Qué es
El Ministerio Público de Chile, la Fiscalía, es el organismo autónomo que dirige la investigación de los delitos, ejerce la acción penal pública y protege a víctimas y testigos. No forma parte del Poder Judicial ni del Gobierno: tiene su propio capítulo en la Constitución chilena (el VII, artículos 83 a 91), incorporado por la reforma constitucional del 16 de septiembre de 1997, y su ley orgánica, la Ley 19.640, de 15 de octubre de 1999. Lo encabeza desde enero de 2023 el fiscal nacional Ángel Valencia.
Es la pieza central de la reforma procesal penal: hasta 2000 un mismo juez del crimen investigaba, acusaba y sentenciaba; desde entonces investigan los fiscales, controlan los juzgados de garantía y condenan los tribunales de juicio oral. En 2026 está bajo presión por dos frentes: el crimen organizado, con la nueva Fiscalía Supraterritorial, y los grandes casos de corrupción (Penta, SQM, Hermosilla), con condenas, absoluciones y reproches de los tribunales.
Funciones y competencias
El artículo 83 de la Constitución le encarga dirigir «en forma exclusiva» la investigación de los delitos, ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos; no puede ejercer funciones jurisdiccionales. Los fiscales dan órdenes a Carabineros y a la PDI, piden al juez de garantía las medidas cautelares, formalizan a los imputados y sostienen la acusación en el juicio oral. Desde 2024 la Constitución reconoce además a la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad que cruzan regiones o fronteras.
Composición
- Fiscalía Nacional, en Santiago: el fiscal nacional, el director ejecutivo nacional, las divisiones administrativas y ocho unidades especializadas, de crimen organizado y drogas a anticorrupción, delitos sexuales y derechos humanos.
- 19 fiscalías regionales: una por región, salvo la Metropolitana, que tiene cuatro (Centro Norte, Oriente, Occidente y Sur).
- 140 fiscalías locales, donde trabajan los fiscales adjuntos.
- Fiscalía Supraterritorial, con competencia nacional y un fiscal jefe de exclusiva confianza del fiscal nacional; el primero es Miguel Orellana, hasta entonces fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente.
La planta fijada por la Ley 19.640 suma 801 fiscales (el nacional, 19 regionales y 781 adjuntos) y 3.609 funcionarios, 4.410 personas. El presupuesto de 2026 (Ley 21.796) es de 295.375 millones de pesos, 215.985 millones de ellos en personal; incluye 12.575 millones del Ministerio del Interior para el Plan Calles sin Violencia.
Cómo se elige o nombra
El fiscal nacional se designa en tres pasos que fija el artículo 85 de la Constitución: la Corte Suprema elabora una quina, el presidente de la República elige a uno y el Senado lo aprueba por dos tercios de sus miembros en ejercicio; si lo rechaza, la Corte repone un nombre y el ciclo se repite. Debe tener diez años de título de abogado y 40 años cumplidos, dura ocho años, no puede repetir y cesa a los 75.
La designación de Ángel Valencia muestra lo que ese quórum significa. Jorge Abbott dejó el cargo el 1 de octubre de 2022 al cumplir 75 años y el Senado rechazó a los dos primeros candidatos de Gabriel Boric, José Morales y Marta Herrera. A la tercera, el 9 de enero de 2023, Valencia fue ratificado con 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones (se necesitaban 33), tras cien días de vacancia; asumió el 12 de enero. Los fiscales regionales los nombra el fiscal nacional a partir de ternas de las cortes de apelaciones, también por ocho años, y los adjuntos entran por concurso público.
Marco legal
Capítulo VII de la Constitución, Ley 19.640 y Código Procesal Penal. La reforma procesal penal se implantó por etapas regionales, del 16 de diciembre de 2000 (Coquimbo y La Araucanía) al 16 de junio de 2005 (Región Metropolitana, tras dos postergaciones).
