--- type: evento_politico canonical: https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/eventos/conflicto-universitario-pizzurno-2026 titulo: "Conflicto universitario: fallo Cormick y toma del Palacio Pizzurno (2026)" descripcion: Un juez ordenó en octubre de 2026 aplicar la Ley de Financiamiento Universitario; estudiantes ocuparon el Palacio Pizzurno y el Gobierno de Milei apeló. categoria: sociales fecha: 2026-10-06 gobierno_central: Javier Milei (La Libertad Avanza), presidente de Argentina desde diciembre de 2023. partidos_implicados: - la-libertad-avanza - union-por-la-patria politicos_relacionados: - slug: javier-milei nombre: Javier Gerardo Milei url: https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/politicos/javier-milei - slug: sandra-pettovello nombre: Sandra Pettovello url: https://www.politicaelectoral.com/es/argentina/politicos/sandra-pettovello ambito: argentina lang: es generado: 2026-10-09T06:29:11 data_crc: c37798a4 --- ## Contexto previo La **Ley 27.795**, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, fue sancionada por el Congreso argentino en **agosto de 2025**. El presidente Javier Gerardo Milei, de **La Libertad Avanza**, la vetó mediante el decreto 647/2025, pero las dos cámaras rechazaron el veto con la mayoría de dos tercios. El Ejecutivo la promulgó entonces con el **decreto 759/2025**, que incluía una cláusula —«sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 24.629»— que dejaba en suspenso su ejecución. Ese artículo suspende la aplicación de toda ley que autorice gastos sin indicar su fuente de financiamiento hasta que el Congreso incorpore las partidas al presupuesto. La norma llevaba así cerca de un año promulgada y sin aplicar. El conflicto presupuestario entre el Gobierno y las universidades públicas venía de antes: la primera Marcha Federal Universitaria se celebró en abril de 2024, y la Universidad de Buenos Aires (UBA) atribuye a la prórroga del presupuesto de 2023 durante 2024 y 2025 una pérdida del **40 %** del poder adquisitivo de los salarios. Contra la cláusula del decreto acudieron a la justicia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante un amparo colectivo, y la UBA con una demanda propia. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.º 11 unificó los dos expedientes. El 10 de junio de 2026, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes firmaron acuerdos paritarios que el juzgado homologó, pero que no cerraron el litigio. ## Qué ocurrió El **6 de octubre de 2026** se conoció el fallo del juez federal Martín Cormick. Declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley de inmediato. Según la sentencia, suspender una ley mediante su decreto de promulgación fue un mecanismo extraconstitucional que funcionó como un veto no previsto: tras una insistencia del Congreso con dos tercios, el presidente solo puede promulgar la norma sin restricciones. El juez añadió que la ley sí preveía financiamiento, porque su artículo 9.° permite al jefe de Gabinete reasignar partidas y usar la recaudación que supere la estimada. Al día siguiente, **7 de octubre**, hacia las 17:40, decenas de estudiantes de la UBA y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín entraron en el Palacio Sarmiento, conocido como **Palacio Pizzurno**, sede de la Secretaría de Educación en Buenos Aires. Entraron pese a la resistencia de los agentes de la puerta y realizaron una sentada en el vestíbulo. Participaron el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA y las agrupaciones La Mella y CEPA. Reclamaban la aplicación de la ley y el aumento de las becas Progresar, y exigían ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde», dijo Valentina Bär Larralde, presidenta del centro de estudiantes. Torrendell recibió a unos representantes durante unos minutos y se retiró tras atender una llamada de la ministra. Durante la noche, la Policía Federal desalojó el edificio. Las fuentes consultadas no informan de detenidos ni de heridos. ## Respuesta del Gobierno central En el plano judicial, el Gobierno nacional apeló el **8 de octubre de 2026** el fallo, que pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ante el juez, el Estado había sostenido que no suspendió la ley por voluntad propia, sino que aplicó límites fijados por el propio Congreso, y que cumplirla costaría más de **1 billón de pesos**, por encima del 90 % de los créditos disponibles. En el plano político, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, anunció ese mismo día