Ley de Nietos (2022-2025): la nacionalidad para los descendientes del exilio

La Ley de Nietos es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que abrió entre el 21 de octubre de 2022 y el 22 de octubre de 2025 una vía extraordinaria para que los hijos y nietos de españoles exiliados, los hijos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros y los hijos mayores de edad de quienes la recuperaron pudieran optar a la nacionalidad española sin residir en España. Fue la mayor operación de concesión de nacionalidad de la democracia: más de 1,2 millones de expedientes presentados en los consulados, unas 570.000 nacionalidades aprobadas hasta mayo de 2026 y más de 2,4 millones de personas que, según el Gobierno, manifestaron interés. Pensada como reparación a los descendientes del exilio, acabó convertida en un asunto electoral de primer orden: la oposición la llamó «fábrica de votantes», el censo de residentes en el extranjero creció un 19 % en tres años y, en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre de 2026, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de parte de los nacionalizados.

Contexto previo

La Ley de Memoria Histórica de 2007 ya había abierto, en su disposición adicional séptima, una ventana para los hijos y nietos de españoles de origen: entre 2008 y 2011 recibió 491.177 solicitudes y concedió 373.616 nacionalidades, con un 24 % de denegaciones. Quedaron fuera muchos nietos de emigrantes cuyos abuelos ya habían perdido la nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos de españolas casadas con extranjeros antes de la Constitución de 1978, a quienes el Código Civil de la época despojaba de la nacionalidad.

La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y aprobada con los votos del PSOE, Unidas Podemos y sus socios frente al rechazo del PP y de Vox, recuperó esa vía y la amplió a tres grupos: los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que fueron originariamente españoles y perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio «por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual»; los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen por la ley de 2007 o por esta. El plazo era de dos años, prorrogable una sola vez por el Consejo de Ministros.

Qué ocurrió

La ley entró en vigor el 21 de octubre de 2022. Cuatro días después, el 25 de octubre, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dirigida por Sofía Puente, dictó la instrucción que fijó cómo acreditar el exilio: presumía la condición de exiliado de todo español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir prueba individual, y admitía documentos de partidos, sindicatos o asociaciones de exiliados para los casos posteriores. Esa presunción abrió la puerta a los descendientes de la gran emigración económica de la posguerra a América y convirtió la norma en una ley de nietos en sentido amplio.

La demanda desbordó a los consulados. A finales de 2023 se habían recibido 226.354 solicitudes, con 110.540 aprobadas; en noviembre de 2024 eran 351.266; a 31 de julio de 2025, 876.321, según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Argentina concentró en torno al 42 % de las peticiones, Cuba el 12 %, Brasil el 11 %, México cerca del 10 %, Chile el 5 % y Venezuela el 2,5 %; más del 95 % se presentó en Iberoamérica y en el consulado de Miami. El 9 de julio de 2024 el Consejo de Ministros aprobó la única prórroga que permitía la ley y llevó el cierre al 22 de octubre de 2025. Las citas pedidas dentro de plazo se admiten después, de modo que el consulado de Buenos Aires acumulaba en marzo de 2026 más de 645.000 citas pendientes, un volumen que su cónsul general, José María Ridao, calculó que exigiría décadas al ritmo habitual.

Con el plazo cerrado, los contadores siguieron subiendo. El balance consular de 2025 cerró con 1.117.805 solicitudes, 510.532 expedientes aprobados y 272.862 inscripciones en el Registro Civil consular; a 31 de marzo de 2026 el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hablaba de más de 1,2 millones de expedientes, 545.000 aprobados y 306.500 inscripciones, y a 31 de mayo de 2026 la cifra oficial era de 1.225.188 solicitudes, 571.761 aprobaciones y 333.696 inscripciones, con una tasa de denegación del 1,3 % frente al 24 % de la ley de 2007. En paralelo, el Gobierno difundió la cifra de «más de 2,45 millones» de personas que habían «manifestado su interés», un dato que la prensa crítica reprochó por mezclar citas, solicitudes y nacionalidades.

Respuesta del Gobierno

Exteriores pidió en marzo de 2023 300 funcionarios de refuerzo, de los que Hacienda autorizó 150, creó tres plazas de cónsul adjunto en Argentina, Cuba y México, convertidas en permanentes en 2025, y reforzó los consulados de Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Santiago de Chile y Montevideo. El plan de digitalización consular, dotado con 115 millones de euros de los fondos de recuperación, incorporó la cita y el pago de tasas en línea, la Carpeta Ciudadana Consular y el registro civil electrónico DICIREG, desplegado por completo en 2025.

El Gobierno defendió la ley como una reparación a los descendientes del exilio y rechazó una segunda prórroga. Fue, en cambio, poco transparente con los datos: el PP registró en febrero de 2026 preguntas en el Senado sobre solicitudes, concesiones, inscripciones en el censo y distribución provincial, y en junio el Ministerio de Justicia respondió por escrito solo a una de las cinco, alegando «problemas de digitalización». El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenó a Exteriores el 12 de agosto de 2026 desglosar por países las solicitudes recibidas, las resueltas favorablemente, las denegadas y las pendientes.

