Crisis migratoria de Ceuta (2026)

La crisis migratoria de Ceuta de 2026 es el mayor episodio de entrada irregular registrado en la frontera hispano-marroquí. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026 unas 72.000 personas accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos, según la cifra oficial del Ministerio del Interior, en un episodio que dejó decenas de muertos y desbordó los servicios de acogida. Seis semanas después el foco se ha desplazado a los avisos previos: el 1 de septiembre un juzgado de Ceuta abrió diligencias contra el delegado del Gobierno, el 9 de septiembre el Ejecutivo publicó cerca de 40 documentos reservados de inteligencia y de las fuerzas de seguridad y el 11 de septiembre dimitió el jefe de gabinete de la Delegación.

Contexto y detonante

Ceuta, de unos 84.000 habitantes, es junto a Melilla la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. El precedente inmediato es la crisis de mayo de 2021, con unas 8.000 entradas.

El detonante señalado por las autoridades fue jurídico. El 29 de junio de 2026 el Tribunal Supremo dictó la STS 814/2026, difundida por el Consejo General del Poder Judicial el 8 de julio, que declaró inaplicable el rechazo en frontera —las "devoluciones en caliente"— a quienes son interceptados en el mar al intentar entrar a nado. El fallo dejaba dos salidas: contención marítima o reforma legal.

Las llegadas se aceleraron de inmediato: entre el 1 y el 29 de julio el Gobierno contabilizó 1.026 entradas a nado. El 29 de julio el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtió de que los centros estaban colapsados y situó la sobreocupación del área de menores en el 2.400 % de su capacidad ordinaria.

Qué ocurrió el 30 y el 31 de julio

La mañana del 30 de julio miles de personas comenzaron a cruzar desde Castillejos, en su mayoría a pie sobre las piedras del espigón de El Tarajal y, en menor medida, a nado. La policía marroquí quedó desbordada y el Gobierno español movilizó a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil. En redes sociales habían circulado rutas y el mensaje, falso, de que España había abierto sus fronteras; Interior y Rabat atribuyeron la movilización a redes de tráfico que difundieron una lectura errónea de la sentencia.

El balance de fallecidos pasó de 67 el 1 de agosto a 83 víctimas localizadas en el lado español el 12 de agosto, y el Gobierno de Ceuta llegó a elevar a 88 los cuerpos recuperados junto al espigón. Caminando Fronteras contabilizó 145 muertes entre el 30 de julio y el 11 de agosto y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos las situó en 141; Rabat solo reconoció 14 en su territorio. Ninguno de esos recuentos civiles tiene confirmación oficial.

El retorno fue casi inmediato: más de 48.000 personas regresaron a Marruecos en dos días. A 31 de agosto seguía sin saberse cuántas permanecían: Interior las cifraba en unas 5.000 y el Gobierno de Ceuta, entre 10.000 y 12.000.

La respuesta institucional

Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron a Ceuta el 31 de julio. El Ejecutivo desplegó refuerzos y coordinó los retornos con Marruecos, pero rechazó la emergencia nacional que reclamaba la Asamblea de Ceuta, al entender que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios como supuesto habilitante.

Las medidas estructurales llegaron por fases: 1.500 plazas de acogida humanitaria el 17 de agosto; la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y un mando único el 25 de agosto, encomendado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; 44,51 millones de euros para atención humanitaria el 28 de agosto; y un plan de choque de 309 millones hasta final de año —el 16 % del PIB ceutí— anunciado el 1 de septiembre. Vivas sostuvo que había alertado a Moncloa antes del 30 de julio; el Gobierno central le atribuyó, a su vez, retrasos locales. El 3 de septiembre Sánchez compareció en un pleno extraordinario del Congreso y anunció la publicación del dosier de informes previos.

El 13 de septiembre, con cientos de personas aún pernoctando al raso, la Policía trasladó a 864 migrantes desde la Loma del Colmenar y la playa a una instalación temporal habilitada en el barrio de Los Rosales, de forma voluntaria y sin incidentes; al día siguiente unas 850 pasaron allí su primera jornada con duchas y comida. Los agentes dispersaron a decenas que intentaban entrar en el recinto, ya saturado, en lo que describieron como un "efecto llamada".

Los avisos previos y la desclasificación de septiembre

La controversia sobre qué sabía el Estado se abrió dentro del propio Gobierno. Grande-Marlaska sostuvo que no recibió ningún informe que permitiera anticipar una entrada de esa magnitud, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó el 25 de agosto en el Congreso que el CNI había informado a la Delegación del Gobierno el 29 de julio de una convocatoria para entrar al día siguiente.

El 8 de septiembre el Consejo de Ministros acordó la desclasificación y el 9 de septiembre la Presidencia del Gobierno publicó cerca de 40 documentos elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el CIFAS. De ellos se desprende que el CNI trasladó el 29 de julio, por WhatsApp y una llamada breve al gabinete de la Delegación del Gobierno y a la UCE-3 de la Guardia Civil, un llamamiento difundido en redes para un "asalto por valla y mar", con la mención de un perfil que reunía 180.000 seguidores. La Policía Nacional, además, pasó de calificar los cruces a nado como "incidencia relativa" el 28 de julio a "riesgo muy alto" el 29 de julio.

