--- type: concepto_politico canonical: https://www.politicaelectoral.com/es/internacional/conceptos-politicos/expropiacion-y-arbitraje-internacional name: "Expropiación y arbitraje internacional: YPF, Citgo y los laudos contra España" categoria: geopolitica ano_creacion: 1965 fuentes: - https://www.lanacion.com.ar/economia/un-fallo-de-la-jueza-preska-acerca-el-cierre-del-juicio-por-ypf-y-la-caida-del-reclamo-por-us16000-nid20102026/ - https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/06/una-nueva-condena-eleva-a-935-millones-deuda-exigible-a-espana-por-renovables-en-eeuu/ - https://www.merca2.es/2026/08/12/eeuu-autoriza-laudo-renovables-espana-2435155/ - https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5688768/juez-estadounidense-aprueba-venta-matriz-petrolera-estatal-venezolana-citgo - https://ga-p.com/wp-content/uploads/2025/09/Prohibicion_arbitrajes.pdf country: internacional lang: es updated_at: 2026-11-04T16:34:21 --- **Expropiar** es quitar legalmente una propiedad a su dueño por causa de utilidad pública, a cambio de una indemnización; **nacionalizar** es expropiar un sector o una empresa entera para que pase al Estado; **confiscar** es quedársela sin pagar, lo que el derecho prohíbe. Cuando el dueño es una empresa extranjera, la discusión sobre cuánto vale lo expropiado no suele dirimirse ante los jueces del país, sino en un **arbitraje internacional**, casi siempre en el CIADI, el centro del [Banco Mundial](https://www.politicaelectoral.com/es/internacional/instituciones/banco-mundial.md) al que 158 Estados han aceptado someterse. Importa ahora por tres pleitos: Argentina, condenada en 2023 a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF a Repsol, vio anulada la condena en marzo de 2026; los acreedores de Venezuela se reparten Citgo, su refinería en Estados Unidos, vendida por 5.890 millones; y España, por sus recortes a las renovables de 2010-2013, acumula 47 arbitrajes, 27 laudos sin pagar y 13 sentencias de ejecución en Estados Unidos por unos 935 millones de euros. ## Expropiar, nacionalizar, confiscar: qué dice el derecho En España la Constitución lo resume en el artículo 33.3: nadie puede ser privado de sus bienes «sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización»; la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 regula el procedimiento y el justiprecio. El derecho internacional añade las condiciones que hacen **lícita** una expropiación de inversores extranjeros: fin público, no discriminación, un procedimiento y una compensación «pronta, adecuada y efectiva», la fórmula que el secretario de Estado estadounidense Cordell Hull impuso a México en 1938 tras la nacionalización del petróleo. Sin alguno de esos requisitos la expropiación es **ilícita**, y la diferencia se nota en el dinero: la lícita se paga al valor de mercado en la fecha de la toma; la ilícita, al valor actual más el lucro cesante. Hay además una **expropiación indirecta**: el Estado no se queda con nada, pero cambia las reglas (una prohibición, un impuesto, un recorte de tarifa) hasta vaciar la inversión. Es la figura detrás de los arbitrajes contra España y la más discutida, porque todo Estado tiene derecho a regular. ## Cómo funciona un arbitraje de inversiones Los Estados firmaron desde los años sesenta miles de **tratados bilaterales de inversión** (más de 2.000 en vigor, según la UNCTAD) en los que prometen a los inversores del otro país trato justo e indemnización si expropian y, sobre todo, les permiten demandar al Estado ante un tribunal arbitral sin pasar por sus jueces. El **CIADI** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), creado por el Convenio de Washington de 1965 dentro del [Banco Mundial](https://www.politicaelectoral.com/es/internacional/instituciones/banco-mundial.md), es