Crisis institucional del Supremo Tribunal Federal (2026)

El 1 de septiembre de 2026, a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones generales brasileñas, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça levantó el secreto de sumario de un informe de la Policía Federal elaborado por orden suya, que atribuye al también ministro Alexandre de Moraes una serie de mensajes intercambiados con el banquero Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master. Dos días después, Moraes pidió al presidente del tribunal, Edson Fachin, que se investigara a su colega. Fachin abrió un procedimiento propio y dio cinco días hábiles a las partes para explicarse. Es el choque público más grave entre miembros del Supremo brasileño desde la redemocratización, y se produce mientras el tribunal sigue tramitando las causas derivadas de la trama golpista de 2022.

El levantamiento del secreto

La decisión de Mendonça se dictó en la Petición 16.662, un procedimiento abierto después de que la Policía Federal aportara nuevos elementos sobre la presunta red de influencia y de monitoreo atribuida a Vorcaro dentro de la Operación Compliance Zero, que investiga el fraude bancario en el Banco Master. En su despacho, Mendonça no citó a Moraes por su nombre: se refirió a los diálogos hallados en el teléfono del banquero con «otra persona, hasta entonces, no identificada». Ese mismo día, un reportaje de O Estado de S. Paulo identificó a Moraes como el interlocutor.

El informe policial, de más de doscientas páginas, analiza mensajes, llamadas y documentos extraídos del móvil de Vorcaro. Según la interpretación de los investigadores —una hipótesis de trabajo, no un hecho probado—, los diálogos indicarían que el banquero tuvo conocimiento anticipado de una investigación y de expedientes en tramitación en el Banco Central que podían perjudicarle, y que buscó la intervención de autoridades implicadas en esas decisiones. En uno de los mensajes, Vorcaro pide «reforzar» con «Andrei y Paulo», en referencia, según la Policía Federal, al director general del cuerpo, Andrei Rodrigues, y al procurador general de la República, Paulo Gonet. Los últimos mensajes están fechados el 15 de noviembre de 2025, dos días antes de la detención del empresario.

Moraes ha sostenido que la filtración tiene «el propósito de atribuir o insinuar la práctica de actos ilícitos por miembros del Supremo». El procurador general Paulo Gonet, citado también en el material, presentó ese 1 de septiembre una manifestación en la que pide la anulación de lo actuado: a su juicio, Mendonça acumuló las funciones de juez e investigador y la decisión de investigar a un ministro del tribunal corresponde al pleno, no a un magistrado en solitario. Gonet añadió que la diligencia partió del propio relator, sin petición previa de la Policía Federal ni del Ministerio Público.

La reacción de Moraes y el procedimiento de Fachin

El 3 de septiembre, Moraes remitió a Fachin documentación policial que, a su entender, revela «fuertes indicios» de improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y favorecimiento a determinados grupos políticos en la actuación de Mendonça como relator de la Operación Compliance Zero y de la Operación Sem Desconto, la que investiga el desvío de fondos del INSS. Formuló la petición dentro del Inquérito 4.781, el llamado inquérito de las fake news, y ordenó levantar el secreto de ese material y dar cuenta a la Fiscalía General.

Moraes agrupó las conductas atribuidas a su colega en tres bloques: interferencia en la conducción de las investigaciones policiales; participación irregular en las negociaciones de delación premiada, que la ley brasileña veda al juez; y direccionamiento de las pesquisas hacia objetivos concretos, entre ellos él mismo y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Su decisión subraya que ni la Policía Federal ni la Fiscalía hallaron hecho alguno que pudiera configurar una infracción penal cometida por él. Dos días antes había ordenado a la Policía Federal remitir al STF todos los informes de inteligencia que mencionaran a integrantes de la corte; la respuesta incluyó documentos referidos a Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques y al propio Moraes.

Fachin respondió el mismo 3 de septiembre concentrando ambos frentes en un procedimiento bajo su dirección y requiriendo a Moraes, Mendonça, Gonet y Andrei Rodrigues que se pronuncien por escrito en cinco días hábiles sobre las circunstancias de la Petición 16.662, entre ellas el cumplimiento de las reglas aplicables a la investigación de autoridades aforadas ante el Supremo. Corresponde a la presidencia del tribunal, escribió, velar por que «la posible apreciación colegiada se haga, a tiempo y modo», con respeto al debido proceso y a la contradicción.

