Operación Trazador: narcotráfico y política en Uruguay (2026)

Contexto previo

El Gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio), en el cargo desde marzo de 2025, ha hecho de las operaciones contra el narcotráfico un eje del Ministerio del Interior que dirige Carlos Negro. El ministerio presentó la Operación Trazador junto a otras desarrolladas en quince días, con un balance conjunto de más de 30 detenciones y más de 700 kilos de droga. Ante el Senado, Interior cifró en 137 las estructuras criminales activas que tiene identificadas.

El caso alcanzó a la política por la Junta Departamental de Montevideo. El edil Gonzalo Gómez, del Partido Nacional, integra Por la Patria (lista 250), el sector de Jorge Gandini, exsenador y director de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición. En diciembre de 2025 Gómez contrató como asesor a Pablo Leiva por recomendación del hijo de este, Lucio Leiva, que trabajaba en su secretaría.

Qué ocurrió

El operativo se desplegó el 17 de septiembre de 2026, con tres allanamientos en los barrios montevideanos de Brazo Oriental y Pérez Castellanos y cuatro detenidos. La investigación fue de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con la Fiscalía de Estupefacientes de Angelita Romano. El Ministerio del Interior lo presentó al día siguiente: más de 265 kilos de droga —141,6 de pasta base y 124,2 de cocaína—, valorados en casi dos millones de dólares, además de más de tres millones de pesos, 42.564 dólares, armas y vehículos.

El 18 de septiembre hubo 3 condenados mediante acuerdo abreviado: el jefe de la organización, identificado por el semanario Búsqueda como Henry Latorre, con seis años y seis meses; su pareja, con tres años, y Pablo Leiva, con dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Según la fiscal, Leiva recibía dinero de la venta de droga para introducirlo en el circuito legal. Lucio Leiva fue detenido y liberado sin cargos.

El caso saltó a la política al saberse que el condenado figuraba como asesor de Gómez y que era cliente de un local de cobranzas de la esposa de Gandini. El dirigente compareció el 22 de septiembre: dijo que no conocía a Pablo Leiva, que este pagaba allí recibos de dos pequeñas constructoras y que había hablado con el expresidente Luis Lacalle Pou. Gandini no está imputado: la fiscal Romano le negó el acceso a la carpeta precisamente porque «no es indagado ni víctima».

Gómez, que estaba de viaje en China, compareció el 28 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Políticos del partido y pidió licencia. Admitió un «error de gravedad»: Leiva cobraba 52.000 pesos nominales al mes sin tareas asignadas. Dijo desconocer sus actividades ilícitas y descartó renunciar a la banca, aunque tomó una licencia de veinte días en la Junta.

Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre el caso se ramificó. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, abrió una investigación sobre el circuito del dinero en casas de cambio y locales de cobranza; la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central empezó a examinar a la casa de cambio Monex, y la Junta de Transparencia y Ética Pública recibió una denuncia anónima contra todos los ediles de Montevideo. El 4 de octubre fue asesinado a tiros en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Carlos Andrés Migales Viera, un uruguayo al que la prensa vincula con la droga incautada; hay detenidos por el crimen. El 5 de octubre el Directorio del Partido Nacional sancionó a Gómez.

Respuesta del Gobierno central

Orsi marcó distancia desde el inicio. El 26 de septiembre pidió respetar la presunción de inocencia —«todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no al revés»— y añadió: «Nosotros no somos quién para juzgar». Días después dijo que «hay que revisar» el sistema de asesores y pases en comisión de los ediles, que consideró «preocupante», y se mostró dispuesto a discutir el financiamiento de los partidos.

El ministro Negro anunció en el Senado una investigación interna por la filtración de los vídeos del allanamiento en casa de Leiva. El 6 de octubre el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz Almeida, reunió a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que se dio 15 días para proponer cambios en la estrategia antilavado. «No funcionaron las alertas que debieron funcionar», resumió.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El 5 de octubre el Directorio del Partido Nacional, por unanimidad y a propuesta de la Comisión de Ética, impuso a Gómez una suspensión de 2 años en sus derechos partidarios, le pidió apartarse del cargo y le reclamó devolver lo pagado a Leiva, algo que el edil había ofrecido. El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, calificó la sanción de «severa y necesaria» y subrayó que el asunto es ético y no penal, porque el edil «no está investigado».

El Frente Amplio expresó «alarma», pidió al Partido Nacional una explicación «clara y elocuente» y anunció que convocaría a los partidos para revisar el financiamiento político. Su presidente, Fernando Pereira, sostuvo que la omisión del edil debía «tener un costo». Delgado respondió que el Frente Amplio «no tiene autoridad para actuar como juez del Partido Nacional».

En el Parlamento, el senador nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre la filtración de los vídeos. Sobre la revisión antilavado, el diputado colorado Conrado Rodríguez vio «demasiado pamento» y el nacionalista Pablo Abdala, «oportunismo político».

Lo dicho frente a lo hecho

Gómez dijo el 28 de septiembre que no renunciaría a la banca; una semana después, su partido le pidió que dejara el cargo. La decisión es suya, porque la banca pertenece al edil, y en las fuentes consultadas no consta que haya renunciado.

La Fiscalía comunicó el 23 de septiembre que no había elementos para vincular a otras personas con el lavado; menos de una semana después, la fiscalía especializada abrió una investigación nueva.

Orsi afirmó que al Ejecutivo no le correspondía juzgar: el Gobierno no se pronunció sobre responsabilidades individuales, pero activó la revisión de los controles.

Impacto económico y social

La droga incautada equivale, según Interior, a casi dos millones de dólares, unos 68,4 millones de pesos. El perjuicio a los fondos públicos se mide en el sueldo de Leiva: 52.000 pesos nominales al mes desde diciembre de 2025, que Gómez deberá restituir.

El efecto más duradero es institucional. Díaz reconoció que la evaluación nacional de riesgos de 2023 no contemplaba el uso de redes de cobranza para introducir dinero ilícito en el sistema financiero, y el Gobierno estudia ajustar su regulación.

Conclusiones

El expediente penal por narcotráfico se cerró para los tres condenados, pero no el del dinero. Quedan abiertas la investigación de la Fiscalía de Lavado, el examen del Banco Central sobre Monex y la pesquisa interna de Interior por la filtración. El plazo de quince días de la comisión antilavado vence en torno al 21 de octubre. En el plano político falta saber si Gómez dejará la banca, como le pide su partido. Gandini no está imputado ni figura como indagado, y a los no condenados les ampara la presunción de inocencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Operación Trazador? Un operativo contra una red de narcotráfico y lavado en Montevideo, desplegado el 17 de septiembre de 2026, con 265 kilos de droga incautados.

¿Cuántas personas fueron condenadas? Tres, por acuerdo abreviado el 18 de septiembre; entre ellas Pablo Leiva, con dos años y seis meses.

¿Por qué afecta al Partido Nacional? Porque Leiva cobraba como asesor del edil blanco Gonzalo Gómez sin tener tareas asignadas, según admitió el propio edil.

¿Qué sanción recibió Gonzalo Gómez? El Directorio del Partido Nacional lo suspendió dos años el 5 de octubre de 2026, por unanimidad, y le pidió apartarse de la banca.

¿Está imputado Jorge Gandini? No: la fiscal del caso le negó el acceso a la carpeta precisamente porque no es indagado ni víctima.

¿Qué hizo el Gobierno? Convocó el 6 de octubre a la comisión contra el lavado, que tiene quince días para proponer cambios en los controles.