Propuestas de PP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

El PP, en materia de Justicia, suele situar su agenda en torno a la defensa del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el funcionamiento eficaz de la Administración. En la Comunidad Valenciana, su enfoque se traduce en medidas para mejorar la respuesta institucional ante problemas sociales que “desbordan” a los servicios públicos, con especial énfasis en orden público y coordinación administrativa.

Puntos principales

• Agilización de la Justicia y reducción de la “morosidad” administrativa

Impulso de medidas para que los procedimientos autonómicos que afectan a la justicia (p. ej., coordinación con recursos sociales y trámites vinculados a protección de víctimas) funcionen con mayor rapidez y eficacia, evitando retrasos que agravan conflictos.

• Refuerzo de la atención a víctimas y mejora de la coordinación institucional

Desarrollo y mejora de recursos autonómicos de atención (apoyo psicosocial, orientación y acompañamiento), con el objetivo de que las víctimas reciban una respuesta más completa y coordinada con los servicios estatales y locales competentes.

• Prevención de la conflictividad social desde políticas de disciplina y convivencia

En línea con su enfoque “orden–convivencia”, el PP suele apostar por programas que reduzcan riesgos de conflictividad (especialmente en ámbitos donde hay mayor vulnerabilidad), priorizando actuaciones que refuercen normas, mediación cuando proceda y apoyo a la reinserción, evitando modelos que percibe como demasiado permisivos.

• Endurecimiento del marco de control de situaciones de vulnerabilidad ligadas a delitos

Aunque la competencia penal es estatal, el PP tiende a promover que la Generalitat active mecanismos de control y seguimiento en ámbitos de competencia autonómica (servicios sociales, centros, protocolos), para que situaciones de riesgo no queden sin intervención y se preserve la seguridad ciudadana.

• Gestión “eficiente” de políticas sociales para evitar abusos y desvíos

Tradicionalmente, el PP vincula su agenda de justicia con la lucha contra el fraude y la necesidad de que las ayudas y recursos se concedan y controlen con rigor. En el contexto de inmigración irregular, esta lógica se traduce en reforzar verificación, trazabilidad y criterios de acceso.

• Coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad y enfoque en seguridad ciudadana

El PP suele insistir en que la seguridad es un componente clave de la justicia material (protección efectiva). Por ello, promueve coordinación entre administraciones y protocolos para mejorar la respuesta ante delitos, especialmente aquellos con impacto en barrios y entornos con mayor tensión social.

Posición comparativa

Frente a Vox, que tiende a proponer medidas más “punitivas” y de control fronterizo/expulsión como eje central, el PP suele mantener un enfoque más institucional: eficacia administrativa, control del fraude y coordinación para mejorar resultados en seguridad y atención a víctimas. Respecto al PSOE y Podemos, el PP suele ser más crítico con políticas que percibe como laxas o insuficientemente orientadas a control, priorizando medidas de gestión y cumplimiento.

Análisis y perspectiva

Estas propuestas encajan con la estrategia habitual del PP: “justicia” entendida como funcionamiento efectivo del Estado (agilidad, coordinación, prevención de la conflictividad, atención a víctimas y control del fraude). Su viabilidad depende, sin embargo, de competencias: gran parte de la justicia penal y del sistema judicial corresponde al Estado, por lo que el impacto real en seguridad y reducción de delitos suele venir de la coordinación y de políticas autonómicas de apoyo/control, más que de cambios judiciales directos. En el contexto de inmigración irregular y presión sobre gasto público y seguridad, su enfoque probablemente se traduzca en mayor verificación y gestión estricta de recursos, con efectos más administrativos que coercitivos.