una denuncia penal contra los estudiantes que entraron en el edificio y contra las agrupaciones La Mella y CEPA, con el fin de identificar a los participantes y cuantificar los daños que atribuye a la protesta. La ministra Sandra Pettovello difundió imágenes del desalojo con el mensaje «Por la fuerza, nada» y añadió: «El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley». Milei cargó en X contra los dirigentes que acompañaron la protesta, en particular el diputado opositor Itaí Hagman, presente en el lugar: «Esto es lo que tenemos en frente». ## Posición de los partidos y debate parlamentario El oficialismo de La Libertad Avanza sostiene que la ley no puede aplicarse sin partidas presupuestarias y rechaza la ocupación de edificios públicos como forma de protesta. En la oposición, el respaldo a los estudiantes procede sobre todo de **Unión por la Patria**: Hagman estuvo en el Pizzurno y La Mella está vinculada a Patria Grande, una de las fuerzas de ese espacio. En el litigio, las universidades calificaron la estrategia oficial de «fraude constitucional» y de «re-veto» encubierto. En el Congreso, el antecedente es la insistencia de 2025, cuando las dos cámaras reunieron los dos tercios para imponerse al veto. Los bloques opositores han pedido una sesión especial en la Cámara de Diputados para el **15 de octubre**, con la derogación del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias en el temario, el mismo día en que la marcha universitaria se dirigirá al Congreso. La discusión del Presupuesto 2027 está prevista para fines de octubre. ## Lo dicho frente a lo hecho El Ejecutivo promulgó la ley, pero la dejó sin ejecutar: para el juez, esa promulgación condicionada equivalió a un veto encubierto. El Estado alegó que no podía aplicarla por falta de partidas, y la sentencia le opone que el presupuesto nacional se modificó seis veces en 2025 por decretos y decisiones administrativas, y que la propia ley indicaba cómo financiarse. El Gobierno firmó los acuerdos paritarios del 10 de junio; aun así, el juzgado que los homologó consideró necesaria una sentencia de fondo para remover el obstáculo legal. Tras el fallo, que ordenaba el cumplimiento inmediato, la respuesta oficial fue recurrirlo. Los estudiantes anunciaron «una sentada pacífica», pero el ingreso se produjo con forcejeos con la seguridad y el Gobierno habla de daños. Pettovello reclama que la protesta se ejerza «dentro del marco de la ley», y los universitarios replican que llevan más de un año con una ley aprobada que no se cumple. ## Impacto económico y social El dato central es el coste que el Estado atribuye a la norma: más de **1 billón de pesos**. Los acuerdos paritarios incluyen un aumento salarial del **24,33 %**, una recomposición del 20 % de los gastos de funcionamiento desde junio de 2026, una partida de **50.000 millones de pesos** para los hospitales universitarios y un aumento del 50 % de las becas Manuel Belgrano. Frente a ello, la UBA cifra en el 40 % la pérdida salarial acumulada en 2024 y 2025. Los gremios ADUBA y APUBA, de docentes y no docentes de la UBA, anunciaron un paro escalonado de **23 días**. ## Conclusiones El conflicto sigue abierto en tres planos. En el judicial, la Cámara debe resolver la apelación, sin fecha conocida, y no consta si el recurso suspende la orden de aplicar la ley. En el penal, la denuncia anunciada por Capital Humano está por formalizarse. En la calle, la quinta Marcha Federal Universitaria está convocada para el **15 de octubre de 2026** por estudiantes, docentes y no docentes, y sumará los reclamos por la Ley de Tierras y por la emergencia en discapacidad. Después llegará el debate del Presupuesto 2027. ## Preguntas frecuentes **¿Qué resolvió el juez Martín Cormick?** Declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Ejecutivo aplicarla de inmediato. **¿Qué es la Ley 27.795?** La ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, aprobada en 2025, vetada por Milei y ratificada por el Congreso con dos tercios. **¿Qué pasó en el Palacio Pizzurno?** El 7 de octubre de 2026 decenas de estudiantes ocuparon el vestíbulo de la Secretaría de Educación; la Policía Federal los desalojó esa noche. **¿Cómo respondió el Gobierno de Milei?** Apeló el fallo el 8 de octubre y anunció una denuncia penal contra los estudiantes y las agrupaciones que entraron en el edificio. **¿Cuándo es la Marcha Federal Universitaria?** La quinta edición está convocada para el 15 de octubre de 2026, con movilización hacia el Congreso.