Posición de los partidos

Para el PSOE y Sumar, la ley cierra una deuda con el exilio republicano y con la emigración, y el voto de los nuevos nacionales es una consecuencia legítima de su ciudadanía; Torres calificó la prórroga de «magnífica noticia». Podemos, coautor de la ley como parte de Unidas Podemos, reivindica la ampliación de los beneficiarios como uno de sus logros en el Gobierno de coalición.

El PP votó contra la ley en 2022 y, con la cifra de los 2,5 millones sobre la mesa, Alberto Núñez Feijóo denunció una «nacionalización exprés» de extranjeros y la oposición popularizó la etiqueta de «fábrica de votantes»; en el Senado exigió un informe sobre el «incremento anómalo» del censo. Vox, con Santiago Abascal, pasó de la crítica a los tribunales: junto con la asociación Iustitia Europa recurrió ante el Supremo la instrucción de 2022 por extender el derecho más allá de lo que la ley autorizaba, la tesis que compartieron cuatro vocales de la Junta Electoral Central en un voto particular de julio de 2026 y que Hazte Oír llevó también al alto tribunal. En abril de 2024 una asociación había denunciado a Sofía Puente por prevaricación; la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, sostuvo que no fue informada del alcance de la instrucción.

Lo dicho frente a lo hecho

La ley se presentó como un acto de memoria y la primera estimación oficial hablaba de unos cientos de miles de beneficiarios, en línea con la norma de 2007; la presunción de exilio multiplicó por más de dos las solicitudes de aquella y las concesiones superaron ya las 570.000 con un millón de expedientes aún en tramitación. El Gobierno prometió resolver los expedientes con rapidez y la cola de Buenos Aires desmiente el plazo; prometió transparencia y hubo que recurrir al Consejo de Transparencia para obtener el desglose por países. La oposición, por su parte, anunció un «incremento anómalo» del censo que los datos del INE sitúan en 444.335 electores más que en 2023, el 7,2 % del censo total en el exterior, y los resultados autonómicos de 2026 en las regiones donde el PSOE ganó el voto exterior no cambiaron ningún escaño.

Impacto político y social

El efecto más visible está en el censo de españoles residentes en el extranjero: entre julio de 2023 y julio de 2026 el CERA ganó 408.262 inscritos y para el 29-N suma 2.769.645 electores, 524.852 de ellos en Argentina, por delante de Francia, Estados Unidos y México. Ese crecimiento, unido a la supresión del voto rogado en 2022, dio por primera vez un peso electoral real al voto exterior y explica la batalla judicial de 2026: el Supremo suspendió cautelarmente el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la presunción de exilio, unas 163.000 personas, salvo que acrediten el exilio con una certificación consular.

Para cientos de miles de familias en Argentina, Cuba, México, Brasil o Venezuela, la ley supuso un pasaporte europeo y, en el caso cubano y venezolano, una vía de salida; para los consulados, una carga de trabajo que ha condicionado el resto de sus servicios durante tres años; para las comunidades de origen, como Galicia, Asturias o Canarias, un vínculo renovado con su emigración. En el debate español quedó la pregunta de fondo que la ley no resolvió: si un vínculo de sangre con dos o tres generaciones de distancia basta para votar en unas elecciones generales.

Conclusiones

La Ley de Nietos cumplió su objetivo declarado a una escala que nadie previó, y el precio fue una administración desbordada y una sospecha de cálculo electoral que la falta de transparencia alimentó. Su balance definitivo depende de dos cuestiones abiertas: cuántos de los expedientes pendientes acabarán en nacionalidad, y si el Supremo confirma en el fondo que la instrucción de 2022 excedió la ley, lo que afectaría a decenas de miles de nacionalizados ya inscritos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley de Nietos? La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permitió a hijos y nietos de exiliados y emigrantes optar a la nacionalidad española entre octubre de 2022 y octubre de 2025.

¿Quién podía pedir la nacionalidad? Hijos y nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad por el exilio, hijos de españolas casadas con extranjeros antes de 1978 e hijos mayores de edad de quienes la recuperaron por la ley de 2007.

¿Cuántas personas la han pedido? 1.225.188 solicitudes presentadas en los consulados hasta el 31 de mayo de 2026, con 571.761 aprobadas; el Gobierno habla de 2,45 millones de interesados.

¿Se puede pedir todavía? No: el plazo cerró el 22 de octubre de 2025 tras la única prórroga posible, aunque siguen tramitándose las citas solicitadas a tiempo.

¿Por qué es polémica en las elecciones del 29-N? Porque la instrucción de 2022 presumía el exilio de quien emigró entre 1936 y 1955, el censo exterior creció un 19 % y el Supremo suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por esa presunción.