el foro habitual: tres árbitros dictan un laudo que no se puede recurrir ante ningún tribunal nacional (solo anular ante un comité del propio CIADI) y que los 158 Estados miembros se comprometen a ejecutar como una sentencia firme. Fuera del CIADI rigen las reglas de la UNCITRAL y la Convención de Nueva York de 1958. Tres detalles explican las noticias. Ganar un laudo no es cobrar: los bienes de un Estado gozan de inmunidad de ejecución y el acreedor tiene que buscar activos comerciales embargables (refinerías, aviones, cuentas en el extranjero). Hay **financiación de litigios**: fondos como Burford Capital compran el derecho a demandar a cambio de una parte del premio. Y América Latina recela del sistema desde la doctrina Calvo del siglo XIX: Bolivia (2007), Ecuador (2010, de vuelta en 2021) y Venezuela (2012) denunciaron el Convenio del CIADI; Brasil nunca lo firmó, y México no entró hasta 2018. ## Los grandes casos | Caso | Qué pasó | Cuantía | Estado (noviembre de 2026) | |---|---|---|---| | YPF (Argentina) | Expropiación del 51 % de Repsol en 2012 sin oferta a los accionistas minoritarios | 16.100 millones de dólares (sentencia de Nueva York, 2023) | Condena revocada por el Segundo Circuito el 27 de marzo de 2026; Burford pide la revisión al Tribunal Supremo de EE. UU. | | Repsol (Argentina) | Acuerdo por la misma expropiación | 5.000 millones de dólares en bonos (2014) | Cobrado | | Citgo (Venezuela) | Subasta en Delaware de la matriz de la refinería para pagar laudos impagados | Oferta de 5.890 millones de dólares de Amber Energy (Elliott), frente a unos 19.000 millones reclamados | Aprobada en noviembre de 2025; apelaciones de Venezuela y licencia de la OFAC pendientes | | Renovables (España) | Recortes de 2010-2013 a las primas de la solar y otras tecnologías | 47 arbitrajes: 29 perdidos (1.800 millones de euros; 2.333 con intereses y costas) y 18 ganados | 27 laudos sin pagar (unos 1.750 millones); 13 sentencias de ejecución en EE. UU. por 935 millones | | Bolivia | Hidrocarburos (2006), filial de Red Eléctrica y distribuidoras de Iberdrola (2012), aeropuertos de Abertis (2013) | Compensaciones pactadas o arbitradas caso por caso | Cerrados en su mayoría | | México | Cierre de la cantera de Calica (Vulcan Materials, 2022) y rechazo del proyecto minero de Odyssey Marine | Odyssey: laudo de 37,1 millones de dólares (2024); Vulcan: arbitraje CIADI desde 2019 | Laudo de Odyssey favorable al inversor; Calica, sin laudo conocido | Fuente: La Nación (YPF, 20 de octubre de 2026); Diario Estrategia (Citgo, noviembre de 2025); EFE (6 de octubre de 2026) y Merca2 (agosto de 2026) para los laudos contra España. ## YPF: de la expropiación de 2012 al fallo de 2026 En abril de 2012 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner [expropió el 51 % de YPF](https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/votaciones/estatizacion-ypf-2012.md) que pertenecía a [Repsol](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/organizaciones/repsol.md), con Axel Kicillof como artífice; con Repsol pactó en 2014 una compensación de 5.000 millones de dólares en bonos. El problema fue otro: el estatuto de [YPF](https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/organizaciones/ypf.md) obligaba a quien tomara el control a lanzar una oferta a todos los accionistas, y el Estado no lo hizo. Las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park demandaron en Nueva York en 2015 y 2016, financiados por Burford Capital, que se quedó con el 70 % de lo que se cobrara. En septiembre de 2023 la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, y en junio de 2025 ordenó entregar el 51 % de YPF como pago parcial, orden que la Cámara de Apelaciones suspendió; el Gobierno de Donald Trump se