Jorge Díaz Almeida

Jorge Díaz Almeida (Fraile Muerto, Cerro Largo, 30 de abril de 1967) es un abogado y exmagistrado uruguayo, prosecretario de la Presidencia de la República desde el 1 de marzo de 2025 en el gobierno de Yamandú Orsi. Fue fiscal de Corte y procurador general de la Nación entre 2012 y 2021 y no tiene afiliación partidaria conocida. En octubre de 2026 conduce la respuesta del Ejecutivo en materia de lavado de activos tras la Operación Trazador: el 6 de octubre reunió a la comisión coordinadora y afirmó que «no funcionaron las alertas que debieron funcionar».

Trayectoria política

Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1994 y ese mismo año ingresó al Poder Judicial como juez de paz en San Ramón (Canelones). Durante una década recorrió juzgados del interior: otras sedes de Canelones, Mercedes, Paso de los Toros, Paysandú, Maldonado y Ciudad de la Costa. En noviembre de 2005 llegó a Montevideo como juez letrado en lo penal de 4.º turno y en diciembre de 2008 pasó a ser titular de uno de los dos juzgados especializados en crimen organizado que acababan de crearse.

A propuesta del gobierno de José Mujica, y con venia unánime del Senado, fue designado fiscal de Corte y procurador general de la Nación el 16 de abril de 2012. En ese cargo impulsó dos reformas: la ley 19.334, de 2015, que convirtió la Fiscalía General de la Nación en un servicio descentralizado con mayor autonomía respecto del Poder Ejecutivo, y la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017, que sustituyó el sistema inquisitivo por uno acusatorio con la investigación a cargo de los fiscales.

Renunció en octubre de 2021, unos seis meses antes de cumplir el máximo de diez años en el cargo, y pasó a ejercer la abogacía. En diciembre de 2024 el entonces presidente electo Orsi anunció su designación como prosecretario de la Presidencia, puesto en el que acompaña al secretario Alejandro Sánchez.

Relación con el pueblo

Su notoriedad pública procede de su etapa como juez de crimen organizado y, sobre todo, de los casi diez años al frente de la Fiscalía, cuando la reforma procesal cambió el funcionamiento de la justicia penal uruguaya. Su paso al ejercicio privado de la abogacía después de dejar el cargo le valió críticas de algunos sectores.

En octubre de 2025 firmó junto con Sánchez la denuncia penal por el caso Cardama, relativo al contrato de dos patrulleras oceánicas para la Armada. Su diagnóstico sobre el lavado fue discutido por la oposición: el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que las redes de cobranza ya son sujetos obligados y están supervisadas por el Banco Central, y el nacionalista Pablo Abdala habló de «oportunismo político».

Posiciones y perfil político

Se le percibe como un jurista de perfil técnico más que como un dirigente de partido: sirve en un gobierno del Frente Amplio sin que se le atribuya militancia. Su trayectoria está asociada a la autonomía del Ministerio Público y al modelo acusatorio.

Tras la Operación Trazador, que el 17 de septiembre de 2026 golpeó a una red de narcotráfico en Montevideo y derivó en la condena por lavado de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, convocó a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Sostuvo que la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023 no contempló el uso de redes de cobranza para introducir dinero ilícito en el sistema financiero, señaló el manejo de grandes sumas de efectivo en billetes de baja denominación como indicador de riesgo y cuestionó que el narcotráfico y el lavado no se investigaran juntos. La comisión dispone de 15 días para proponer cambios en la evaluación de riesgos y en la estrategia nacional contra el lavado, y el Gobierno estudia ajustar la normativa sobre redes de pagos.

Preguntas frecuentes

¿A qué partido pertenece Jorge Díaz Almeida? No tiene afiliación partidaria conocida; integra como prosecretario el gobierno del Frente Amplio que preside Yamandú Orsi.

¿Qué cargo ocupa? Es prosecretario de la Presidencia de la República desde el 1 de marzo de 2025.

¿Qué hizo como fiscal de Corte? Entre 2012 y 2021 impulsó la autonomía de la Fiscalía y la implantación del proceso penal acusatorio, vigente desde 2017.

¿Qué dijo tras la Operación Trazador? Que las alertas contra el lavado no funcionaron, y dio 15 días a la comisión coordinadora para proponer cambios.