Propuestas de PP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

El PP, en su enfoque de “orden y seguridad” y de “garantía de derechos” desde un modelo liberal-conservador, tiende a vincular la justicia con la eficiencia de la administración, la protección de víctimas y el cumplimiento estricto de la ley. En el contexto canario de presión migratoria, suele defender respuestas normativas y operativas para reducir la inseguridad percibida y el impacto sobre servicios públicos.

Puntos principales

• Agilización y modernización de la Justicia autonómica

Impulso de medidas para reducir la demora y mejorar la organización/gestión (digitalización, coordinación administrativa y refuerzo de recursos donde existan cuellos de botella), con foco en que el ciudadano perciba una justicia “más rápida y eficaz”.

• Refuerzo de la protección a víctimas y de la seguridad jurídica

Prioridad a programas de atención integral a víctimas y a la mejora de la respuesta institucional, defendiendo que la justicia debe actuar con rapidez y con seguridad jurídica para reforzar la confianza social.

• Apoyo a la mediación y soluciones extrajudiciales (cuando proceda)

En línea con su tradición de promover mecanismos alternativos para descongestionar juzgados (siempre bajo garantías), el PP suele apostar por fórmulas extrajudiciales para determinados conflictos, sin sustituir el papel del sistema judicial.

• Coordinación interinstitucional para la prevención del delito

Defensa de una coordinación más estrecha entre administraciones (autonómica/municipal) y con los cuerpos y fuerzas de seguridad para prevenir el delito y mejorar la respuesta ante incidentes, especialmente en entornos con mayor vulnerabilidad social o presión migratoria.

• Enfoque de “cumplimiento de la ley” ante inmigración irregular con impacto en seguridad

Aunque la competencia directa en extranjería y fronteras es estatal, el PP suele sostener que las administraciones autonómicas deben colaborar de forma estricta con las autoridades competentes, evitando “incentivos” indirectos y reforzando el control y la gestión de recursos para que no se traduzca en desorden o desprotección.

• Fortalecimiento de programas sociales con condicionalidad y control del uso de recursos

En coherencia con su línea de gestión “eficiente y con control”, tiende a plantear que las políticas de apoyo (incluidas las dirigidas a población vulnerable) se basen en criterios verificables, seguimiento y enfoque en integración con obligaciones claras, para evitar abusos y tensiones con la seguridad ciudadana.

Posición comparativa

Frente a Vox, el PP no suele proponer expulsiones masivas como medida central, pero sí comparte la preocupación por el impacto de la inmigración irregular en seguridad y costes, intentando canalizar la respuesta por la vía de la legalidad, la coordinación y la gestión estricta. Con PSOE y Podemos, el PP suele confrontar la idea de que determinadas políticas sociales o de acogida puedan “agravar” el problema, defendiendo un enfoque más orientado a control, eficacia y cumplimiento normativo.

Análisis y perspectiva

Estas propuestas encajan con el estilo del PP: priorizan eficiencia institucional, coordinación y una lectura “seguridad-legalidad” del problema, lo que puede mejorar la percepción ciudadana si se traduce en medidas operativas (tiempos, recursos, coordinación real). Sin embargo, su impacto en “justicia” puede estar condicionado por competencias estatales y por la capacidad presupuestaria; si no se acompaña de refuerzos concretos y coordinación efectiva, el efecto puede quedarse en marcos generales más que en resultados medibles.