personó en apoyo de Argentina. El 27 de marzo de 2026 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena: los jueces Denny Chin y Beth Robinson concluyeron que Preska había interpretado mal el derecho argentino y que la promesa del estatuto solo era exigible por el procedimiento de compensación argentino; José Cabranes votó en contra. El pleno rechazó revisar el caso en junio, Burford pidió el 30 de septiembre al Tribunal Supremo de Estados Unidos que lo revise y el 19 de octubre de 2026 Preska anuló su sentencia y cerró el expediente. [Javier Milei](https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/politicos/javier-milei.md), que culpa a Kicillof de la expropiación, celebró el fallo; Burford mantiene una reclamación paralela ante el CIADI. La lección: la expropiación se pagó (a Repsol), y lo que estuvo a punto de costar 16.100 millones fue el procedimiento. ## Venezuela, Bolivia y México **Venezuela.** Hugo Chávez nacionalizó en 2007 los proyectos de la Faja del Orinoco; ConocoPhillips obtuvo del CIADI en 2019 un laudo de 8.700 millones de dólares, la minera canadiense Crystallex otro de 1.200 millones en 2016, y hasta quince acreedores reclaman unos 19.000 millones por expropiaciones y deuda impagada. Como la República no paga, los acreedores fueron a por su gran activo en Estados Unidos: Citgo, la refinería y red de gasolineras de PDVSA. Un tribunal federal de Delaware aprobó en noviembre de 2025 la venta de su matriz a Amber Energy, filial del fondo Elliott, por 5.890 millones, frente a los 13.000 millones en que el tribunal valoró los activos y los 18.000 que alega Venezuela; Crystallex, Tidewater, ConocoPhillips y O-I Glass encabezan el orden de cobro. PDVSA apeló en enero de 2026 y el cierre depende de una licencia de la OFAC del Tesoro, pendiente en septiembre de 2026 según la prensa económica. El laudo se cobra donde hay activos, y Venezuela los tenía en Houston. **Bolivia.** Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y, entre 2012 y 2013, la filial de Red Eléctrica, las distribuidoras de Iberdrola y los aeropuertos de Abertis, que negociaron o arbitraron sus compensaciones fuera del CIADI, abandonado por Bolivia en 2007. **México.** Cuna de la fórmula Hull, combina hoy un Estado que recupera el control de la energía (la reforma de 2024 garantiza a la CFE el 54 % de la generación) con un tratado, el T-MEC, que limitó el arbitraje inversor-Estado con Estados Unidos a sectores concretos. Los casos recientes son medioambientales: Vulcan Materials llevó al CIADI en 2019 su cantera de Calica, en Quintana Roo, clausurada por el Gobierno de López Obrador en 2022, y Odyssey Marine obtuvo en 2024 un laudo de 37,1 millones de dólares por la negativa a autorizar su mina en Baja California Sur. ## España, el Estado más demandado por sus recortes a las renovables España ofreció entre 2007 y 2010 primas garantizadas a la solar y la eólica (Real Decreto 661/2007), atrajo miles de millones de fondos extranjeros y, cuando el déficit de tarifa se disparó, las recortó con efecto retroactivo en 2010, 2012 y 2013 (Real Decreto-ley 9/2013) por una «rentabilidad razonable» del 7,4 %. Los inversores demandaron al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de 1994 que protege las inversiones energéticas: 47 arbitrajes, 29 perdidos (1.800 millones de euros, 2.333 con intereses y costas) y 18 ganados, según el recuento de Merca2 de agosto de 2026. España no paga, y tiene un argumento jurídico: el [Tribunal de Justicia de la UE](https://www.politicaelectoral.com/es/europa/instituciones/tribunal-de-justicia.md) dictaminó en 2018 (Achmea) y 2021 (Komstroy) que el arbitraje entre un inversor de un Estado miembro y otro Estado miembro es incompatible con el derecho de la Unión, y la [Comisión