Cese definitivo de la actividad armada de ETA (20 de octubre de 2011)

Contexto previo

ETA, la organización terrorista fundada en 1959, fue durante décadas uno de los grupos armados más letales de Europa: se le atribuyen 853 asesinatos, según el recuento más citado, desde su primera víctima mortal en 1968. En los años previos al anuncio del cese definitivo de la actividad armada, la banda estaba muy debilitada por la acción policial y judicial en España y Francia, y su entorno político sufría el aislamiento derivado de la ilegalización de sus marcas electorales. En paralelo, había crecido el rechazo social a la violencia y la movilización en torno al reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno abrió en 2006 un proceso de diálogo tras el "alto el fuego permanente" anunciado por ETA en marzo de ese año, pero la banda lo rompió con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, que causó dos muertos. A partir de entonces, el Ejecutivo endureció la persecución policial. En septiembre de 2010 ETA anunció que no realizaría "acciones armadas ofensivas" y en enero de 2011 declaró un alto el fuego "permanente, general y verificable". La Conferencia Internacional de Paz de Donostia, celebrada el 17 de octubre de 2011 en el palacio de Aiete con la participación, entre otros, del ex secretario general de la ONU Kofi Annan, pidió a ETA el abandono definitivo de la violencia.

Qué ocurrió

El 20 de octubre de 2011, ETA difundió un comunicado en vídeo, publicado en las ediciones digitales de los diarios Gara y Berria y entregado también a la BBC y a The New York Times, en el que anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Expresaba un "compromiso claro, firme y definitivo" de superar la confrontación armada y pedía a los gobiernos de España y Francia un diálogo directo sobre las consecuencias del conflicto. El anuncio llegó más de medio siglo después de la fundación de la banda, cuyo último atentado mortal se había producido en marzo de 2010 en Francia. El Estado no ofreció contraprestaciones políticas a cambio.

Esta declaración, tres días después de la Conferencia de Donostia, fue recibida con una mezcla de satisfacción y escepticismo en la sociedad española: muchos recordaban el dolor causado por el terrorismo y reclamaban que ETA entregara las armas y se disolviera.

Respuesta del Gobierno central

La reacción del Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue de satisfacción. Zapatero, que compareció alrededor de una hora después del comunicado, lo presentó como un triunfo "definitivo y sin condiciones" de la democracia y del Estado de derecho, y tuvo un recuerdo para las víctimas y para las fuerzas de seguridad. Las Cortes ya estaban disueltas y las elecciones generales convocadas para el 20 de noviembre.

El Gobierno insistió en que no habría negociación política ni contrapartidas, y en que la memoria de las víctimas y la actuación de la justicia seguirían siendo prioritarias, con el objetivo de lograr la disolución y el desarme de la organización.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El anuncio de ETA fue acogido de forma distinta por las fuerzas políticas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo candidato a las generales era Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior, lo calificó de gran victoria de la democracia.

El Partido Popular (PP), liderado por Mariano Rajoy, lo consideró "una gran noticia" porque se había producido sin concesiones políticas, aunque reclamó la disolución definitiva de la banda. Las asociaciones de víctimas mostraron un fuerte escepticismo y criticaron que el comunicado no incluyera la entrega de las armas ni una petición de perdón.

Las formaciones nacionalistas vascas y la izquierda abertzale lo recibieron como una oportunidad para abrir una nueva etapa política en el País Vasco, mientras que el debate sobre la política penitenciaria y el reconocimiento a las víctimas marcó la discusión en los años siguientes.

Palabras frente a resultados

Los compromisos expresados tras el anuncio pueden contrastarse con lo ocurrido después. ETA no volvió a atentar, pero tardó años en completar los pasos que se le reclamaban: anunció su desarme el 8 de abril de 2017, con la entrega de la localización de sus arsenales a las autoridades francesas, y su disolución el 3 de mayo de 2018.

En cuanto a las víctimas, poco antes del comunicado se había aprobado la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que amplió indemnizaciones y ayudas y previó la creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, inaugurado en Vitoria en 2021. Las asociaciones de víctimas siguen reclamando el esclarecimiento de los cientos de asesinatos de ETA que siguen sin resolverse judicialmente.

Impacto económico y social

El cese definitivo de la actividad armada de ETA tuvo un impacto profundo en la vida social del País Vasco y Navarra. Desapareció la extorsión económica conocida como "impuesto revolucionario" y concejales, periodistas, jueces y empresarios dejaron de necesitar escolta, en un territorio donde miles de personas habían vivido amenazadas durante años.

En el plano social, el fin de la violencia abrió debates sobre la convivencia, la memoria y el relato de lo ocurrido, así como sobre los homenajes a presos excarcelados, que las asociaciones de víctimas consideran humillantes.

Conclusiones

El cese definitivo de la actividad armada de ETA marcó una transformación crucial en la historia política española y cerró un ciclo de violencia que se había prolongado durante más de cuatro décadas. La derrota de la banda fue el resultado de la acción del Estado de derecho, la cooperación internacional y el rechazo social al terrorismo. Su legado sigue presente en los debates sobre la memoria de las víctimas, la política penitenciaria y la convivencia en el País Vasco y Navarra.