Golpe de Estado del 23-F (1981)

Contexto previo

Para comprender el golpe de Estado del 23-F es esencial examinar la España de finales de los años setenta y principios de los ochenta. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el país emprendió una transición hacia la democracia, encabezada desde 1976 por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, que incluyó la legalización de los partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista de España, legalizado en abril de 1977 tras décadas de prohibición.

La Constitución Española, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978, estableció una monarquía parlamentaria y definió el papel del rey, del Gobierno y de los órganos del Estado. Su artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa del ordenamiento constitucional y el artículo 62 atribuye al rey el mando supremo de los Ejércitos. Sin embargo, la transición era frágil: la violencia terrorista de ETA, que vivió sus años más sangrientos entre 1978 y 1980, y el rechazo de sectores militares al nuevo orden democrático y al Estado de las autonomías alimentaban tensiones latentes.

A ello se sumaban la crisis económica y la crisis interna de la Unión de Centro Democrático (UCD). Suárez anunció su dimisión el 29 de enero de 1981, y el partido propuso como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. En ese marco de inestabilidad, varios grupos de militares vieron la ocasión para una intentona golpista.

Qué ocurrió

El 23 de febrero de 1981, hacia las 18:23 h, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, al mando de unos 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de la investidura de Calvo-Sotelo. Más de 350 diputados, además de los miembros del Gobierno, quedaron retenidos en el hemiciclo durante unas 17 horas y media. Solo Adolfo Suárez, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo (PCE) no se tiraron al suelo. Al mismo tiempo, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, se sublevó en Valencia, decretó el estado de excepción y sacó los carros de combate a la calle.

Los golpistas esperaban a una «autoridad militar» que se hiciera cargo de la situación. El general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey y segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, acudió esa noche al Congreso para proponer un Gobierno bajo su presidencia, pero Tejero lo rechazó porque incluía a políticos de izquierda.

La situación empezó a resolverse en la madrugada del 24 de febrero, cuando el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general, emitió un mensaje televisado a la nación a la 01:14 h en el que ordenaba mantener el orden constitucional y rechazaba el golpe. Milans del Bosch retiró sus tropas poco después, y los diputados fueron liberados al mediodía del 24 de febrero, cuando Tejero se rindió.

Respuesta del Gobierno central

Con el Gobierno retenido en el Congreso, los secretarios de Estado y subsecretarios formaron un Gobierno provisional presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, que mantuvo la continuidad del Estado durante la noche en coordinación con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Tras el mensaje del rey, la mayoría de los mandos militares se mantuvo fiel a la Constitución y el golpe quedó aislado.

El Ejército, en su mayoría, no secundó la sublevación. Tejero y los demás implicados fueron detenidos y procesados. El 3 de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar condenó a Tejero y a Milans del Bosch a 30 años de prisión por rebelión militar y a Armada a seis años; en abril de 1983 el Tribunal Supremo endureció varias penas y elevó la de Armada a 30 años.

Posición de los partidos y debate parlamentario

Tras el intento golpista, los partidos políticos, en especial UCD, el PSOE de Felipe González, el Partido Comunista de España y Alianza Popular, cerraron filas en defensa de la democracia. El 27 de febrero de 1981 cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid y en otras ciudades en apoyo de la Constitución.

La investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo culminó el 25 de febrero de 1981 con 186 votos a favor, lo que permitió recuperar la estabilidad institucional. Los partidos alcanzaron después acuerdos como los pactos autonómicos de julio de 1981 entre UCD y PSOE, que reflejaron el consenso entre fuerzas que hasta entonces habían estado enfrentadas.

Lo dicho frente a lo hecho

Desde su dimisión, Adolfo Suárez había justificado su salida como un gesto para que la democracia no fuera «un paréntesis» en la historia de España. El golpe confirmó que los riesgos para el sistema constitucional eran reales.

El mensaje televisado del rey representó un rechazo explícito al golpismo y un respaldo al orden constitucional, y reforzó la legitimidad de la Corona. Algunos historiadores y periodistas han planteado preguntas sobre los contactos previos entre Armada y la Casa del Rey; no existe prueba judicial de que el monarca respaldara la operación, y la sentencia no atribuyó al rey ninguna responsabilidad.

Impacto económico y social

El 23-F tuvo consecuencias profundas en el orden político y en la percepción social. A corto plazo, el fracaso del golpe redujo la incertidumbre sobre la supervivencia del régimen democrático y fortaleció las instituciones. Entre sus efectos se cuentan la aprobación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y la reorganización de la cúpula militar. En el terreno económico, la crisis continuó: el paro superó el 16 % en 1982 y rebasó el 20 % a mediados de la década.

Conclusiones

El 23-F evidenció el peligro que el golpismo representaba para la consolidación democrática en España, pero también la capacidad de respuesta de las instituciones y de los partidos. Con el fracaso del golpe, la democracia salió reforzada y, en octubre de 1982, la victoria del PSOE permitió la primera alternancia pacífica en el Gobierno.

Situación actual (octubre de 2026)

Con motivo del 45.º aniversario, el Gobierno de Pedro Sánchez desclasificó en febrero de 2026 153 unidades documentales de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores sobre el golpe, publicadas en la web de La Moncloa. El sumario judicial, custodiado por el Tribunal Supremo, no estaba clasificado.

Preguntas frecuentes

¿Qué fue el 23-F? El intento de golpe de Estado de febrero de 1981 en el que guardias civiles dirigidos por Antonio Tejero asaltaron el Congreso.

¿Por qué es importante el mensaje del rey Juan Carlos I? Su mensaje televisado a la 01:14 h del 24 de febrero ordenó respetar la Constitución y contribuyó a desactivar el golpe.

¿Qué consecuencias tuvo este evento en la sociedad española? Provocó grandes manifestaciones en defensa de la democracia y reforzó el consenso entre partidos y la legitimidad de las instituciones.

¿Qué penalización recibió Antonio Tejero por su papel en el golpe? Fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar en la sentencia de junio de 1982, confirmada por el Tribunal Supremo en 1983.

¿Cómo cambió el panorama político español tras el 23-F? Calvo-Sotelo fue investido el 25 de febrero de 1981 y, en 1982, el PSOE ganó las elecciones con mayoría absoluta.