Europea](https://www.politicaelectoral.com/es/europa/instituciones/comision-europea.md) prohibió en marzo de 2025 pagar el laudo de Antin (unos 101 millones) por considerarlo ayuda de Estado ilegal; la Decisión (UE) 2025/1904 formaliza que, para la Unión, esos laudos no producen efectos jurídicos. Los tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Singapur no lo ven así: el Tribunal de Apelaciones de Columbia negó en 2024 que España tuviera inmunidad, el Tribunal Supremo estadounidense rechazó en junio de 2026 revisarlo y los jueces federales convierten laudos en sentencias ejecutables: Eurus (106,2 millones), Centerbridge (unos 100 millones), BayWa (24,7 millones) y, el 6 de octubre de 2026, OperaFund, Schwab, Steag y Renergy (98,1 millones), hasta 13 condenas por unos 935 millones de euros, según EFE, más costas e intereses de demora. España denunció el TCE con efectos desde el 17 de abril de 2025 y la UE desde el 28 de junio de 2025, pero la cláusula de supervivencia del tratado protege las inversiones existentes durante veinte años más, hasta 2045. ## El debate: soberanía frente a seguridad jurídica Los Gobiernos que expropian, de Morales a Kirchner o López Obrador, invocan la soberanía sobre los recursos naturales; las patronales y la [OCDE](https://www.politicaelectoral.com/es/internacional/instituciones/ocde.md) responden que sin seguridad jurídica no hay inversión y que Argentina o Venezuela lo pagan en prima de riesgo. El sistema arbitral tiene también críticos en Europa: la UNCTAD y el [Parlamento Europeo](https://www.politicaelectoral.com/es/europa/instituciones/parlamento-europeo.md) denuncian el «enfriamiento regulatorio» (Estados que no legislan por miedo a demandas), los árbitros que hoy juzgan y mañana defienden y los fondos que convierten pleitos en activos financieros; sus defensores señalan que los Estados ganan muchos casos (España, 18 de 47) y que la alternativa, los jueces del Estado demandado, no es neutral. Una lectura de sentido común: expropiar es legal si se paga, y casi todos los pleitos son sobre el precio y el procedimiento. El caso YPF muestra que la vía judicial puede corregir una condena desproporcionada, y el español, que una democracia rica puede convertirse en deudor serial cuando cambia las reglas con efecto retroactivo: la duda intraeuropea es seria, pero fuera de la UE nadie la comparte y cada año de impago añade intereses. Lo que hay que vigilar: si el Tribunal Supremo de Estados Unidos admite el caso YPF, la licencia para Citgo, los embargos de activos españoles en el extranjero y si el Gobierno que salga del 29-N negocia con los fondos o sigue recurriendo laudo a laudo. ## Preguntas frecuentes **¿Qué diferencia hay entre expropiación y nacionalización?** La expropiación quita un bien concreto por utilidad pública con indemnización; la nacionalización traslada al Estado una empresa o un sector entero. **¿Es legal expropiar a una empresa extranjera?** Sí, si hay fin público, no se discrimina, se sigue un procedimiento y se paga una compensación pronta, adecuada y efectiva. **¿Qué es el CIADI?** El centro de arbitraje del Banco Mundial, creado en 1965, ante el que los inversores demandan a los 158 Estados que aceptaron su convenio. **¿Cuánto debe pagar Argentina por YPF?** Nada: la condena de 16.100 millones de dólares fue revocada en marzo de 2026 y el Tribunal Supremo estadounidense decide si revisa el caso. **¿Por qué España tiene tantos arbitrajes?** Por los recortes retroactivos a las primas renovables de 2010-2013: 47 arbitrajes, 29 perdidos y unos 1.750 millones de euros en laudos sin pagar. **¿Qué pasa si un Estado no paga un laudo?** Los acreedores piden a tribunales extranjeros que lo ejecuten y embargan activos comerciales del Estado, como Citgo en el caso venezolano.