Propuestas de PP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

El PP, en materia de Justicia, suele enmarcar sus propuestas en la seguridad jurídica, la protección de las víctimas y la eficiencia del sistema, con un enfoque de “orden y garantías” frente a lo que considera excesiva intervención o lentitud institucional. En el ámbito autonómico (Cantabria), su discurso se centra sobre todo en coordinación con la Administración de Justicia, políticas de apoyo a víctimas y medidas organizativas.

Puntos principales

• Agilización y modernización de la Justicia (coordinación autonómica)

Impulso de medidas para reducir la demora y mejorar la gestión (digitalización/modernización de procedimientos y coordinación interadministrativa), buscando que los recursos autonómicos se orienten a la eficacia del servicio público.

• Refuerzo de la atención a víctimas y víctimas de violencia

Prioridad a programas de información, acompañamiento y protección a víctimas, con especial atención a la violencia (y, de forma transversal, a situaciones de vulnerabilidad).

• Eficiencia y “buen gobierno” en la acción pública

Enfoque en control del gasto y mejora de la gestión de servicios vinculados a Justicia (por ejemplo, mediante criterios de planificación, evaluación y resultados), evitando —según su relato— políticas “reactivas” o poco medibles.

• Seguridad ciudadana y prevención del delito como marco de Justicia

Aunque la seguridad es principalmente estatal, el PP suele conectar Justicia con prevención: reforzar la cooperación con fuerzas de seguridad y servicios de atención, para reducir conflictividad y mejorar la respuesta institucional.

• Tolerancia cero con conductas ilegales y protección del orden público

Postura de firmeza ante infracciones y delitos, defendiendo que la respuesta institucional debe ser proporcional pero decidida, y que las medidas sociales no sustituyan la acción penal.

• Tratamiento de la inmigración irregular desde la seguridad y el cumplimiento de la ley

En coherencia con su línea política general, el PP suele abogar por que la inmigración irregular se gestione con control efectivo y aplicación de la normativa, vinculando el problema al impacto en recursos públicos y a la seguridad, sin entrar en medidas de “regularización automática” como eje de la política.

Posición comparativa

Frente a Vox, el PP tiende a mantener un tono más institucional y de cumplimiento legal (menos “expulsión drástica” como consigna central), aunque coincide en la preocupación por la seguridad y el control. Respecto al PSOE y Podemos, el PP suele criticar enfoques que percibe como insuficientes para contener la conflictividad o que, a su juicio, priorizan políticas sociales sin resolver la dimensión de orden, tiempos judiciales y aplicación efectiva de la ley.

Análisis y perspectiva

La viabilidad de estas propuestas en Cantabria depende de que el PP pueda traducir su agenda en medidas concretas en el ámbito autonómico (apoyo a víctimas, coordinación, gestión y modernización), ya que la Justicia “central” (juzgados y jueces) recae principalmente en el Estado. En el contexto actual de preocupación por inmigración irregular y seguridad, la línea del PP probablemente gane apoyo por su énfasis en orden y eficacia, pero su impacto real sobre tiempos judiciales y seguridad dependerá de la capacidad de coordinación con el Gobierno de España y de la dotación de recursos.