntas Frecuentes:

¿Qué es la Guardia Nacional y cuándo se creó? La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad creado el 26 de marzo de 2019 como un cuerpo civil que buscaba atender la crisis de seguridad en México.

¿Por qué se militarizó la Guardia Nacional? En 2022 se decidió poner la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentando que era necesaria para combatir el creciente crimen organizado.

¿Cuál fue el impacto de la reforma del 25 de septiembre de 2024? La reforma constitucional del 25 de septiembre de 2024 formalizó el mausoleo militar permanente de la Guardia Nacional, propiciando un cambio significativo hacia la militarización definitive.

¿Cómo afecta la militarización a la ciudadanía? Existen inquietudes sobre el aumento de violaciones a los derechos humanos y al deterioro de la confianza en las instituciones de seguridad entre los ciudadanos.

¿Qué consecuencias económicas tiene esta militarización? Se estima que el gasto asignado a la seguridad pública en México representa el 6% del PIB, impactando en otros sectores como educación y salud.