Tres mandatos y la presidencia de la Diputación
Pérez, concejal desde 1995 y jefe de la oposición durante el gobierno socialista de Agustín Navarro (2009-2015), recuperó la Alcaldía para el PP el 13 de junio de 2015 como cabeza de la lista más votada, con solo 8 concejales y en minoría. En 2019 logró la mayoría absoluta (13) y en mayo de 2023 la amplió a 16, con casi 14.000 votos. El pleno actual lo completan el PSOE, con 8 concejales y Cristina Escoda como portavoz, y Vox, con 1.
Desde julio de 2021 preside el PP de la provincia de Alicante y desde el 12 de julio de 2023 la Diputación de Alicante, en sustitución de Carlos Mazón. Esa doble responsabilidad es uno de los argumentos recurrentes de la oposición: Escoda le ha pedido que deje sus cargos en la Diputación y en el partido para dedicarse a Benidorm.
Serra Gelada: una sentencia de 350 millones
El origen del problema es un convenio de 2003, firmado bajo la Alcaldía del popular Vicente Pérez Devesa con los propietarios del sector APR-7, en Serra Gelada, para trasladar sus derechos de edificación a otras zonas del municipio. En 2005 el plan de ordenación de recursos naturales declaró esos terrenos parque natural, pero los convenios se mantuvieron e incluso se prorrogaron en 2010 y 2013. En 2015 los dueños, Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000, valoraron sus derechos en 280 millones y en 2018 demandaron al Ayuntamiento.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fijó una indemnización de 283 millones más intereses, el Tribunal Supremo rechazó el recurso municipal en 2024 y el Constitucional inadmitió el amparo el 8 de enero de 2026. Con los intereses, la deuda ronda los 350 millones, más del doble del presupuesto ordinario de la ciudad. El gobierno local sostiene que los convenios son nulos y mantiene otros pleitos abiertos; Escoda, por su parte, afirmó en junio de 2025 que la sentencia acredita que Pérez es «el alcalde con la peor gestión» y deja una herencia «envenenada» para décadas.
En marzo de 2026 el pleno aprobó el plan de pago: 60 millones antes del 31 de diciembre de 2026, financiados en parte con un préstamo de 55 millones del Fondo de Impulso Económico del Estado; amortizaciones obligatorias desde 2027 de al menos el 8 % de los ingresos corrientes de cada presupuesto, y la entrega de suelo municipal, en un plazo de cinco años, para saldar 67,4 millones de intereses. Según el gobierno, el plan evita subir impuestos y recortar servicios. Pérez ha defendido que el pago no será «la ruina» de Benidorm.
224 millones, con el préstamo judicial dentro
El presupuesto de 2026, con ingresos y gastos por encima de 224,7 millones, recibió la aprobación definitiva a comienzos de junio de 2026 con los votos del PP y el rechazo de PSOE y Vox. Antes, el pleno había aprobado el plan económico-financiero exigido por el incumplimiento puntual de la estabilidad presupuestaria en 2025, vinculado al impacto contable de Serra Gelada, con el apoyo de PP y Vox y la abstención socialista. Las inversiones alcanzan 93,5 millones, inflados por el préstamo del pago judicial; el gasto de personal sube a 50,4 millones. El PSOE acusó al alcalde de una «venta de humo masiva» en el capítulo inversor.
Entre los proyectos figura Open Arena Benidorm, 15 millones de fondos europeos para convertir la plaza de toros en espacio multifuncional, crear un centro juvenil y conectar mejor el barrio de Els Tolls. La deuda viva del Ayuntamiento bajó de 58,3 millones a finales de 2024 a 32,9 millones a finales de 2025, según Hacienda, antes de que el préstamo de Serra Gelada vuelva a elevarla.
Basuras sin contrato, ZBE y pisos turísticos
La recogida de residuos y la limpieza viaria las presta FCC con el contrato caducado desde 2018 y prórrogas anuales. Un primer pliego fue anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; el nuevo, de 10 años más uno de transición y 249,7 millones, salió a licitación a finales de diciembre de 2025 y recibió tres ofertas en febrero de 2026. A mediados de año el PSOE denunciaba que seguía sin adjudicarse, tras siete años y medio de contrata caducada.
La zona de bajas emisiones entró en vigor el 1 de julio de 2025, tras seis meses informativos, con multas de 200 euros, 100 con pronto pago, para vehículos sin autorización; los empadronados pueden acceder al centro. En viviendas turísticas, el Ayuntamiento descartó suspender licencias como otros municipios de la comarca, asumió a mediados de 2025 la inspección y la potestad sancionadora y, en julio de 2026, impuso las primeras multas por 100.000 euros tras revisar cerca de 200 pisos. El PSOE reclama una ordenanza propia y más inspectores.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el alcalde de Benidorm? Toni Pérez, del PP, alcalde desde el 13 de junio de 2015 y presidente de la Diputación de Alicante desde 2023.
¿Qué partido gobierna en Benidorm? El PP, con mayoría absoluta de 16 de los 25 concejales.
¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Benidorm? Tiene 25: 16 del PP, 8 del PSOE y 1 de Vox.
¿Cuál es el presupuesto de Benidorm en 2026? Supera los 224,7 millones de euros, con 93,5 millones de inversiones que incluyen el primer pago de Serra Gelada.
¿Qué es la sentencia de Serra Gelada? Una condena firme a pagar unos 350 millones a los dueños de suelos del sector APR-7, por un convenio urbanístico de 2003.