El 6 de septiembre, Mendonça liberó el informe para su juicio en el pleno del Supremo, que deberá decidir si se abre o no una investigación formal contra Moraes. Corresponde a Fachin fijar la fecha y no existe un plazo tasado. A 10 de septiembre de 2026 ninguna de las dos cuestiones está resuelta: el plazo de descargos vence el 11 de septiembre y el análisis del caso se espera a partir de la semana siguiente.

El trasfondo: el colapso del Banco Master

La crisis hunde sus raíces en la caída del Banco Master, liquidado por el Banco Central por sospechas de fraude, con un agujero estimado en unos 52.000 millones de reales y un impacto sin precedentes sobre el Fondo Garantizador de Créditos. Vorcaro fue detenido el 17 de noviembre de 2025 en la pista del aeropuerto de Guarulhos, en el marco de la Operación Compliance Zero, cuando se disponía a salir del país.

Como la investigación alcanzó a personas aforadas, el caso llegó al Supremo y se repartió inicialmente al ministro Dias Toffoli. En febrero de 2026, tras publicarse que Vorcaro había comprado participaciones en un complejo turístico de la familia del magistrado, Toffoli dejó la ponencia y Fachin designó a Mendonça. Ya entonces se sabía que la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, tenía un contrato de servicios con el banco; el informe liberado por Mendonça lo incorpora, por un importe neto de 108 millones de reales en 36 meses. El escándalo ha salpicado a políticos de distintos signos.

Un choque a un mes de las urnas

El calendario es inseparable del caso. La primera vuelta de las elecciones generales se celebra el 4 de octubre de 2026, con Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aspirando a la reelección y Flávio Bolsonaro (PL) como principal rival. Los sondeos de comienzos de septiembre situaban a Lula entre el 37 % y el 39 % y a Flávio Bolsonaro entre el 29 % y el 34 % en primera vuelta, con al menos una encuesta que en simulación de segunda vuelta daba una ventaja de 46 % a 45 % al candidato del PL, dentro del margen de error.

Mendonça fue propuesto para el Supremo por Jair Bolsonaro y aprobado por el Senado en 2021; el expresidente cumple condena en régimen domiciliario tras ser declarado culpable de golpe de Estado en un proceso del que fue ponente Moraes. El mismo 1 de septiembre, la revista piauí publicó un reportaje basado en informes del COAF sobre transferencias de Vorcaro al fondo que financió una película biográfica de Bolsonaro promovida por su hijo.

De ahí las dos lecturas que circulan en Brasilia. Analistas y sectores próximos al Gobierno sostienen que el momento elegido por Mendonça buscaba un efecto electoral; quienes defienden su actuación replican que adoptó las medidas para preservar las reglas de investigación de los ministros del Supremo y que por eso remitió el asunto al pleno. La ministra Cármen Lúcia ha señalado, según la prensa brasileña, errores en la conducta de ambos magistrados sin tomar partido, y dirigentes de la derecha extraparlamentaria convocaron actos de protesta contra el tribunal.

Preguntas frecuentes

¿Qué desencadenó la crisis del Supremo brasileño en 2026? El 1 de septiembre de 2026 el ministro André Mendonça levantó el secreto de un informe de la Policía Federal, encargado por él mismo, con mensajes del móvil del banquero Daniel Vorcaro atribuidos al ministro Alexandre de Moraes.

¿Qué pidió Alexandre de Moraes? El 3 de septiembre solicitó al presidente del STF, Edson Fachin, que se investigara a Mendonça por «fuertes indicios» de improbidad administrativa, abuso de autoridad y delito de responsabilidad, y levantó el secreto de informes de inteligencia sobre su actuación.

¿Qué decidió Edson Fachin? Abrió un procedimiento bajo su dirección y dio cinco días hábiles a Moraes, Mendonça, el procurador general Paulo Gonet y el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para pronunciarse por escrito, con vistas a llevar el asunto al pleno.

¿Qué sostiene el procurador general Paulo Gonet? Que la decisión de Mendonça es nula, porque acumuló funciones de juez e investigador y porque la competencia para investigar a un ministro del Supremo corresponde al pleno del tribunal, no a un magistrado por su cuenta.

¿Por qué importa el calendario electoral? Porque el choque estalló a 33 días de la primera vuelta del 4 de octubre de 2026, en la que Lula busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, y mientras el Supremo sigue tramitando las causas de la trama golpista de 2022.