--- type: figure_profile subtype: judge canonical: https://www.politicaelectoral.com/es/espana/jueces-y-fiscales/alberto-jarabo name: Alberto Jarabo Calatayud ambito: espana lang: es updated_at: 2026-10-28T21:22:04 data_crc: b13d0e49 --- **Alberto Jarabo Calatayud** es un magistrado español, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Valencia, hoy plaza nº 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, e instructor del caso de la «piscina de Alboraya»: una piscina municipal de 1,2 millones de euros levantada sobre huerta protegida del término de Valencia sin licencia de este ayuntamiento. La causa alcanza al exalcalde de Valencia Joan Ribó ([Compromís](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/partido/compromis.md)) y, desde el auto del 22 de octubre de 2026, al [Tribunal Supremo](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/instituciones/tribunal-supremo.md), al que el juez ha pedido que decida si investiga a la eurodiputada socialista Sandra Gómez, concejala de Urbanismo cuando se construyó. ## Trayectoria profesional Jarabo ha desarrollado su carrera en los juzgados de instrucción de Valencia. En marzo de 2015, siendo titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la ciudad, compareció ante el [Consejo General del Poder Judicial](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/instituciones/consejo-general-poder-judicial.md) como uno de los siete candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Valencia, plaza que no obtuvo. En septiembre de 2017 la Comisión Permanente del Consejo lo adscribió a la Audiencia Provincial de Valencia, orden penal, al amparo del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (BOE del 23 de septiembre de 2017). Con posterioridad volvió a la instrucción y es, al menos desde 2025, titular de la plaza nº 19, en la Ciutat de la Justícia. No consta en la prensa ni en los registros consultados que pertenezca a ninguna asociación judicial, y hasta el caso de Alboraya su nombre apenas había aparecido en la información política. ## Cargos institucionales y causas relevantes El Ayuntamiento de Alboraya, gobernado por el [PSOE](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/partido/psoe.md), promovió en 2022 una piscina descubierta de 1,2 millones de euros, financiada por la Diputación de Valencia, dentro de su complejo deportivo; se inauguró en el verano de 2023. El problema es el suelo: las parcelas están físicamente junto a Alboraya, pero pertenecen al término municipal y al patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, cuyo plan general las clasifica como suelo no urbanizable de huerta protegida. Los dos consistorios intentaron permutarlas desde 1991 sin cerrar nunca el acuerdo, y, según el juez, nadie solicitó licencia a Valencia, la administración competente. En febrero de 2025 un particular denunció los hechos ante la Fiscalía por prevaricación urbanística y daños al patrimonio público, y la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, con el abogado Víctor Soriano, se personó como acusación popular. La instrucción ha ido ampliándose. Están investigados el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, y su primera teniente de alcalde, Ana Bru, ambos del [PSOE](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/partido/psoe.md), por los delitos contra la ordenación del territorio de los artículos 319 y 320 del Código Penal; el exconcejal socialista de Hacienda de Valencia Borja Sanjuán declaró en marzo de 2025 y atribuyó las competencias urbanísticas a Sandra Gómez; y Ribó figura como investigado por omisión. El exalcalde no acudió a la citación del 22 de julio de 2025 por un fallo en la notificación y declaró finalmente el 24 de diciembre de 2025: dijo desconocer por completo la obra y recordó que había delegado el urbanismo en Vicent Sarriá (2015-2019) y en Gómez (2019-2023). En abril de 2025 la acusación popular pidió imputar a Gómez; como eurodiputada, solo el Supremo puede hacerlo. La Fiscalía se ha mostrado contraria a seguir: el 5 de marzo de 2026 pidió el sobreseimiento para todos los investigados porque «en ningún caso quedan perfilados los elementos objetivos» del delito, y la defensa de Ribó alegó que se le investigaba por el mero hecho de haber sido alcalde. Jarabo rechazó el archivo en abril de 2026 y ordenó a Alboraya un informe «ex novo y ex professo» sobre licencias, licitación, adjudicación y fechas de la piscina y del resto del complejo. El 22 de octubre de 2026 dictó el auto, conocido el día 27, por el que remite toda la causa al Supremo mediante exposición razonada. Sostiene que existen «indicios sólidos y cualificados» de una prevaricación urbanística por omisión de Gómez, que habría consentido la obra sin oponerse, y se apoya en el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local sobre la responsabilidad de los concejales por sus omisiones. Sobre Ribó aprecia «una grave dificultad para la exoneración de responsabilidad», porque el artículo 21 de la misma ley conserva en el alcalde el deber de actuar aunque delegue, y pide al alto tribunal que asuma también a los no aforados para no trocear la causa. Rechaza además haber tardado demasiado: la ley exige indicios cualificados antes de elevar una exposición contra un aforado. La acusación popular anunció que, de llegar a juicio, pedirá para Gómez cuatro años de prisión, 24 meses de multa y 15 años de inhabilitación. El Supremo debe decidir ahora si abre causa; el auto admite recurso de reforma en tres días o de apelación ante la Audiencia de Valencia en cinco. ## Preguntas frecuentes **¿Qué es el caso de la piscina de Alboraya?** La investigación de una piscina municipal de 1,2 millones construida en 2022 sobre huerta protegida del término de Valencia sin licencia de ese ayuntamiento. **¿Por qué Alberto Jarabo acude al [Tribunal Supremo](https://www.politicaelectoral.com/es/espana/instituciones/tribunal-supremo.md)?** Porque Sandra Gómez es eurodiputada y aforada, y solo el Supremo puede decidir si la investiga por prevaricación urbanística omisiva. **¿Qué papel tiene Joan Ribó en la causa?** Está investigado por omisión como alcalde; sostiene que desconocía la obra y que había delegado el urbanismo en sus concejales. **¿Qué opina la Fiscalía?** Pidió archivar la causa en marzo de 2026 al no ver perfilados los elementos del delito, criterio que el juez no compartió.