Rita Alarcão Júdice

Rita Alarcão Júdice es ministra de Justicia de Portugal desde abril de 2024, en los gobiernos encabezados por Luís Montenegro al frente de la Aliança Democrática (AD). Abogada especializada en derecho inmobiliario y vinculada al PSD —el Partido Social Demócrata, principal fuerza del centroderecha portugués—, ha centrado su mandato en la agenda anticorrupción, la pacificación laboral de los tribunales y la reforma del sistema judicial.

Trayectoria política

Nació el 8 de diciembre de 1973 y se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidade Católica Portuguesa de Lisboa en 1997. Desarrolló su carrera profesional en la abogacía privada, con especialización en derecho inmobiliario y urbanístico, un ámbito que la vinculó a las políticas de vivienda antes de su entrada en el Gobierno. Es hija de José Miguel Júdice, exbastonário de la Ordem dos Advogados —el colegio profesional de la abogacía portuguesa— y antiguo dirigente del PSD en la distrital de Lisboa, un apellido con peso propio en el mundo jurídico del país.

Su entrada en la política se produjo a través del Conselho Estratégico Nacional del PSD, el órgano de elaboración programática del partido, donde fue coordinadora del área de vivienda durante la etapa de oposición. En las elecciones legislativas de marzo de 2024 fue elegida diputada en la Assembleia da República, el Parlamento portugués, por el círculo de Coimbra. Poco después, el 2 de abril de 2024, tomó posesión como ministra de Justicia del XXIV Gobierno Constitucional. Tras las elecciones anticipadas de mayo de 2025 y la formación del XXV Gobierno, Montenegro la mantuvo en el cargo, una continuidad poco frecuente en una cartera históricamente inestable.

Relación con el pueblo

Júdice es una ministra de perfil técnico más que de mitin: su interlocución cotidiana se produce con las magistraturas, la Ordem dos Advogados, los sindicatos del sector y las comisiones parlamentarias, y no con actos de masas. Esa condición de independiente incorporada por la cuota del PSD le ha dado margen para negociar con actores corporativos, aunque también la ha expuesto a la crítica de carecer de base política propia dentro del partido.

El episodio que mejor define esa faceta negociadora es el acuerdo alcanzado en febrero de 2025 con los dos sindicatos representativos de los oficiales de justicia sobre la revisión de su estatuto y su carrera profesional. El pacto cerró la huelga de horas extraordinarias que los funcionarios judiciales mantenían desde 1999 y que durante un cuarto de siglo lastró el funcionamiento de los tribunales; la ministra expresó entonces la expectativa de que abriera "una nueva fase de total pacificación". En abril de 2026 su ministerio firmó un nuevo acuerdo con los sindicatos para continuar la aplicación de la revisión de carrera, aunque las organizaciones profesionales han seguido reclamando por el ritmo de ejecución.

Con la prensa mantiene un tono contenido, aunque protagonizó un cruce institucional relevante en enero de 2025, cuando respondió al presidente del Supremo Tribunal de Justiça que "la política de justicia la define el Gobierno" y a los tribunales les corresponde aplicarla, en defensa de la frontera entre la función ejecutiva y la judicial.

Posiciones y perfil político

Su bandera más visible es la Agenda Anticorrupción, un paquete de 32 medidas que su ministerio presentó como palanca para impulsar "la tan deseada reforma de la Justicia". Entre sus piezas centrales figuran la ampliación del mecanismo de pérdida de bienes de origen ilícito —cuyo anteproyecto pasó por Consejo de Ministros y por consulta pública— y la reestructuración del MENAC, el Mecanismo Nacional Anticorrupción. Ha defendido esa agenda como "una cuestión de seriedad del Estado de derecho".

El segundo eje es la desburocratización: el Consejo de Ministros aprobó bajo su impulso un conjunto de diplomas para reformar y simplificar la justicia administrativa y fiscal, la jurisdicción más congestionada del sistema portugués y una de las quejas recurrentes del tejido empresarial. Le corresponde además la aplicación de la reforma de la Ley de Nacionalidad, aprobada en 2026 mediante ley orgánica que modifica la norma de 1981 y endurece los requisitos de acceso a la ciudadanía portuguesa, un asunto que la ha situado en el centro del debate migratorio que domina la legislatura y en el que el Gobierno negocia con Chega y con el Partido Socialista.

Dentro del PSD se la percibe como una ministra de continuidad y perfil bajo, apreciada por la capacidad de cerrar acuerdos corporativos; fuera del Gobierno recibe críticas tanto de la izquierda, que le reprocha el endurecimiento de la ley de nacionalidad, como de sectores judiciales que consideran insuficiente el alcance de la reforma anunciada.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo es Rita Alarcão Júdice ministra de Justicia? Ocupa el cargo desde el 2 de abril de 2024 y fue confirmada en el Gobierno formado tras las elecciones de mayo de 2025.

¿Cuál es la formación de Rita Alarcão Júdice? Es licenciada en Derecho por la Universidade Católica Portuguesa desde 1997 y abogada especializada en derecho inmobiliario.

¿Qué es la Agenda Anticorrupción portuguesa? Un paquete de 32 medidas impulsado por su ministerio que incluye la pérdida ampliada de bienes y la reestructuración del MENAC.

¿Qué logró con los funcionarios judiciales? Firmó en febrero de 2025 el acuerdo que puso fin a la huelga de horas extraordinarias vigente desde 1999.