La Moncloa replicó que el CNI no emitió una alerta formal y que esas comunicaciones no advertían de una llegada masiva. Sánchez afirmó ese día en TVE que los documentos solo reflejaban un aumento de los cruces irregulares y admitió que España debe mejorar su preparación ante ataques híbridos. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, descartó dimitir, calificó el aviso de "comunicación informal" recibida por su jefe de gabinete y precisó que los 180.000 eran seguidores de un perfil de Facebook, no personas dispuestas a cruzar.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, habló de "mentira de Estado" y reclamó la dimisión de Sánchez, igual que Isabel Díaz Ayuso; Vox pidió activar el artículo 102 de la Constitución para llevar al presidente ante el Tribunal Supremo, y el PNV consideró los informes "preocupantes para el propio Gobierno". En la sesión de control de ese día Sánchez eludió referirse a la crisis pese a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El choque de versiones y la dimisión de Gonzalo Sanz

La desclasificación abrió un conflicto de versiones en la Delegación. El 10 de septiembre el diputado socialista en la Asamblea de Ceuta Melchor León sostuvo que Pérez Triano estuvo presente en la llamada de once minutos que su jefe de gabinete mantuvo con un agente del CNI la noche del 29 de julio. El delegado lo niega y defiende que una alerta se traslada por conducto formal: "un WhatsApp no es un informe".

El 11 de septiembre dimitió Gonzalo Sanz, jefe de gabinete y destinatario del mensaje del CNI, recibido por WhatsApp a las 13:52 del 29 de julio. En su correo de renuncia alegó "razones personales y familiares" y la "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de haber trasladado ese mismo día la información al delegado y las declaraciones de este negándolo. Ninguna de las dos versiones está acreditada: esclarecerlo corresponde, en su caso, a los órganos judiciales. Dimitir tampoco equivale a reconocer responsabilidad penal.

La Moncloa presentó su salida como una desavenencia personal, no como una asunción de responsabilidades, y mantuvo su respaldo al delegado.

Consecuencias judiciales y políticas

En la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón investiga la entrada masiva a raíz de una denuncia de Iustitia Europa. El 7 de septiembre asumió la instrucción y apreció en su auto una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos y un "guiado activo" de agentes marroquíes; el 8 de septiembre admitió a la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular y al día siguiente a la Abogacía del Estado. El ministro Óscar Puente cuestionó la imparcialidad de la magistrada, algo que el Ejecutivo respaldó y la oposición censuró; el 11 de septiembre el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, respaldó su imparcialidad, "absolutamente fuera de toda duda".

En Ceuta, la plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, con la magistrada María Luz Lozano Gago al frente, abrió el 1 de septiembre diligencias previas contra Pérez Triano por presunta prevaricación omisiva, tras una denuncia presentada el 26 de agosto por el sindicato Manos Limpias. La apertura de diligencias no implica acusación formal ni culpabilidad.

La crisis fracturó al PSOE de Ceuta: el 15 de agosto el diputado autonómico Melchor León exigió la dimisión del delegado. El 2 de septiembre, Día de Ceuta, hubo concentraciones en la ciudad y en más de 260 municipios a instancias de la FEMP, una convocatoria que la dirección del PSOE criticó por partidista. La Cámara de Comercio ceutí elevó el 31 de agosto a 33 millones de euros las pérdidas directas.

El pulso se trasladó a las Cortes. Tras la reprobación de cinco ministros en el Senado el 9 de septiembre, el 16 de septiembre el Congreso reprobó a Grande-Marlaska a iniciativa del PP, con los votos de Vox, Junts y UPN; PSOE, Sumar, ERC y PNV votaron en contra y Podemos, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria se abstuvieron. La moción, sin efecto jurídico, exigía refuerzos policiales, deportaciones y llamar a consultas al embajador en Marruecos. Una moción paralela de Vox para suspender los tratados con Marruecos fue rechazada con la abstención del PP. Ese mismo día el Congreso convalidó con 304 votos a favor el real decreto-ley de 309 millones de euros en medidas urgentes para Ceuta, con Vox en contra y Junts abstenido.

El 23 de septiembre, en una sesión de control monográfica sin Sánchez, que asistía a la Asamblea General de la ONU, afloró la discrepancia entre ministros: Robles sostuvo que el CNI cumplió al informar a las fuerzas de seguridad y Grande-Marlaska insistió en que ningún informe anticipó una entrada de esa magnitud. El Congreso citó a Robles el 6 de octubre en la Comisión de Gastos Reservados, sin fijar fecha para la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, cuya comparecencia reclaman PP y Sumar.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó en Ceuta el 30 y el 31 de julio de 2026? Unas 72.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos, en su mayoría a pie por las piedras del espigón de El Tarajal y en menor medida a nado, según la cifra oficial del Ministerio del Interior.

¿Cuántas personas murieron en la crisis de Ceuta de 2026? Las autoridades españolas localizaron 83 víctimas el 12 de agosto y el Gobierno de Ceuta elevó después a 88 los cuerpos recuperados; Caminando Fronteras cifró en 145 los fallecidos, sin confirmación oficial.

¿Qué desclasificó el Gobierno el 9 de septiembre de 2026? Cerca de 40 documentos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el CIFAS elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

¿Avisó el CNI de la entrada masiva? Trasladó el 29 de julio un llamamiento difundido en redes a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, por WhatsApp y una llamada. La Moncloa sostiene que no fue una alerta formal; el PP y Vox afirman que el Gobierno tenía la información y no actuó.

¿Por qué dimitió el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno? Gonzalo Sanz renunció el 11 de septiembre de 2026 alegando razones personales y la incompatibilidad entre su versión —haber trasladado el aviso del CNI al delegado— y la de Pérez Triano, que lo niega. Dimitir no implica responsabilidad penal.

¿Está investigado el delegado del Gobierno en Ceuta? Sí: desde el 1 de septiembre de 2026 figura como investigado en unas diligencias previas por presunta prevaricación omisiva, abiertas tras una denuncia de Manos Limpias. No ha sido acusado formalmente y rige la presunción de inocencia.