Propuestas de PP · Seguridad · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

El PP, en Baleares y en el marco autonómico, suele situar la seguridad y el orden público como ejes de gobierno, vinculándolos a la prevención, la coordinación con las fuerzas y cuerpos del Estado y la tolerancia cero frente a la delincuencia. En el debate sobre inmigración irregular, su enfoque histórico tiende a priorizar el control y la gestión eficaz para minimizar impactos en la seguridad y en el gasto público.

Puntos principales

• Coordinación reforzada con el Estado y las FCSE

Impulso de mecanismos de coordinación con Guardia Civil/Policía Nacional para mejorar la respuesta ante delitos y redes criminales, evitando “duplicidades” autonómicas y centrando la acción en lo que la Comunidad puede aportar.

• Planes de seguridad y prevención del delito (en especial en entornos urbanos)

Programas de prevención con enfoque práctico (iluminación, control de puntos sensibles, mediación y medidas contra la reincidencia), orientados a reducir oportunidades delictivas más que a medidas meramente reactivas.

• Políticas de “mano dura” contra la delincuencia y la reincidencia

En línea con su discurso tradicional, apuesta por endurecer la respuesta institucional ante delitos y reincidentes, promoviendo una actuación más firme de los servicios implicados en el ámbito autonómico (p. ej., recursos de apoyo a víctimas y programas de reinserción con control y exigencia).

• Gestión del fenómeno migratorio desde la seguridad y la sostenibilidad

Defensa de una gestión “ordenada” de la inmigración, con énfasis en el control de la irregularidad y en la necesidad de que la llegada de personas no desborde servicios públicos. En la práctica, suele traducirse en exigir al Gobierno central más eficacia en fronteras, identificación y derivación administrativa.

• Refuerzo de la atención a víctimas y medidas frente a violencia y delitos graves

Prioridad a la protección de víctimas y a la mejora de circuitos de atención (información, acompañamiento y coordinación interinstitucional), con la seguridad como criterio rector de la política pública.

• Tolerancia cero frente a conductas que degradan la convivencia

En su narrativa, se incluyen medidas para combatir fenómenos asociados a alarma social (alteración del orden, conflictos en espacios públicos, actividades delictivas en zonas concretas), apoyándose en prevención situacional y vigilancia indirecta mediante coordinación.

Posición comparativa

Frente a Vox, el PP suele mantener un enfoque más institucional y de coordinación, evitando el maximalismo expulsivo y centrando el discurso en el control y la gestión eficaz, con dependencia del marco estatal. Frente a PSOE y Podemos, el PP tiende a criticar políticas percibidas como insuficientes o demasiado garantistas para el orden público, defendiendo un enfoque más “preventivo y sancionador” y una lectura de la inmigración vinculada a seguridad y sostenibilidad de servicios.

Análisis y perspectiva

La viabilidad de estas propuestas en Baleares es relativamente alta en lo autonómico si se materializan en coordinación real, prevención y mejora de circuitos (víctimas, mediación, recursos y seguimiento), pero su impacto directo sobre inmigración irregular depende en gran medida del Gobierno central y de las FCSE. El principal reto político será sostener medidas preventivas y de gestión con resultados medibles, evitando que el discurso de “seguridad” se perciba como principalmente retórico frente a problemas estructurales (capacidad policial, tiempos judiciales y coordinación interadministrativa).