Caso Pegasus en España: espionaje a líderes independentistas y al Gobierno (abril 2022)

Contexto previo

El caso Pegasus surge en un contexto político español marcado por las tensiones territoriales con el independentismo catalán. Desde 2017, el referéndum unilateral del 1 de octubre y la declaración de independencia habían concentrado un intenso debate político y social, y los servicios de inteligencia seguían de cerca a dirigentes y activistas independentistas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa bajo el control previo de un magistrado del Tribunal Supremo cuando sus actuaciones afectan a derechos fundamentales, según la ley de 2002. Pegasus, un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group y vendido, según la compañía, solo a gobiernos, había sido detectado en numerosos países contra periodistas, activistas y políticos, lo que había levantado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos. En 2020 ya se había conocido que el teléfono del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, había sido objetivo de este programa.

Qué ocurrió

El 18 de abril de 2022, el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó el informe conocido como CatalanGate, que identificaba al menos 65 personas atacadas o infectadas con Pegasus o con el programa Candiru, casi todas entre 2017 y 2020. Eran sobre todo dirigentes, diputados, eurodiputados, abogados y activistas del independentismo catalán, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, además de dos figuras del independentismo vasco. El informe no atribuyó el espionaje a un organismo concreto, aunque señaló indicios que apuntaban a las autoridades españolas.

El 2 de mayo de 2022, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus en 2021 en una intrusión externa, y el Gobierno lo denunció ante la Audiencia Nacional. Después se confirmaron ataques a los teléfonos de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. El 5 de mayo, la directora del CNI, Paz Esteban, reconoció ante la comisión de control de los gastos reservados del Congreso que el centro había espiado a 18 independentistas, entre ellos Aragonès, con autorización judicial. El 10 de mayo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó su sustitución por Esperanza Casteleiro, hasta entonces secretaria de Estado de Defensa.

Respuesta del Gobierno central

La respuesta del Gobierno central se centró en contener la crisis de confianza con sus socios parlamentarios. El Congreso rebajó la mayoría necesaria para elegir a los miembros de la comisión de secretos oficiales, lo que permitió la entrada de ERC, Junts, EH Bildu y la CUP, y ante ella compareció la directora del CNI. El Gobierno sostuvo que las actuaciones del centro sobre los independentistas habían contado con autorización del Supremo y que el espionaje al presidente y a los ministros procedía de fuera de la Administración.

El cese de Paz Esteban se presentó oficialmente como una consecuencia de los fallos de seguridad que habían permitido infectar los teléfonos del Gobierno. Sánchez compareció en el Congreso el 26 de mayo y anunció una reforma de la ley de control judicial del CNI y de la ley de secretos oficiales. El proyecto de ley de información clasificada aprobado en agosto de 2022 decayó con la disolución de las Cortes en 2023.

Posición de los partidos y debate parlamentario

La revelación de las intrusiones generó un intenso debate parlamentario. Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, se sumó a los partidos independentistas para pedir una comisión de investigación, pero la Junta de Portavoces la rechazó en mayo de 2022 con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, que defendieron que el cauce adecuado era la comisión de secretos oficiales. El PP y Vox pidieron explicaciones al Gobierno por los fallos de seguridad y defendieron la labor del CNI.

Por su parte, ERC y Junts exigieron responsabilidades y aclaraciones sobre quién había ordenado el espionaje. ERC, socio parlamentario del Gobierno, votó en contra de la convalidación del decreto anticrisis el 28 de abril de 2022 y congeló durante semanas su relación con el Ejecutivo. Junts, que no formaba parte de la mayoría de apoyo al Gobierno, reclamó la dimisión de la ministra de Defensa.

Lo dicho frente a lo hecho

A pesar de las múltiples declaraciones sobre la gravedad del espionaje, las medidas posteriores fueron limitadas. El Gobierno se comprometió a reforzar las garantías del control judicial del CNI, pero la reforma no llegó a aprobarse en esa legislatura. La salida de Paz Esteban fue interpretada por sus críticos más como una respuesta ante la presión de los socios parlamentarios que como el inicio de una reforma de fondo de los servicios de inteligencia, y no se aclaró públicamente quién había infectado los teléfonos del presidente y de los ministros.

Impacto económico y social

El impacto del caso Pegasus fue sobre todo político e institucional. Aumentó la desconfianza de los partidos independentistas hacia el Estado y tensó la mayoría parlamentaria del Gobierno. En el ámbito europeo, el Parlamento Europeo creó una comisión de investigación sobre Pegasus y programas espía similares, cuyo informe final de 2023 pidió más control sobre su uso por los Estados miembros.

Situación actual (octubre de 2026)

La Audiencia Nacional archivó por segunda vez en enero de 2026 la investigación sobre la infección de los teléfonos de Sánchez y sus ministros, por la falta de respuesta de Israel a sus comisiones rogatorias. En Barcelona, varios juzgados investigan las querellas de las personas espiadas; Paz Esteban acumula varias imputaciones, y en febrero de 2026 una jueza citó también como investigados a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Azón y María Gámez y a directivos de NSO Group y de la empresa de Candiru.

Conclusiones

El caso Pegasus mostró la tensión entre la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales. La gestión del CNI quedó en el centro del debate sobre el control de los servicios de inteligencia, y el caso evidenció la vulnerabilidad de los propios dirigentes del Estado ante programas espía comerciales. La reforma del marco legal sigue pendiente.

Preguntas Frecuentes:

¿Qué es el Caso Pegasus en España? El espionaje con Pegasus a independentistas y a miembros del Gobierno, destapado por Citizen Lab el 18 de abril de 2022.

¿Qué reveló Citizen Lab en relación con Pegasus? Que al menos 65 personas, sobre todo del independentismo catalán, fueron atacadas o infectadas con Pegasus o Candiru, casi todas entre 2017 y 2020.

¿Qué medidas tomó el Gobierno tras las revelaciones? Denunció la infección de los teléfonos de Pedro Sánchez y Robles y sustituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, por Esperanza Casteleiro.

¿Cuál fue el impacto del espionaje respecto a los partidos? ERC votó contra el decreto anticrisis y congeló su relación con el Gobierno, y el Congreso rechazó crear una comisión de investigación.

¿En qué punto están las investigaciones judiciales? La Audiencia Nacional archivó en 2026 la causa por el espionaje a Sánchez, y juzgados de Barcelona investigan a Paz Esteban y directivos de NSO.