María Teresa Gisbert Jordá es una fiscal española nacida en Valencia en 1957 y fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado desde 2024. Especializada en derecho de menores desde comienzos de los años noventa, en el verano de 2026 se convirtió en una de las voces jurídicas centrales de la crisis migratoria de Ceuta al fijar los criterios del Ministerio Fiscal sobre los menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad autónoma.
Trayectoria profesional
Gisbert ingresó en la carrera fiscal en 1981, con apenas veinticuatro años. Tomó posesión de su primer destino el 5 de octubre de 1981 en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, adscrita a los partidos judiciales de Mataró y Arenys de Mar. En agosto de 1982 pasó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón, en la agrupación de Vinaroz-San Mateo.
El 15 de junio de 1984 se incorporó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde desarrolló el resto de su carrera territorial. Desde 1992 se dedicó de forma preferente a los asuntos de menores, tanto en la vertiente de reforma —la respuesta penal a los menores infractores— como en la de protección: adopciones, tutelas, acogimientos, absentismo escolar y defensa de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Fue vicecoordinadora y después coordinadora de la sección de menores de esa fiscalía.
El 7 de marzo de 2008 tomó posesión como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, cargo en el que fue renovada en 2013 y 2018. El 19 de febrero de 2019 accedió a la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, la máxima representación del Ministerio Fiscal en la autonomía.
Su llegada al escalón superior de la carrera se produjo por el Real Decreto 283/2024, publicado en el BOE el 20 de marzo de 2024, que la ascendió a la categoría de fiscal de sala y la nombró fiscal de Sala Coordinadora de Menores, la figura que unifica el criterio del Ministerio Fiscal en toda España en materia de infancia y adolescencia.
Perfil
Gisbert es una fiscal de perfil técnico y especializado, con una carrera prácticamente monográfica en el ámbito de la infancia. Su función como fiscal de sala coordinadora consiste precisamente en dictar criterios homogéneos para que las fiscalías provinciales apliquen del mismo modo la legislación de protección de menores, un papel que la sitúa a menudo entre la interpretación jurídica y el debate político.
Esa tensión se hizo evidente en agosto de 2026, cuando la llegada a Ceuta de miles de personas —entre ellas centenares de menores extranjeros no acompañados— disparó la controversia sobre qué hacer con ellos. Frente a la propuesta del Partido Popular de devolver de inmediato a los menores a Marruecos, Gisbert respondió el 21 de agosto de 2026 que la idea "no tiene sentido" jurídicamente, porque ningún retorno puede ser automático.
Su argumento se apoya en un bloque normativo que obliga a un procedimiento individualizado: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. En la práctica, ese procedimiento exige entrevistar personalmente a cada menor con intérprete, valorar su situación familiar y personal y recabar informes sobre las condiciones en origen, para verificar que el retorno no lo devuelve a una situación de desprotección. La fiscal advirtió de que la Fiscalía de Área de Ceuta trabajaba con refuerzos y necesitaba más intérpretes para poder practicar esas entrevistas.
Gisbert recordó también que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio de 2026, contempla la posibilidad del retorno de menores, pero no de forma instantánea ni directa, sino sujeta a garantías. Y aportó un dato de la práctica: la mayoría de los menores entrevistados hasta ese momento no manifestaba querer regresar a Marruecos, sino trasladarse a la Península.
La posición del Ministerio Fiscal se convirtió así en un límite jurídico a las salidas más rápidas que se debatían en el terreno político, y situó a Gisbert en el centro de una discusión que enfrentaba al Gobierno central, a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la oposición.
Preguntas frecuentes
¿Qué cargo ocupa María Teresa Gisbert? Es fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado desde su nombramiento por el Real Decreto 283/2024, publicado en el BOE el 20 de marzo de 2024.
¿Qué dijo sobre los menores llegados a Ceuta? Que no pueden ser devueltos de forma automática y que cualquier retorno exige un procedimiento individualizado con entrevista, intérprete e informes sobre la situación familiar en origen.
¿En qué normas se apoya esa posición? En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, además del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a fiscal de sala? Ingresó en la carrera fiscal en 1981, fue fiscal jefe de Valencia entre 2008 y 2019 y fiscal superior de la Comunitat Valenciana entre 2019 y 2024.
¿Desde cuándo trabaja con menores? Desde 1992 se dedica de forma preferente a los asuntos de reforma y protección de menores, primero como fiscal y después como coordinadora de la sección de menores en la Comunitat Valenciana.