Rubén Rus es un magistrado español titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona que ha adquirido proyección pública por dirigir, desde 2018, la investigación contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Tras siete años de instrucción bajo secreto de sumario, en julio de 2025 levantó esa reserva y dictó la imputación del exministro y de nueve exaltos cargos del Ministerio de Hacienda, en una causa que examina presuntas leyes a medida en favor de empresas gasísticas durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
Trayectoria judicial
La información pública disponible sitúa a Rubén Rus como magistrado de instrucción con destino en Tarragona, donde ocupa la titularidad del Juzgado de Instrucción nº 2. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de la jurisdicción penal, en órganos encargados de practicar diligencias, recibir declaraciones, acordar medidas cautelares y decidir sobre el avance de las investigaciones.
El perfil profesional de Rus, hasta su salto al primer plano informativo, se ajustaba al de un juez de instrucción discreto, sin proyección mediática previa. Ese perfil técnico ha sido subrayado por el propio entorno judicial y por fuentes parlamentarias que han defendido públicamente su imparcialidad frente a iniciativas del Partido Popular orientadas a trasladar la causa Montoro a otra sede judicial. El PSOE, por su parte, ha expresado en sede política su respaldo a la actuación del magistrado y a la competencia del juzgado tarraconense para continuar con la instrucción.
El caso Montoro
La causa más relevante atribuida a Rubén Rus es la investigación abierta en 2018 y mantenida durante siete años bajo secreto de sumario sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Hacienda durante el periodo 2011-2018, coincidente con la etapa en que Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
En julio de 2025, el magistrado levantó el secreto del sumario y formalizó la imputación de Montoro y de nueve exaltos cargos del Ministerio. La instrucción examina si desde Hacienda se impulsaron modificaciones normativas a medida que habrían beneficiado a empresas del sector del gas industrial —entre ellas Air Liquide, Praxair y Carburos Metálicos— que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el propio Montoro y del que el exministro consta como desvinculado desde 2008.
Los presuntos delitos investigados, sin prejuzgar el resultado del procedimiento y manteniendo la presunción de inocencia sobre todas las personas investigadas, son cohecho, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En el calendario de la instrucción correspondiente a mayo y junio de 2026, el magistrado ha citado a declarar a directivos de las empresas gasísticas señaladas en la causa: los responsables de Air Liquide y Praxair comparecerán el 19 de junio, y los de Carburos Metálicos el 22 de junio. Las declaraciones se enmarcan en la fase de diligencias previas y, hasta la información aquí utilizada, no consta condena firme sobre ninguna de las personas o entidades investigadas.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Rubén Rus? Es un magistrado español titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, conocido por instruir desde 2018 la causa contra el exministro Cristóbal Montoro por presuntas leyes a medida en favor de empresas gasísticas.
¿Qué investiga en el caso Montoro? El procedimiento examina si desde el Ministerio de Hacienda, durante la etapa de Montoro (2011-2018), se impulsaron modificaciones normativas que habrían beneficiado a empresas como Air Liquide, Praxair y Carburos Metálicos, clientes del despacho Equipo Económico.
¿Cuándo levantó el secreto del sumario? En julio de 2025, tras siete años de instrucción reservada, el juez levantó el secreto e imputó a Montoro y a nueve exaltos cargos del Ministerio de Hacienda por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.
¿Hay alguna condena firme en la causa? No. La instrucción sigue abierta en el juzgado de Tarragona, las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia y no consta una condena firme sobre ninguna de ellas.
¿Por qué se ha defendido públicamente su imparcialidad? Porque desde sectores del Partido Popular se promovió el traslado de la causa a Madrid, lo que llevó al PSOE y a otras voces a respaldar la competencia del Juzgado nº 2 de Tarragona y la imparcialidad del magistrado para continuar con la instrucción.