Tres leyes recientes han cambiado la institución: la Ley 21.644 (2 de febrero de 2024) reformó la Constitución para crear la Fiscalía Supraterritorial; la Ley 21.771 (1 de octubre de 2025) la puso en marcha, con un Sistema de Análisis Criminal y la posibilidad de radicar sus causas en los tribunales de Santiago, en vigor seis meses después; y la Ley 21.812 (1 de abril de 2026), de fortalecimiento del Ministerio Público, creó un registro público de las instrucciones de los fiscales, nombramientos por mérito y medidas de seguridad para fiscales en causas peligrosas.
Historia y evolución
Durante siete décadas el juez del crimen concentró investigación y fallo. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle impulsó la reforma: la Ley 19.519 de 1997 creó el organismo en la Constitución y la Ley 19.640 lo organizó en 1999. Guillermo Piedrabuena fue el primer fiscal nacional; le siguieron Sabas Chahuán, Jorge Abbott y, desde 2023, Ángel Valencia.
La segunda etapa es la del crimen organizado. El Gobierno de Boric promulgó en 2024 la reforma constitucional de la Fiscalía Supraterritorial y en septiembre de 2025 la ley que la crea; el ministro de Justicia Jaime Gajardo las presentó como «el fortalecimiento más grande que ha tenido el Ministerio Público en su historia», con unos 7.000 millones de pesos anuales y un centenar de profesionales para la nueva fiscalía.
Críticas y polémicas recientes
- SQM: once años para una absolución. El 22 de octubre de 2025 el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM (financiamiento irregular de la política), entre ellos Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami, tras once años de investigación y casi tres de juicio, y reprochó a la Fiscalía la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Fiscalía Regional de Valparaíso presentó el 4 de septiembre de 2026 un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pendiente de fallo. El caso Penta, abierto en 2014 por evasión tributaria y dinero político ilegal, se cerró en cambio con acuerdos con la Fiscalía y penas sustitutivas que incluyeron un curso de ética para los dueños del grupo.
- Hermosilla y «Muñeca Bielorrusa». La Fiscalía Metropolitana Oriente pide 14 años de cárcel para el abogado Luis Hermosilla, con audiencia de preparación del juicio oral el 1 de marzo de 2027; la defensa de Hermosilla acusa «filtraciones selectivas». La misma rama llevó a la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, formalizada en enero de 2026 por cohecho y lavado de activos; ella rechaza los cargos.
- Autonomía presupuestaria. En octubre de 2026 la Contraloría representó un decreto de Hacienda que creaba un programa presupuestario separado para la Fiscalía Supraterritorial: obligar al fiscal nacional a pedir permiso a Hacienda para mover esos fondos «introduciría un control externo incompatible con su autonomía».
- Dotación y nombramiento. Al presentar el proyecto de fortalecimiento en octubre de 2023, el entonces ministro de Justicia Luis Cordero fijó la meta de cinco fiscales por cada 100.000 habitantes. Y el rechazo de dos candidatos en 2022-2023 mostró que el quórum de dos tercios convierte cada designación en una negociación entre La Moneda y la oposición.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el fiscal nacional de Chile? Ángel Valencia, ratificado por el Senado el 9 de enero de 2023 con 40 votos a favor, en funciones desde el 12 de enero por ocho años.
¿Cómo se nombra al fiscal nacional? La Corte Suprema propone una quina, el presidente de la República elige y el Senado ratifica por dos tercios de sus miembros en ejercicio.
¿Cuántas fiscalías tiene el Ministerio Público? Una Fiscalía Nacional, 19 fiscalías regionales, 140 fiscalías locales y, desde abril de 2026, la Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado.
¿Qué es la Fiscalía Supraterritorial? Una fiscalía de competencia nacional creada por la Ley 21.771 de 2025 para investigar crimen organizado y delitos complejos que cruzan regiones o fronteras, dirigida por Miguel Orellana.
¿Cuál es el presupuesto del Ministerio Público en 2026? 295.375 millones de pesos según la Ley 21.796, el 73 % en personal, para 801 fiscales y 3.609 funcionarios.