Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) es un fiscal español que fue fiscal general del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2025. El 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo lo condenó por revelación de secretos a dos años de inhabilitación especial para ese cargo, lo que le convirtió en el primer fiscal general en ejercicio juzgado y condenado. Tras dimitir se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, mientras recurre en amparo y el Gobierno estudia una petición de indulto.
Trayectoria profesional
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera fiscal en 1998 con destino en la fiscalía de Mahón (Menorca). En 2002 pasó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y en 2004 se especializó en medio ambiente en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desde donde sostuvo la acusación pública en el caso Prestige. Vinculado a la progresista Unión Progresista de Fiscales, en 2018 fue el candidato más votado al Consejo Fiscal.
En marzo de 2020 la fiscal general Dolores Delgado lo nombró fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Cuando Delgado renunció por motivos de salud, el Gobierno de Pedro Sánchez lo propuso para sucederla: el CGPJ avaló su idoneidad por 12 votos a 7 y tomó posesión en agosto de 2022. Tras la investidura de Sánchez en noviembre de 2023 fue renovado pese a que el CGPJ lo declaró no idóneo por 8 votos a 7.
Cargos institucionales y causas relevantes
Su mandato estuvo marcado por los choques con la Sala Tercera del Supremo, que en noviembre de 2023 anuló por desviación de poder el ascenso de Delgado a fiscal de Sala de lo Militar y, en 2024, su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática y otro ascenso que había impulsado. En mayo de 2024 el Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobó su reprobación.
La causa que lo apartó del cargo nació en marzo de 2024, cuando se difundió un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales para pactar con la Fiscalía. El Supremo abrió causa contra García Ortiz en octubre de 2024; la Guardia Civil registró su despacho y la UCO informó de que había borrado los mensajes de su teléfono. Procesado en junio de 2025, fue juzgado del 3 al 13 de noviembre de 2025.
La Sala de lo Penal lo condenó por mayoría de cinco magistrados frente a dos a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Dimitió el 24 de noviembre de 2025 y le sucedió Teresa Peramato el 10 de diciembre. Después se incorporó a la Sección de lo Social de la Fiscalía del Supremo.
En 2026 el Supremo rechazó los incidentes de nulidad de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, lo que abrió la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pendiente de admisión. En junio de 2026 la Sala informó en contra del indulto; el 9 de octubre Pedro Sánchez dijo que no descartaba concederlo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Álvaro García Ortiz? Es el fiscal que dirigió la Fiscalía General del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2025.
¿Por qué fue condenado? Por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según la sentencia del Supremo de noviembre de 2025.
¿Qué pena le impuso el Supremo? Dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización.
¿Quién le sucedió como fiscal general? Teresa Peramato, que tomó posesión el 10 de diciembre de 2025.
¿Dónde trabaja ahora? En la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.