Sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés (14 de octubre de 2019)

Contexto previo

El procés catalán, el proyecto independentista impulsado desde 2012 por los gobiernos de la Generalitat, alcanzó su punto culminante con el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, celebrado pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. En este contexto, el Govern presidido por Carles Puigdemont i Casamajó, con Oriol Junqueras i Vies como vicepresidente, y la mayoría independentista del Parlament aprobaron las leyes de desconexión de septiembre de 2017 y, el 27 de octubre de 2017, una declaración unilateral de independencia. Ese mismo día el Senado autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió al Gobierno de Mariano Rajoy destituir al Govern, intervenir temporalmente la autonomía y convocar elecciones autonómicas. Puigdemont y varios consellers se marcharon al extranjero, mientras otros dirigentes ingresaron en prisión provisional.

Qué ocurrió

El 14 de octubre de 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, que fue también ponente, dictó la sentencia del procés tras un juicio que se celebró entre febrero y junio de ese año. Los siete magistrados decidieron por unanimidad. El tribunal descartó el delito de rebelión que pedía la Fiscalía y condenó a nueve dirigentes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición, a cuatro de ellos también por malversación de fondos públicos. Oriol Junqueras recibió la pena más alta, 13 años; Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12; Carme Forcadell, 11 años y medio; Joaquim Forn y Josep Rull, 10 años y medio; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, 9. Otros tres exconsellers fueron condenados solo por desobediencia, con multa. Puigdemont y los demás dirigentes que habían salido de España no fueron juzgados. La sentencia provocó una oleada de protestas que, en muchos casos, se tornaron violentas: hubo cerca de 600 heridos, de ellos casi 300 agentes de policía. Tsunami Democràtic convocó el bloqueo del aeropuerto de El Prat el mismo día 14 y una gran marcha el 18 de octubre, jornada de huelga general.

Respuesta del Gobierno central

El Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), estaba en funciones a la espera de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Sánchez compareció el mismo día para defender el acatamiento y el cumplimiento íntegro de la sentencia y subrayó que la independencia judicial debía respetarse. Durante los disturbios, el Ejecutivo coordinó con los Mossos d'Esquadra el despliegue de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y rechazó las peticiones de la oposición de aplicar de nuevo el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional. La gestión de la crisis fue criticada desde la oposición, que pedía más firmeza, y desde el independentismo, que reclamaba una negociación política.

Posición de los partidos y debate parlamentario

La sentencia generó un intenso debate político tanto en el Congreso como en la sociedad civil. Los partidos independentistas, como ERC, Junts y la CUP, rechazaron la decisión y la calificaron de represiva, y el Govern de Quim Torra se sumó a las movilizaciones. El PP, Ciudadanos y Vox respaldaron la actuación del Tribunal Supremo y pidieron medidas excepcionales frente a los disturbios. El PSOE defendió el cumplimiento de la sentencia, mientras Unidas Podemos y otras fuerzas de izquierda apostaron por el diálogo como vía para encauzar el conflicto.

Promesas y realidad

Tras las elecciones de noviembre, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, investido en enero de 2020 con la abstención de ERC, se comprometió a abrir una mesa de diálogo con la Generalitat, que se reunió por primera vez en febrero de 2020. Sus avances fueron limitados, y la desconfianza entre los gobiernos español y catalán se mantuvo durante años.

Un acontecimiento importante fue el indulto parcial de las penas de prisión a los nueve condenados, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2021, que el Gobierno presentó como una medida para favorecer la convivencia en Cataluña. Los indultos mantuvieron las penas de inhabilitación.

Impacto económico y social

La semana posterior a la sentencia del 14 de octubre estuvo marcada por protestas que causaron daños económicos significativos. El Ayuntamiento de Barcelona estimó los daños en el mobiliario urbano en al menos 2,5 millones de euros durante la primera semana, y las fuerzas de seguridad practicaron cerca de 200 detenciones. El bloqueo del aeropuerto obligó a cancelar más de un centenar de vuelos. En términos sociales, la fractura entre partidarios y contrarios a la independencia se profundizó.

Situación actual (octubre de 2026)

En diciembre de 2022 el Código Penal suprimió el delito de sedición y reformó el de malversación, y en junio de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional en 2025. El Supremo se negó a aplicarla a la malversación, pero a principios de octubre de 2026 el Constitucional amparó a Dolors Bassa. El juez Pablo Llarena levantó entonces las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, y el 20 de octubre de 2026 el Supremo declaró extinguida la responsabilidad penal de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, lo que puso fin a sus inhabilitaciones.

Conclusiones

La sentencia del 14 de octubre de 2019 cerró la vía penal contra los principales dirigentes del procés que no salieron de España, pero no la crisis política de fondo. Puso de manifiesto las profundas diferencias en la sociedad española y catalana sobre el encaje territorial, y abrió una etapa en la que el Gobierno central sustituyó la respuesta penal por la negociación política: indultos, reforma del Código Penal y amnistía, medidas que han dividido a los partidos y a la opinión pública.

Preguntas frecuentes

¿Qué sentenció el Tribunal Supremo sobre el procés? El 14 de octubre de 2019 condenó a nueve dirigentes independentistas a entre 9 y 13 años por sedición y, a cuatro, también por malversación.

¿Cuál fue la reacción del gobierno tras la sentencia del procés? El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez defendió el acatamiento y cumplimiento íntegro de la sentencia y el respeto a la independencia judicial.

¿Qué ocurrió tras la sentencia en Cataluña? Hubo protestas masivas y disturbios durante días, con cerca de 600 heridos, casi la mitad policías, y bloqueos como el del aeropuerto de El Prat.

¿Quiénes fueron los líderes condenados en el proceso del 14 de octubre de 2019? Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell, Forn, Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; Oriol Junqueras i Vies recibió la pena más alta, 13 años.

¿Cómo ha afectado la sentencia al panorama político español? Abrió un ciclo de indultos (2021), supresión de la sedición (2022) y amnistía (2024) que sigue dividiendo a los partidos.